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Despenalización del aborto en Colombia: ¿Fin a una batalla?

En un acto histórico, la Corte Constitucional del país sudamericano aprobó la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Sin embargo, ¿pueden los sectores conservadores bloquear esta medida?

Pañuelazo

Foto: Wikimedia – Agustina Girardo

LatinAmerican Post | Yolanda González Madrid

“Esta decisión pone a Colombia a la vanguardia en toda América Latina. Es histórico”. Con esas palabras de Mariana Ardila, una abogada colombiana en Women’s Link Worldwide (organización que impulsa el derecho al aborto), se vivió con alegría en varios sectores de Colombia la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. La decisión que llevaba meses dilatada por diversas trabas terminó siendo posible por medio de la aprobación de cinco votos contra cuatro en la Corte Constitucional.

Para los movimientos feministas esto fue una gran victoria, pues el aborto en la nación era penado con hasta 54 meses de prisión, aunque a partir de 2006 empezó a  considerarse legal bajo tres circunstancias: si el feto presenta malformaciones, por causa de una violación o incesto, y cuando corre riesgo la salud de la mujer. Es por ello que el fallo de la Corte se ha convertido en un nuevo hito para la Latinoamérica progresista.

Es importante señalar que la despenalización del aborto en Colombia es de manera parcial, por lo que su práctica después de las 24 semanas sigue siendo ilegal, a menos de que se presente una de las tres causales mencionadas. Pero esta no es una decisión ajena a una ola feminista en toda la región. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de México y el Senado de Argentina habían avanzado también en legalizar y regular la interrupción voluntaria del embarazo. Dicho en otras palabras, tres de los cuatro países más poblados de Latinoamérica han abierto la puerta a un acceso más amplio al aborto.

También puedes leer: ​​¿Cómo impactará la despenalización del aborto en Colombia a la salud pública?

Asimismo, la Corte Constitucional de Colombia exhortó al Congreso y al Poder Ejecutivo a que diseñen e implementen una “política pública integral” al respecto. De hecho, detallaron en un comunicado que dicha política debe incluir -entre tantas otras- “la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva de todas las personas, y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar”.

Un nuevo hito para la Corte Constitucional

Sin duda, esta medida forma parte de un cambio cultural radical en Latinoamérica, región conocida históricamente por su fe en el catolicismo y el conservadurismo social.

A estas alturas es necesario resaltar lo que ha hecho hasta la fecha la Corte Constitucional en Colombia. Dicha institución tiene una larga historia de legislar en temas que el Congreso ha preferido omitir o ignorar. De decisiones de la Corte se han aprobado numerosos cambios progresistas, como la legalización del matrimonio igualitario, la eutanasia, impidió la reelección indefinida y marcó pautas concretas para garantizar los derechos de las mujeres a la salud, la educación y la política.

Incluso, parte de su estrategia se centró en demandar el delito de la interrupción temprana del embarazo, esto a sabiendas que no sería factible proponer un nuevo esquema de leyes los cuales debían pasar por el Congreso, ente que ha estado influenciado profundamente por sectores conservadores y tradicionales. De ahí, entonces, surge la ventaja de que el debate se diera en la sociedad civil, donde la mayoría aprueba el aborto libre según múltiples encuestas.

Las voces detrás del rechazo

Como era de esperarse, las reacciones hacia la despenalización del aborto también tuvieron su cuota de rechazo, principalmente desde la iglesia católica y sectores políticos conservadores. Justamente, el expresidente Andrés Pastrana (partido Conservador) fue uno de los que más alzó la voz y hasta propuso convocar un referendo con la intención de tumbar la decisión de la Corte Constitucional.

“Yo creo que los colombianos tenemos que tener mecanismos distintos y esta es una propuesta para este o el próximo gobierno. No importa, pero que sean los colombianos los que voten y no cuatro o cinco magistrados los que tomen las decisiones. […] Hay que convocar un referendo para frenar esta locura”, dijo Pastrana, quien además agregó que dicha práctica es cometer “infanticidio”.

A su vez, otras figuras políticas que también propusieron un referendo como medida fueron el exsenador Omar Yepes Alzate y el representante a la Cámara por Bogotá Juan Manuel Daza. No obstante, y tal como afirman algunos académicos, los referendos están siendo instrumentalizados por los líderes políticos para lograr sus propios objetivos, sobre todo por congresistas o aspirantes a la presidencia. El detalle está en que la historia política del país señala que estas medidas casi nunca prosperan, tal como sucedió en 2009 para autorizar la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

En resumidas cuentas, ese tipo de herramientas deberían provenir de la ciudadanía y no de la clase política, ya que al final el pueblo debe tener la última palabra. Ante la nueva iniciativa impulsada por la Corte Constitucional, la cual luce tan definitiva como lo visto en México y Argentina, solo queda seguir esperando que avance y tome un nuevo nivel, porque a fin de cuentas lo primordial es mantener la lucha por los derechos de la mujer.

Igualmente, también se han escuchado políticos en el pasado en proponer una Asamblea Constituyente o una reforma judicial que afecte la conformación de las altas cortes. Todas estas medidas deberán ser tomadas con pinzas, ya que podría ser un nuevo centro de la batalla por el aborto y muchas otras luchas sociales.

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