El Salvador: ¿cuáles son las consecuencias de la deportación de nacionales de EE.UU?
Los inmigrantes salvadoreños tendrán 18 meses para conseguir un permiso legal o abandonar el país, pero el país centroamericano no está listo para recibir repatriados
El Gobierno de Donald Trump ha vuelto a arremeter contra los inmigrantes. Esta vez, los afectados son alrededor de 200.000 salvadoreños que viven en el país protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS en sus siglas inglesas) y a quienes se les retiró dicho beneficio.
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La decisión implica retirar el estatus de protección que evita su deportación a los ciudadanos salvadoreños que viven en el país. De esta forma, tienen un plazo de 18 meses para salir de EE.UU. o conseguir otro permiso de residencia legal para poder quedarse. De lo contrario, serán considerados indocumentados y podrán ser deportados.
Esta decisión se toma después de que se realizara la misma determinación con los inmigrantes de Nicaragua y Haití con un argumento similar: “Las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen”. A pesar de esta afirmación, tiene un gran impacto para los migrantes, dado que el 51% de los salvadoreños con TPS han vivido en EE.UU. durante al menos 20 años y muchos de ellos tienen hijos nacidos allá quienes, a diferencia de sus padres, tienen la ciudadanía y no pueden ser expulsados.
Frente a esto, varias organizaciones que defienden los derechos de inmigrantes se han manifestado en contra. El director ejecutivo de CASA de Maryland, Gustavo Torres manifestó para Univisión Noticias que “195,000 inmigrantes están al borde de la deportación (…). Se trata de personas, padres de familia, trabajadores que llevan casi dos décadas en EE.UU, han establecido aquí sus hogares legalmente y han luchado por nuestra nación”. Por otra parte, los que apoyan la medida como Federación para la Reforma de Inmigración Estadounidense afirman que las condiciones en El Salvador son lo suficientemente buenas para que los migrantes regresen.
El TPS y los cambios de políticas de Trump
Inicialmente esta medida se creó en 1990 para conceder visados temporales y permisos de trabajo a ciudadanos afectados por guerras o desastres naturales. De esa forma, los ciudadanos de los países beneficiados que se encuentren en EE.UU. no pueden ser deportados dada la poca estabilidad de sus países de origen.
El salvador es el cuarto país en perder el TPS y sus ciudadanos son el grupo de beneficiarios más grande en ser afectados. Las anteriores cancelaciones se dieron para inmigrantes sudaneses, nicaragüenses y haitianos.
A los inmigrantes de Salvador se les fue concedido este beneficio después de dos terremotos en el año 2001 que mataron a más de 1.150 personas y dejaron a cientos de miles sin hogar. Desde entonces, se ha extendido 11 veces. Cabe señalar que en 2016, el expresidente Obama amplió las protecciones señalando que El Salvador aún sufría los efectos de los sismos, que tenía un incremento de violencia e inseguridad y que el país no podría absorber el regreso de los inmigrantes.
Una posibilidad nefasta para El Salvador
El Salvador es un país que cuenta con 6.2 millones de personas y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo debido a la creciente violencia, pobreza y desigualdad. Por este motivo, mientras la inmigración ilegal desde México se ha desacelerado, desde El Salvador y otros países centroamericanos ha aumentado.
“El Salvador continúa siendo incapaz, temporalmente, de manejar adecuadamente el regreso de sus nacionales”, citaba el anuncio firmado por el exsecretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson. La posibilidad del retorno de 200.000 inmigrantes puede ser un gran golpe en todas las esferas del país. Por el lado económico, se habla de que las remesas enviadas por los inmigrantes representan el 17% del PIB de El Salvador, en su mayoría enviada desde EE.UU. Además, el país centroamericano, y gran parte de sus vecinos, tiene un alto índice de pobreza y problemas sociales marcados. Por ello, no tiene la posibilidad de ofrecer empleo a las personas que vuelvan y decrecería la economía, se reducirían los recursos del gobierno, aumentaría la pobreza, desigualdad e inseguridad.
Según relató el Internacionalista Mauricio Jaramillo para Latin American Post, también habrá un aspecto social. Se habla de un plazo que no es suficiente para las familias que llevan décadas viviendo en EE.UU, con hijos que poco saben de su país de origen y “no consideran a El Salvador como un país para vivir”. Además, muchas de estas familias podrían ser víctimas de la misma violencia que las obligó a salir del país.
La incertidumbre que genera este panorama ha llevado al Gobierno salvadoreño a realizar esfuerzos para encontrar una alternativa con EE.UU. Según el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, se ha buscado alcanzar una prórroga del programa y buscar que en el congreso del país norteamericano se apruebe un proyecto que ayude a los afectados. “Estos 18 meses nos dan un tiempo prudencial para seguir hablando en el Congreso (de EE.UU.) de buscar una legislación para que se dé el paso de la temporalidad a la residencia", aseguró. De igual forma, el gobierno tiene en marcha un plan para ayudar a sus ciudadanos inmigrantes a partir de alianzas con organizaciones que defienden los derechos de inmigrantes con el fin de brindar asesoría legal para que cambien su estatus en EE.UU. sin necesidad de una nueva legislación.
A pesar de los intentos del gobierno, hay una gran posibilidad de que una gran cantidad de inmigrantes sean obligados a regresar a El Salvador, muchos de ellos obligados a dejar atrás sus hogares, sus hijos y la seguridad que habían conseguido, lo que implica un gran costo humano social y económico que podría impactar gravemente al país.
¿Qué implica para EE.UU?
Esta decisión se toma dentro de una agresiva política antiinmigrantes promovida por Trump desde su campaña. De esta forma, se ha aumentado en un 40% los arrestos por causas migratorias, se redujo la cantidad de refugiados que se aceptan anualmente y se ha atacado al programa de Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA), que impide que 700.000 inmigrantes indocumentados que ingresaron cuando eran niños sean deportados.
Con la decisión del gobierno, estos inmigrantes enfrentan tres posibilidades: pueden volver a su país de origen por voluntad propia, pueden tratar de legalizar su presencia en Estados Unidos o pueden quedarse ilegalmente. Según Mauricio Jaramillo, es poco probable que gran parte de estos migrantes consigan un permiso legal, sobre todo al tener en cuenta las dificultades que enfrentan instituciones universitarias y empresas constituidas que buscan proteger a empleados y estudiantes debido al carácter de las políticas actuales.
Esto implica que un número representativo de personas quedan en una situación de incertidumbre. Por su parte, Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, una organización que reúne a los migrantes salvadoreños en EE.UU, aseguró para BBC Mundo que "La gran mayoría no va a regresar a El Salvador. Van a regresar a la clandestinidad, porque es preferible huir de los agentes de migración que huir de las pandillas".
Tampoco parece probable que se realice una deportación a gran escala debido a la gran cantidad de personas afectadas, su alto costo económico y las dificultades logísticas que implicarían. No obstante, todas estas medidas continúan acrecentando la polarización en un país cada vez más dividido frente al tema de los migrantes.
Latin American Post | Dayana Martínez C
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