Día Internacional de la Trabajadora Sexual: ¿Legalización, abolicionismo o regulación?

El debate alrededor del trabajo sexual no es nada nuevo y tampoco está cercano a terminar. Diferentes sectores de la sociedad tienen opiniones y posturas divididas respecto a si la prostitución debería o no ser considerada como un trabajo en el marco legal y si ejercerla significa atropellar los derechos humanos. A grandes rasgos, las posturas más conocidas son las del abolicionismo y la regulación. Pero también, hay que tener en cuenta la de la legalización, el prohibicionismo y, la que las trabajadoras sexuales defienden más, la creación de derechos. 

Hoy, en el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, analizamos estas posturas y qué hay alrededor de ellas. Esta conmemoración se lleva a cabo desde 1975, año en el que más de 100 prostitutas protestaron en la Iglesia de Saint-Nizier de Lyon, Francia para exigir la desestigmatización que recibían por parte de la comunidad civil y del estado.

Abolicionismo y prohibicionismo

La diferencia entre el abolicionismo y la prohibición es que el primero ve la prostitución como un atropello a los derechos humanos, como, por ejemplo, el esclavismo. De hecho, en esta postura se suele relacionar ambas prácticas. Asimismo, el abolicionismo ve a las trabajadoras sexuales como víctimas, considera que es sobre los proxenetas y clientes que debe caer el peso de la ley y no diferencia la prostitución de la trata de personas. 

Por otro lado, el prohibicionismo no ve a las trabajadoras sexuales como víctimas, sino que las pone al mismo nivel de clientes y proxenetas, por lo que todos son perseguibles y punibles al ejercer una actividad que es considerada incorrecta. 

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Centrándonos en el abolicionismo, que es el más reconocido entre estos dos y parte un discurso feminista radical, se considera que la prostitución es violencia de género extrema. Para esta postura, la actividad se ve como una herramienta utilizada por los hombres para cosificar y explotar sexualmente a las mujeres, así como un ejercicio de poder y sumisión sobre las mujeres. En consecuencia, se deshumaniza a las mujeres y se les vuelve un objeto de consumo. A esto, se le debe sumar que esta postura asegura que la gran mayoría de las mujeres ejercen la prostitución desde la presión y por coacción.

Por otro lado, no se ve viable la legalización o regulación de la prostitución porque los estados estarían respondiendo a patrones de explotación. Asimismo, esta postura resalta lo problemático de que el trabajo sexual sea una opción viable para sortear problemas económicos, ya que estaría directamente asociada con la pobreza, es decir, con la vulnerabilidad de las clases sociales menos privilegiadas. 

Legalización y regulación

La legalización ve la prostitución como un trabajo que puede considerarse mercado y le abre paso al comercio, siempre y cuando se diferencia entre la actividad forzada y no forzada. En ese sentido, se busca que haya derechos (sobre todo en lo que respecta a seguridad y control sanitario) y deberes laborales para quienes ejercen la actividad voluntariamente y auxilio a quienes no. 

La regulación, por su parte, entiende la prostitución como “un mal inevitable” y tiene como fin poner normas para limitar la actividad. En ese sentido, se propone que las trabajadoras se hagan exámenes de ETS (enfermedades de transmisión sexual) y que su oficio esté prohibido en ciertas zonas. 

Tanto para la regulación como la legalización, es importante revisar los casos de países que ya optaron por la abolición o prohibición, como son el caso de Suecia, Noruega, Irlanda y Francia. En el caso de este último, los resultados de la sentencia que abolió la actividad entregada por el Ministerio de Interior en 2021 mostraron que las cifras del uso de servicios sexuales crecieron. Si bien la actividad en calles y vías públicas bajó, la actividad se trasladó a Internet, lo que aumentó la precariedad de las trabajadoras en las calles y ocasionó el crecimiento de la trata de blancas por las facilidades que ofrecen las plataformas digitales para hacer contactos internacionales sin regulaciones. En este sentido, la legalización y la regulación aseguran que no es posible abolir y prohibir la prostitución para que esta simplemente desaparezca, o sin que haya consecuencias para quienes ejercen.

La necesidad de pensar en los derechos y el panorama en Latinoamérica

Según la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (ReTraSex), las trabajadoras sexuales exigen en un principio que haya derechos antes de que haya una regulación. Si se piensa en la legalización, este es el camino más acorde a lo que ellas buscan. Sin embargo, al ver el panorama de Latinoamérica, nos encontramos con que se está lejos de alcanzar un modelo óptimo.

El mapeo regional de ReTraSex arroja que las trabajadoras sexuales están organizadas en once países y que están legalmente sindicalizadas en Colombia, Nicaragua, Guatemala y Perú. Asimismo, en Brasil, Colombia y Uruguay la actividad es legal. Solo en Puerto Rico, es considerado un delito. El problema en la región y en las cuales está legalizado, es que la redacción de las leyes es ambigua y reúne el trabajo sexual por libre elección, con la trata de personas y la explotación sexual. Esto implica que los mercados sexuales de estos países sean complejos y estén asociados a un imaginario que da vía libre a la estigmatización y el castigo social.