Gobierno venezolano recrudece la persecución a miembros de la oposición

Esta semana el gobierno venezolano ha iniciado una serie de acciones judiciales contra miembros de las organizaciones políticas opositoras y los grupos disidentes del país. El miércoles, oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) arrestaron al diputado Gilber Caro, miembro del partido Voluntad Popular cuyo líder, Leopoldo López, también se encuentra detenido desde el 18 de febrero de 2014, así como varios miembros de ese movimiento político.

Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, vinculó este jueves a Jorge Luis González —diputado de Primero Justicia— y al general retirado Raúl Isaías Baduel con supuestos planes desestabilizadores. Ambos fueron detenidos. El mismo día se condenó también a ocho ciudadanos por los delitos de rebelión y faltas al decoro militar que las autoridades relacionaron con el “Golpe Azul”, un supuesto intento de rebelión militar realizado en febrero de 2015. Los procesados, entre los que se cuentan cinco oficiales de la aviación, recibieron penas de 5 a 10 años de prisión.

Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda y líder opositor del país, también fue citado el jueves a una audiencia en la Contraloría General de la República por su supuesta vinculación con la empresa constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber sobornado a funcionarios venezolanos con un monto cercano a los 98 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas por cerca de once mil millones de dólares.

Capriles ha declarado que los contratos de Odebrecht con la gobernación de Miranda fueron firmados durante la gestión de Diosdado Cabello, diputado y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “En este país hay que ser hampón y corrupto para que la contraloría no lo investigue”, dijo en una entrevista, al enterarse de su citación. “Producto de la lucha por el revocatorio me montaron una olla en la contraloría”.

Además denunció desde su cuenta de Twitter que a sus partidarios se les impidió el acceso a la contraloría, y fueron reprimidos por efectivos de la Guardia Nacional. La audiencia fue privada; por este motivo, el gobernador no asistió y envió en representación a su abogado.

Este conjunto de detenciones se produjo luego de la reciente creación del “Comando Antigolpe”, una unidad que busca desarticular lo que el gobierno califica como los intentos opositores para desestabilizar el país. El vicepresidente de la república, Tareck El Aissami, acusó a Gilber Caro de planificar acciones terroristas y aseguró que en el momento de su detención le encontraron un fusil FAL calibre 72.6, cuatro barras de C4 y un cargador.

Los grupos de derechos humanos dijeron que la detención de Caro empaña la reciente liberación de varios activistas encarcelados. Durante un proceso de diálogo auspiciado por el Vaticano, la oposición le ha exigido al gobierno que libere a decenas de detenidos considerados como prisioneros políticos.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que agrupa a los movimientos opositores, dijo en un comunicado que las medidas tomadas por el gobierno eran acciones desesperadas y que, tanto en el caso de Caro como en el de Capriles, eran acusaciones falsas.

“En ambos casos es evidente la intención del régimen de, por un lado, amedrentar a la oposición política y al pueblo en general; y por otro avanzar en un proceso de degeneración institucional al estilo de Nicaragua, donde la dictadura hace ‘elecciones’ en las que la gente vota pero no elige”, reza el documento.

La coalición opositora rechazó un fallo reciente del Tribunal Supremo de Justicia que anuló la declaración de la Asamblea Nacional de abandono de cargo del presidente Nicolas Maduro. Esta semana, la asamblea aprobó una resolución simbólica en la que afirma que Maduro ha descuidado sus deberes al frente del Poder Ejecutivo, mientras el país se hunde en una profunda crisis económica signada por el desabastecimiento de alimentos y servicios básicos, así como una inflación que el Fondo Monetario Internacional pronostica que podría superar el mil por ciento este año.

Algunos miembros de la oposición están presionando para organizar más protestas callejeras, mientras que otros dirigentes abogan por asistir a una nueva ronda de conversaciones con el gobierno que está programada para el viernes. Los principales líderes opositores han dicho que no participarán en la reunión a menos que las autoridades ordenen la liberación de más de 100 presos políticos.

El año pasado, el gobierno liberó a 43 activistas de la oposición —incluyendo al excandidato presidencial Manuel Rosales— pero encarceló a otros 55, comentó Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, un grupo de abogados que defiende a los activistas encarcelados.