El corazón cocalero de Bolivia se convierte en una fortaleza mientras Morales desafía su captura
En lo profundo de los campos de coca del centro de Bolivia, Evo Morales ha transformado su aldea en una fortaleza rodeada de lanzas. Declarado inelegible para postularse a la presidencia, acusado de trata de personas y abandonado por el Estado, se prepara para un regreso político —o un asedio.
Del palacio a la empalizada
Evo Morales solía gobernar Bolivia desde una torre de mármol en La Paz. Hoy, no sale de una aldea remota en el cocalero Trópico de Cochabamba, donde sus simpatizantes han rodeado su casa con estacas afiladas y garitas de bambú.
Esta es Lauca Ñ, ahora rebautizada como el “Comando General del Pueblo” por leales que se niegan a aceptar su inhabilitación para las elecciones presidenciales de 2025. Después de que fiscales emitieran una orden de arresto por trata agravada y el Tribunal Constitucional reafirmara los límites de reelección, Morales se atrincheró.
En las entradas, hombres con lanzas y radios portátiles revisan identificaciones. Adentro, Morales ejerce su influencia desde Radio Kawsachun Coca, la emisora que proyecta su voz por los valles cocaleros. “No hay víctima, no hay delito”, dijo a EFE en una reciente entrevista, desestimando los cargos como un intento de sepultar su carrera política.
El dirigente sindical Maicol Rojas, que resguarda un puesto de control externo, agitó su lanza de dos metros como símbolo, no como amenaza. “Esta es nuestra defensa ancestral”, dijo. Los antropólogos coinciden: las federaciones cocaleras llevan mucho tiempo recurriendo a tradiciones indígenas de resistencia comunitaria. Pero nunca a esta escala, y nunca en desafío al mismo gobierno que Morales alguna vez lideró.
Una región sin Estado
El Estado prácticamente ha desaparecido del campo circundante. Los puestos policiales fueron abandonados en enero tras bloqueos que dejaron un saldo fatal: cuatro policías y dos civiles muertos. El Ministerio de Gobierno culpa a Morales por incitar la violencia y lo ha acusado de terrorismo e interferencia electoral.
Morales califica las muertes como un “montaje” y acusa al gobierno de ignorar a las víctimas indígenas. Pero una cosa es clara: el vacío es absoluto. El Banco Unión, de administración estatal, ha cerrado sucursales cercanas. Las patrullas uniformadas que antes recorrían las rutas han desaparecido.
Jorge Derpic, politólogo boliviano en la Universidad de Georgia, dice que este momento recuerda a los primeros años 2000. Entonces, los choques por erradicación de coca crearon zonas autónomas de facto controladas por sindicatos. “Lo que ha cambiado”, señala Derpic, “es que Morales ya no es solo un líder rebelde. Es el expresidente. Y el territorio que antes gobernaba está escapando de las manos del Estado”.
Aquí, en el Trópico, Morales no es un fugitivo: sigue siendo El Jefe. Y hasta que alguien lo saque, las leyes de La Paz se detienen en los márgenes del río.
Los tribunales dicen no. Su base dice sí.
En diciembre de 2024, el máximo tribunal boliviano dictaminó que Morales no puede volver a postularse a la presidencia. La decisión citó un fallo de un tribunal internacional que estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, contradiciendo directamente los argumentos previos de Morales.
Su equipo legal sostiene que la constitución de 2009 debería reiniciar el conteo de mandatos. Pero juristas como Paola Hickmann, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señalan que argumentos similares fracasaron en Nicaragua y Costa Rica.
Nada de eso importa en Lauca Ñ.
Las Seis Federaciones, los poderosos sindicatos cocaleros que Morales lideró antes de ingresar a la política nacional, están en vigilancia permanente. Fueron quienes controlaron los bloqueos de enero. Ahora, protegen su recinto. Los visitantes deben pasar tres controles de identificación antes de llegar al estudio donde Morales graba sus transmisiones.
El espacio es más un santuario que una oficina: un trofeo de fútbol en un estante, un retrato a tamaño real de Morales saludando a Chávez y Castro en otro. El mundo puede haber dejado atrás a la izquierda latinoamericana de los 2000. El círculo íntimo de Morales no lo ha hecho.
Su lógica es simple: la ley en La Paz podrá decir que no, pero el pueblo aquí dice que sí. Y en los valles cocaleros, ese es el único voto que cuenta.
El MAS en guerra civil
La crisis no es solo legal: es personal.
Morales formó a Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, y lo eligió a dedo para encabezar la fórmula del Movimiento al Socialismo (MAS) tras su derrocamiento en 2019. Pero desde que Arce asumió el cargo, la alianza se ha resquebrajado por completo.
La ruptura comenzó por nombramientos en el gabinete. Luego se profundizó cuando Morales intentó recuperar el control de las estructuras del partido. Hoy, ambos se acusan mutuamente de traición. Arce afirma que Morales intenta secuestrar el MAS. Morales acusa a Arce de planear destruirlo—“política y tal vez físicamente”.
Analistas de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) señalan que esto es típico de los movimientos personalistas: cuando una figura fundadora pierde el poder formal pero conserva apoyo de base, la fractura es inevitable.
Ahora la disputa afecta incluso a la seguridad. El gobierno de Arce llama a la fortaleza de Morales “zona de sedición”. Morales dice que la ausencia policial es una muestra de miedo. “El pueblo”, afirma, “ha recuperado su soberanía”.
Si el Estado intentará retomar Lauca Ñ es una incógnita. Un operativo podría desatar levantamientos en toda la región cocalera. Por ahora, el gobierno aguanta la respiración—y mantiene la distancia.
Afuera del recinto, los niños juegan fútbol junto a hombres que afilan palos. Adentro, Morales juega cada domingo y les dice a sus seguidores que “la revolución volverá”.
Puede sonar teatral, pero en esta parte de Bolivia, resuena. No es solo un expresidente. Es el hombre que le dio a esta región clínicas, caminos e identidad, y que luego perdió la presidencia en medio de denuncias y exilio.
Ahora espera detrás de un muro de lanzas, desafiando al Estado a que venga por él. Mientras tanto, Bolivia observa el estancamiento con creciente tensión: un conflicto constitucional, una ausencia del Estado y un partido dividido entre dos hombres que alguna vez caminaron juntos.
Lo que empezó como un fallo judicial se ha convertido en algo más peligroso: una batalla entre legitimidad y legalidad, entre el poder del Estado y la memoria local. Si Bolivia puede resolver esa contradicción sin violencia, es una pregunta que nadie—ni siquiera Morales—puede responder aún.
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Créditos: Basado en reportajes de campo de EFE en Lauca Ñ y entrevistas con Evo Morales, Maicol Rojas y Jorge Derpic; comentarios legales de Paola Hickmann (Pontificia Universidad Católica de Chile); análisis político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); y contexto histórico extraído de estudios previos sobre conflictos en el Trópico de Cochabamba.
