Estados Unidos pone fin al DACA
El gobierno informó que no aceptará más solicitudes de protección bajo el DACA a partir de la primera semana de septiembre
La decisión del presidente Donald Trump de poner fin a DACA ha generado incertidumbre en la comunidad inmigrante. El gobierno informó que no aceptará más solicitudes de protección bajo el DACA a partir del 5 de septiembre y que el programa ha llegado a su fin. Las solicitudes recibidas antes de la fecha mencionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que administra el programa, serán procesadas normalmente. Aquellas personas cuyo estatus bajo la iniciativa gubernamental expire entre el 5 de septiembre del 2017 y el 5 de marzo del 2018, tienen hasta el 5 de octubre para solicitar su renovación.
El anuncio sugiere seis meses de suspensión de la deportación para unos 800,000 beneficiarios del programa, mientras el Congreso toma una solución definitiva. Además de protegerlos contra la deportación, DACA permitió que los beneficiarios obtuvieran un permiso de trabajo y, en muchos estados como Florida, también una licencia de conducir.
El anuncio se produjo durante una rueda de prensa ofrecida por el fiscal general, Jeff Sessions, uno de los miembros del Gobierno de Trump con posiciones más duras en inmigración y quien, como senador por Alabama, se posicionó varias veces en contra de DACA. “[El programa] siempre fue temporal. No es realmente un estatus migratorio, es sólo una promesa de no deportarte. No existía antes de 2012”, dijo Randy McGrorty, director ejecutivo de la Oficina de Servicios Jurídicos Católicos de la Arquidiócesis de Miami. “Sabíamos que iba a terminar algún día”.
Durante la campaña electoral, Trump prometió que acabaría con DACA, aunque, posteriormente, ya desde la Casa Blanca reconoció que ese era “uno de los temas más difíciles” a los que tenía que hacer frente durante su presidencia y aseguró que lo encararía “con corazón”, sin dar más detalles. El mandatario había recibido una gran presión para acabar con DACA por parte de fiscales generales de nueve estados conservadores, encabezados por Texas, y que habían amenazado con interponer una demanda contra el Gobierno si no derogaba el programa.
De acuerdo con un estudio del Center for American Progress, la cancelación significaría en los próximos 10 años una pérdida de 460 mil millones de dólares para el Producto Interno Bruto (PIB). Además, el gobierno federal dejaría de recibir 500 dólares por cada trámite. Según el Departamento de Seguridad Nacional, de 2012 a septiembre de 2016, el programa dejó 710 millones de dólares por millón 528 mil 479 solicitudes de renovación y primera vez.
El motor tecnológico de Estados Unidos está preocupado por la decisión del presidente Donald Trump y no es por nada; si los “Dreamers” son prohibidos y perseguidos, los únicos que sufrirán las consecuencias son los estadounidenses, ya que cerca del 45% de los trabajadores de este sector son inmigrantes y gran parte de ellos son beneficiarios del DACA.
DACA es la sigla en inglés del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals). Otorga permisos de estadía y trabajo de dos años, renovables, a quienes llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños. El DACA evita temporalmente la deportación, pero no garantiza la ciudadanía futura, ni la residencia permanente. Fue creado por decreto el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente demócrata Barack Obama, ante la imposibilidad de aprobar en el Congreso -dominado por los republicanos- la Ley DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors Act), o Ley de Fomento
Para acogerse al DACA, había que cumplir varias condiciones: haber llegado a Estados Unidos con menos de 16 años de edad; tener 15 años como mínimo y 31 como máximo al 15 de junio de 2012; haber vivido en Estados Unidos de manera ininterrumpida desde 2007; tener estudios secundarios o haber servido en filas militares; no tener antecedentes penales.
Latin American Post | Carlos Eduardo Gómez Avella
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