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Estos son los delitos ambientales en Colombia que serán judicializados

La Ley de Delitos Ambientales en Colombia busca proteger la biodiversidad a partir del fortalecimiento de las sanciones que ya se encuentran en el Código Penal.

Hombre caminando en una zona natural cargando una motosierra

Foto: Reuters

LatinAmerican Post | Vanesa López Romero

Colombia es un país reconocido mundialmente por su biodiversidad. Sin embargo, también es una nación azotada por la injusticia ambiental y social. Hoy en día es el país donde más líderes sociales y defensores de los derechos mueren al año, muchos de estos son personas que defienden a diario el medio ambiente, según el Global Witness Report. Además, el país cafetero cuenta con una parte del Amazonas, la región conocida como el pulmón del mundo, que con el paso de los años ha sido azotada por actividades legales e ilegales que están poniendo en peligro su existencia misma.

La Ley de Delitos Ambientales fue sancionada en julio de 2021 es una herramienta que hoy cuenta con nuevos elementos que han fortalecido los cinco que ya existían en el Código Penal de Colombia. Esta es la apuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para proteger la biodiversidad del país.

Aprovechamiento ilícito

Cuando una persona “se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana” estará incumpliendo con esta ley.

Lo que podría llevar a cumplir con una condena de 60 a 135 meses. Además, se debe pagar una multa de 43.750 salarios mínimos mensuales vigentes que, actualmente, serían alrededor de 11'000.000 dólares.

Además, en el caso de que esta ley se incumpla por cortar las aletas de tiburones, rayas o quimeras para tirar el resto del cuerpo al mar, la pena aumentará de una tercera parte a la mitad.

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Tráfico de fauna

Este no solo aplica para las personas que trafique especímenes, sino también para todas las personas implicadas en la cadena de esta práctica: es decir, para quienes transporten, comercialicen y adquieran estos seres vivos.

La pena consta de 60 a 135 meses de cárcel y una multa de 300 a 40.000 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, alrededor de 10'160.000 dólares.

Al igual que la anterior ley mencionada, la pena podría aumentarse cuando el tráfico “se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos”.

Deforestación

Teniendo en cuenta que la Amazonía colombiana y el Chocó Darién son dos de los 24 frentes de deforestación a nivel global, esta ley es una de las más esperadas y fuertes.

La ley consiste en dar de 60 a 144 meses de prisión a las personas que incurran en esta actividad sin el permiso de las autoridades competentes o incumpliendo con las normativas y regulaciones para esta práctica. La multa es de 134 a 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes (12'703.514 dólares).

En caso de que la deforestación sea realizada para el acaparamiento de tierras, cultivos ilícitos, la construcción de infraestructura ilegal o cuando afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión y se acumule un periodo de hasta seis meses en misma superficie deforestada, la pena será aumentada a la mitad.

Daños en los recursos naturales y ecocidio

La pena será de 60 a 135 meses de prisión y una multa de 167 a 18.650 salarios mínimos mensuales vigentes (4'762.169 de dólares) para quien “destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales”.

Contaminación Ambiental

Esta ley castigará a quien contamine y genere un daño en el ambiente de manera directa o indirecta a través de emisiones, vertimientos, radiaciones, etc. las fuentes o cuerpos de agua, los subsuelos, la atmósfera o el espacio aéreo. Hay que tener en cuenta que esto no solo afectaría al medio ambiente y los recursos naturales, sino también la vida de los seres humanos.

La pena consta de 69 a 140 meses de cárcel y una multa de 140 a 50.000 salarios mínimos mensuales, es decir, alrededor de 12'600.000 dólares.

A pesar de que estos delitos ya están vigentes en el Código Penal colombiano, todavía no hay garantía a nivel social para los líderes ambientales que luchan contra estos crímenes a diario.