¿En dónde penalizan la acción en su totalidad?

El aborto en América Latina aún es un tema tabú, especialmente para los países que son estrictos legalmente hablando. ¿Por qué lo son si otras naciones han dado su brazo a torcer? Responder esta pregunta significa abordar la política de aquellas sociedades negadas a un cambio de sus respectivas leyes.

En estos países, está totalmente prohibido:

El Salvador

Es el país con la prohibición más severa del mundo. No se permite en cualquier circunstancia sin excepciones. Hasta 1998 el país centroamericano contaba con un código penal que permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si el bebé presentaba malformaciones o en el peor de los casos si la madre corría riesgo de muerte.

Después de ese año la perspectiva cambió, pues el alto mando dio un paso atrás. Sin embargo las discusiones han sido abiertas. Por ejemplo a principios del 2017 la Asamblea Legislativa se encargó de hacerlo. A pesar de esto aún no se ha podido avanzar porque los representantes de partidos conservadores cuentan con el poder económico y político, aparte del respaldo de la Iglesia Católica, una de las instituciones con más poder que influye en la decisión de rechazar o aceptar la penalización.

Mientras tanto, nacen a la luz pública figuras denominadas “víctimas” como Evelyn Hernández, una estudiante que tuvo un aborto espontáneo tras haber sido violada. Por esta razón fue sentenciada a 30 años de prisión por “homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido”. En otras palabras, la política de El Salvador en esta materia, hace que el aborto en Latinoamérica sea impensable.

Nicaragua

En julio del 2008 el código penal de Nicaragua reformó todo rastro de excepción, siendo este uno de los países donde se penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia. Aunque esto haya sucedido las prácticas no han disminuido.

Según el organismo internacional Human Rights Watch (HRW), la penalización ha provocado que las mujeres se sometan a métodos peligrosos e inseguros. Algo que a Janet Walsh, la directora de División de derechos de la mujer de HRW,  le inspiró a escribir una carta en junio de este año al Gobierno de Nicaragua para solicitarle datos de mortalidad materna debido a que no hay una actualización desde el 2012, no ha obtenido respuesta, afirma la vocera de la organización.

No ha sido la primera vez que los representantes de los poderes del Estado de ese país no se manifiesten a favor de la despenalización. Uno de los avances que se puede destacar es la introducción por parte de la Asamblea Nacional de la iniciativa de ley por la despenalización llamada Ley Especial para la Interrupción del Embarazo por causas de Salud, presentada en el 2015 y respaldada por más de seis mil firmas.

Honduras

Hasta 1997 las razones terapéuticas, eugenésicas y jurídicas eran legales pero los artículos que mencionan tales excepciones fueron derogados por decreto. Desde ese año no hay condescendencia. La segunda causa de egreso hospitalario es representada por la interrupción voluntaria del embarazo siendo más de 9 mil las mujeres debido a que se someten a abortos clandestinos. Estas cifras han alarmado a los grupos defensores en ese país, por lo que se han movilizado para discutir el tema en el Congreso Nacional. Y lo lograron una vez más este año. Sin embargo los votos de los diputados del Partido Liberal y Nacional obtuvieron la mayoría para mantener la ley vigente.

República Dominicana

El caso de este país caribeño es similar al de Nicaragua, la única diferencia es el año de la aprobación de la enmienda (2009). Es por eso que las defensoras de los derechos de la mujer se han manifestado reiteradamente en contra de la penalización. En especial cuando el Senado rechaza cualquier indicio de legalización. El órgano legislativo lo ha hecho dos veces durante el 2017 a pesar de que el presidente de la república haya pedido aprobar el aborto si la vida de la madre está en peligro, si ella fue sometida a una violación o si clínicamente se determina que el feto no esté en condiciones óptimas

La República Dominicana cuenta con unos de los mayores índices de muertes al hablar de embarazo, parto y puerperio. Son 106 decesos por cada 100 mil nacimiento según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio mientras que el Ministerio de Salud Pública indica que los abortos inseguros provocan el 10% de las muertes maternas.

Haití y otros países flexibles

Haití es uno de los países más pobres del mundo y también unos de los que penaliza a quienes abortan. Las mujeres que viven condiciones de pobreza y en las zonas rurales suelen practicar métodos inseguros o confiar en proveedores no capacitados que complican el proceso hasta el punto de llevarlas a la muerte. Los políticos aún no han mostrado interés en manifestarse públicamente.

Todo lo contrario a los de naciones como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,  México (Solo en la capital está despenalizado a petición de la mujer mientras que los demás estados cuentan con un código penal autónomo) Panamá, Paraguay, Perú, y Venezuela; donde se permite la acción para salvar la vida de la mujer. En cambio en Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay no hay restricción alguna para hacerlo.

Para materializar la legalización del aborto en América Latina en su totalidad no solo se deben seguir los últimos ejemplos mencionados sino también practicar políticas inspiradas en el ejercicio de la libertad y conciencia. No es casual que la lista incluya territorios donde los índices de pobreza sean unos de los más altos en la región. El embarazo no deseado es una de las grandes causas.

Latin American Post | Luis Felipe Hernández

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