Iván Velásquez se ha encargado de ser una molestia para las esferas de poder en América Latina

Las Naciones Unidas han insistido en que el abogado colombiano Iván Velásquez, cabeza de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), realice sus funciones desde fuera del país centroamericano. No fue el único llamado para el retorno del abogado, pues la Corte Constitucional ordenó que se revirtiera la decisión. 

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Guatemala se ha convertido en un lío político desde que el gobierno de Jimmy Morales pidió a las autoridades migratorias guatemaltecas impedir que Velásquez ingresara al país. El abogado, desde la CICIG, se ha encargado de investigar cuerpos ilegales de seguridad, principalmente, pero también de observar crímenes de corrupción en Guatemala. Desde su llegada en 2013, se convirtió en una piedra en el zapato para el poder, pues ha liderado en la CICIG grandes investigaciones de casos de corrupción en los dos últimos gobiernos. 

La que tuvo mayor impacto fue la del recordado caso de “La Línea”, que salpicó al ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015. Estos recibían sobornos para otorgar contratos con el Estado y en el proceso, el fisco guatemalteco también era defraudado. La investigación derivó en la renuncia de Pérez Molina, Baldetti y su posterior encarcelamiento.

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En ese entonces, el presidente Pérez Molina pidió que el mandato de la CICIG se extendiera máximo hasta 2017, mientras se veía envuelto en el escándalo de "La Línea". Esto resulta muy diciente en cuanto a la incomodidad que infundía la labor de la CICIG en el gobierno. El escenario se repitió en agosto pasado, cuando la Comisión presentó un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por presunta financiación ilícita en su campaña electoral de 2015. Morales también pidió que el mandato de la CICIG se renovara hasta septiembre de 2019. 

No obstante, la carrera de Velásquez no se limita a la labor investigativa de la CICIG. Cuando fue magistrado auxiliar en Corte Suprema de Justicia en Colombia en 2006, coordinó las investigaciones a políticos por nexos con paramilitares, incluso después de procesos de desmovilización de estos grupos ilegales. Dentro de ese proceso el entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, acusó a Velásquez de ofrecer beneficios jurídicos a un líder paramilitar por implicar al presidente en el complot de asesinato de otro jefe paramilitar. 

No solo sus investigaciones han molestado al mismo ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, sino que debido al caso de la llamada “Parapolítica”, más de 50 congresistas fueron encarcelados, y aún quedan procesos vigentes. 

Es entendible la preocupación de la ONU y de la Corte Constitucional por la salida de Velásquez, puesto que la corrupción en Guatemala es tan flagrante que la CICIG ya no se encarga fundamentalmente de su objetivo de investigar grupos ilegales de seguridad. Los corruptos han encontrado en el organismo independiente un azote para las prácticas fraudulentas dentro del Estado.

He aquí lo preocupante, los casos más resonantes de corrupción salieron a la luz gracias a la labor de la CICIG. Una eventual retirada de este organismo dejaría este tipo de investigaciones para la justicia ordinaria guatemalteca, lo que no es necesariamente de preocupación. Pero la diferencia entre la CICIG y la justicia de Guatemala es el estatus de independencia y el respaldo internacional de la primera. Casos como "La Línea" o de la financiación ilegal de la campaña de Jimmy Morales podrían salir adelante como podría no hacerlo. Por eso es imperativo que la CICIG y Velásquez permanezcan en el país. 

LatinAmerican Post | Iván Parada Hernández

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