Más de medio millón de personas estarían vinculadas con estructuras criminales en el país

El fin del Programa de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador llega en un momento en donde la violencia recrudece en el país centroamericano. En los primeros 20 días del año en curso, se registraron 220 homicidios, 25 más que los calculados en el mismo periodo durante 2017.

De acuerdo con cifras oficiales, en América Latina y el Caribe, la tasa de homicidios hasta 2016 se mantenía en un promedio de 24 muertes por cada 100 mil habitantes. En Centroamérica, la cifra aumentaba a 34 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, cuando se registran los índices de homicidio en el llamado ‘Triángulo Norte’ compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador esta misma tasa supera los 50 asesinatos por cada 100 mil habitantes.   

De las 220 muertes que se reconocieron durante los primeros 20 días de 2018, solo 49 se adjudican a pandillas; son estas las que durante varios años han posicionado al país como uno de los más violentos y peligrosos del planeta.

El Salvador cuenta con una población de 6,3 millones habitantes; aunque no existen cifras oficiales, se calcula que existen entre 30 mil y 60 mil pandilleros en la nación centroamericana. A este alto número de delincuentes, se le suma además otras 500 mil personas que estarían vinculadas de alguna manera con la estructura criminal.

Autoridades superadas en número y cuestionadas por ciudadanos

Mientras la cifra de criminales en El Salvador podría llegar a superar el medio millón de personas, la Policía Nacional Civil (PNC) cuenta con aproximados 23 mil efectivos de seguridad para cubrir todo el territorio salvadoreño. Además de ser superados en número, la actuación de las autoridades ha sido en varias ocasiones fuertemente criticada por la ciudadanía.

En 2016, un informe publicado por la Unidad de Acceso a la Información Pública (OIR), reportó que, para dicho año, las autoridades habrían abatido tres veces más niños que pandilleros, alcanzando una tasa de 29 menores fallecidos por cada 100 mil habitantes.

Organizaciones salvadoreñas defensoras de los derechos humanos también han denunciado en repetidas ocasiones “abusos de fuerza” hacia la comunidad, cometidos por policías y miembros de la Fuerza Armada del país, y ejecuciones extrajudiciales en donde están involucrados militares.

2017 se registró como uno de los años con menos deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, pero la cifra de pandilleros que fueron regresados a la nación centroamericana se disparó. Según información de medios locales, 1.200 miembros de estructuras criminales regresaron a El Salvador, lo que corresponde a un aumento del 163,8% comparado con 2016.

Es por estos índices de violencia que especialistas, ciudadanos e incluso expandilleros consideran que el retorno de los más de 200.000 salvadoreños que estaban protegidos por el TPS de EE.UU. empeorará las tasas de criminalidad y pobreza en el país.

Los Mara Salvatrucha (MS13) y los Sureños del Barrio 13 son algunas de las pandillas más peligrosas del país. Estas células criminales se dedican a la extorsión, control territorial, sicariato, narcomenudeo, servicios de protección y transporte ilegal de drogas.

Investigadores, que durante años han seguido la problemática, aseguran que existen ramificaciones de estas bandas en todo Sudamérica, llegando incluso hasta Argentina. Los integrantes de estos grupos criminales hacen pacto de muerte con la organización y en su mayoría son jóvenes que no superan los 30 años.

Latin American Post | Krishna Jaramillo
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