Medio ambiente limpio, sano y sostenible: un nuevo derecho humano

El acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible constituye un derecho humano esencial y universal. Así lo avaló, por mayoría, la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 28 de julio en su sede oficial de Nueva York, Estados Unidos. En el marco de esta ceremonia, se solicitó a cada uno de los Estados miembros que redoblen esfuerzos y se unan en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria que amenaza el futuro de la humanidad. Quienes lo respaldan aseguran que se trata de una decisión histórica para proteger al planeta. No obstante, abre muchos interrogantes. Entre ellos: ¿qué papel cumplen los gobiernos de los países ante tal declaración?

¡Alerta! Planeta en crisis

La salud del planeta se está deteriorando más rápido de lo que se temía. Y este acuerdo llega en el momento preciso en el cual la Tierra experimenta tres grandes problemas medioambientales de forma simultánea: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, todas ellas incluidas en la resolución de la Asamblea General de la ONU. 

Sin importar en qué rincón del mundo nos encontremos, nadie está a salvo de las consecuencias cada vez más evidentes del cambio climático. La temperatura aumenta, sube el nivel del mar, se deshielan los polos, se intensifican las sequías, se acidifican los océanos, arden los bosques y desaparece la diversidad biológica. Los efectos del cambio climático han escalado en magnitud y está bastante claro que se necesitan medidas urgentes.

De manera similar, la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) advierte sobre el riesgo de extinción de un millón de especies de plantas y animales, las cuales son cruciales para el suministro de alimentos, el acceso al agua potable y la vida de los entornos naturales, tal como la conocemos.

No menos importante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los seres humanos no somos inmunes a todos los cambios que el planeta está sufriendo. De hecho, se estima que alrededor del 24 % de las muertes anuales se deben a causas ambientales, principalmente a la contaminación del aire y exposición a desechos peligrosos.

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 Ante estas circunstancias tan alarmantes, el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano es una noticia esperanzadora en tiempos de grandes desafíos que insta a los países a tomar medidas eficaces y cumplir compromisos ambientales, tantas veces delegados.

Ciertamente, se espera que esta decisión sirva de trampolín para implementar políticas transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza. A la vez que proporcionan límites de convivencia con un modelo económico sostenible y herramientas de apoyo a los grupos u organizaciones protectoras del medio ambiente.

Dicho en otras palabras, "la resolución de la ONU transmite el mensaje de que nadie puede quitarnos la naturaleza, ni el aire limpio ni el agua limpia, ni privarnos de un clima estable. Al menos no sin luchar por ello", sostuvo Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Y finalmente el día llegó 

Tras cinco décadas de trabajo incansable, esta resolución rinde homenaje al arduo empeño de asociaciones sin fines de lucro, pueblos indígenas, empresas, activistas, ambientalistas y varias personas que abogaron firmemente por el pleno reconocimiento global de este derecho.

Desde su aparición en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo en el año 1972, las cuestiones medioambientales comenzaron a situarse en el primer plano de la agenda internacional. Se establecieron criterios y principios comunes para cuidar y preservar el planeta. A la par, se crearon mecanismos institucionales que coordinan las respuestas protectoras de los diferentes países, como el PNUMA.

Fue, en aquel entonces, cuando los Estados miembros de la ONU declararon que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente de calidad, marcando inequívocamente el inicio de largos debates y constantes luchas para que se reconociera como tal. Sin embargo, el proceso resultó paulatino y de a poco se fue incorporando en legislaciones nacionales y acuerdos regionales.

Hasta que, finalmente, en el mes de octubre del 2021, el Consejo de Derechos Humanos -órgano principal de la ONU- lo ratificó como derecho y solicitó a la Asamblea General de la ONU, estructura de menor rango, pero de mayor alcance, que también se involucrara, dándole el carácter universal.

Cabe resaltar, que el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, tanto por la Asamblea General y el resto de las jerarquías de la ONU, no son jurídicamente vinculantes. Es decir, los países miembros no tienen obligación legal de cumplirlas.

Aun así, resoluciones de esta índole suelen ser “catalizadoras para la acción y empoderan a la sociedad civil para exigir responsabilidades a sus gobiernos de una manera que es muy poderosa”, sostuvo David Boyd, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y medio ambiente.

Construyendo un hogar seguro y justo

En miras de conseguir la efectividad y garantías para este derecho humano fundamental, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que los países deben implementar este derecho a fin de que se convierta en “una realidad para todos, en todas partes” y eso implica, indefectiblemente, actuar en varios frentes.

 A modo ilustrativo, la ONU resalta cuatro puntos principales que todos los Estados deben considerar:

• En primer lugar, menciona que una gestión adecuada de productos químicos y desechos es prioritaria para evitar fuentes peligrosas de contaminación que afecten a las sociedades y medio ambiente.
•  En segundo punto, subraya que es necesario informar, capacitar e incentivar la participación de los ciudadanos en cuestiones ambientales. Contar con datos oportunos, nos permite tomar mejores decisiones frente a las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor.
•  Por el contrario, si el daño ya está consumado, será preciso garantizar el derecho a un recurso efectivo. Este derecho está bien establecido en el marco internacional y por lo general, la mayoría de las legislaciones locales lo contemplan y ofrecen algún tipo de resarcimiento a todas las víctimas de daños ambientales.
• Finalmente, concluye sobre la importancia de establecer un sistema integral que optimice y respalde los esfuerzos globales con el objetivo de no solo alcanzar un desarrollo sostenible, sino de proteger los derechos de cada uno de los seres humanos que habitan el planeta.