Las bandas ecuatorianas se alían con guerrillas colombianas para expandir el control ilícito
El asesinato de once soldados ecuatorianos en una emboscada en la Amazonía marcó un punto de inflexión brutal. Lo que antes era solo una zona de tránsito, hoy sitúa a Ecuador plenamente involucrado en un conflicto, entrelazado con las guerrillas colombianas y enfrentando una nueva era de poder compartido entre grupos fuertemente armados.
Una marea creciente de violencia
El asesinato de once soldados ecuatorianos en la Amazonía evidenció que el país ya no es simplemente un espectador o corredor para las guerrillas colombianas. Ecuador se ha convertido en un campo de batalla por derecho propio, donde bandas locales y disidentes guerrilleros colombianos forjan alianzas. Estos grupos controlan rutas del narcotráfico y negocios ilícitos rentables, desde el contrabando hasta la explotación de recursos. Además, se están asentando en zonas donde el Estado ecuatoriano tiene dificultades para ejercer control.
En el pasado, los conflictos eran aislados y se concentraban principalmente cerca de las inestables fronteras con Colombia. El aumento actual de la violencia en Ecuador señala un cambio notable. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno”, con el fin de legitimar el uso de la fuerza militar contra estas poderosas estructuras criminales. Agrupó a las bandas locales—como Los Lobos y Los Tiguerones—junto con disidencias rebeldes colombianas, como el Frente Oliver Sinisterra y los Comandos de Frontera, bajo la etiqueta de “grupos armados irregulares”. Esta terminología proviene del vocabulario del conflicto colombiano de décadas pasadas y subraya que estas entidades tienen suficiente poder, armamento y organización para competir con el Estado.
Disidencias de las FARC y el campo de batalla amazónico
La actual ola de violencia tiene raíces profundas en el convulso pasado de Colombia. En 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron acuerdos de paz, pero no todas sus facciones depusieron las armas. Uno de los remanentes más significativos, el Frente Oliver Sinisterra, se hizo con el control de territorios como Tumaco, en el lado colombiano de la frontera, una zona conocida por su producción de coca. Sus operaciones pronto se expandieron a Ecuador, culminando en 2018 con el secuestro y asesinato de un equipo de periodistas del diario ecuatoriano El Comercio, en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas.
Aunque el líder disidente detrás de ese ataque, Walter Patricio Arizala (alias “Guacho”), fue abatido por fuerzas colombianas ese mismo año, la presencia del grupo no desapareció. En 2024, las autoridades ecuatorianas arrestaron en Ibarra a Carlos Arturo Landázuri, alias “Comandante Gringo”. Otro miembro fue condenado por narcotráfico. Las investigaciones revelan que estas disidencias se han infiltrado en zonas estratégicas de la Amazonía—particularmente Alto Punino, cerca de la frontera colombiana—donde realizan minería ilegal a gran escala, empleando fusiles de alto calibre e incluso lanzagranadas.
Este enfoque militarizado evidencia un cambio en su táctica. En lugar de limitarse a esconderse, ahora desarrollan zonas seguras. Los grupos cooperan con la población local, que les proporciona conocimiento del terreno y apoyo logístico. Militares ecuatorianos afirman que las armas incautadas en redadas incluyen munición avanzada, lo que confirma un nuevo nivel de planificación y disposición para el enfrentamiento abierto.
Rutas compartidas y alianzas transfronterizas
La transformación de la situación de seguridad en Ecuador era inevitable desde la perspectiva colombiana. Analistas como el profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte en Barranquilla, sostienen que Ecuador pasó de ser un “escondite logístico” a convertirse en una “plataforma operativa”. Un ejemplo claro son los Comandos de Frontera, formados inicialmente en 2019 bajo la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una red disidente de las FARC.
A medida que estas escisiones guerrilleras se expandieron desde Putumayo (Colombia) hacia la Amazonía ecuatoriana, establecieron acuerdos con bandas locales como Los Lobos. El objetivo compartido: asegurar corredores del narcotráfico, controlar minas ilegales y ampliar su base financiera. A diferencia del reclutamiento masivo de venezolanos por parte del ELN en algunas regiones, hasta ahora hay menos evidencia de una captación masiva de ecuatorianos. No obstante, la sinergia entre criminales ecuatorianos y colombianos es dinámica y de largo alcance.
Según Trejos, cada cese al fuego negociado entre el gobierno colombiano y las disidencias puede permitir que estas agrupaciones consoliden sus finanzas en lugar de centrarse en combatir a las fuerzas estatales. “Ya no buscan enfrentarse a Bogotá”, afirma. “Priorizaron la expansión y la competencia con otros actores ilegales en las economías de la cocaína y el oro.”
Tensiones diplomáticas y opciones militares
El aumento de la violencia se da en medio de unas relaciones complejas entre los gobiernos de Daniel Noboa (Ecuador) y Gustavo Petro (Colombia). Además, el hecho de que Petro no felicitara públicamente a Noboa tras su victoria electoral incrementó las tensiones. Aunque un quiebre diplomático total parece poco probable, algunos observadores advierten que una nueva crisis transfronteriza—como el incidente de Angostura en 2008, cuando tropas colombianas atacaron un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano—podría erosionar los pocos lazos de buena voluntad que aún existen.
Incluso si Bogotá intensificara sus ataques contra los Comandos de Frontera en suelo colombiano, eso no garantizaría el fin de sus incursiones transfronterizas. Como han demostrado conflictos anteriores, las guerrillas suelen cruzar a países vecinos, aprovechando la geografía compleja y la escasa supervisión estatal para eludir la captura. Las autoridades ecuatorianas ya no pueden asumir que un conflicto en la frontera se mantendrá confinado dentro de sus límites territoriales.
Mientras tanto, el sistema judicial ecuatoriano se ha involucrado cada vez más en el procesamiento de presuntos miembros de estas redes criminales transfronterizas. Trece acusados enfrentan cargos por dirigir una red de narcotráfico con envíos destinados a México y España. Sin embargo, el desafío va más allá de los tribunales: muchos de estos criminales operan en zonas remotas con presencia estatal mínima, donde ejercen control mediante coerción y pagos.
Hacia un nuevo conflicto transnacional
Lo que alguna vez se desestimó como un remanente del conflicto colombiano ha evolucionado en un mosaico transnacional de organizaciones criminales. Las disidencias de las FARC, que ya no luchan por objetivos ideológicos, están hoy afianzadas en economías ilícitas de amplio alcance. El Estado colombiano continúa enfrascado en un frágil entramado de ceses al fuego, mientras Ecuador lucha por adaptarse a una amenaza de seguridad sin precedentes.
En las selvas y campamentos clandestinos de la frontera, las líneas entre guerrilleros y miembros de bandas se difuminan. En puertos estratégicos, las alianzas entre capos ecuatorianos y colombianos controlan desde el tráfico de cocaína hasta la extracción ilegal de oro. La ausencia de una declaración formal de guerra hace poco por frenar la realidad creciente del conflicto armado.
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En los asentamientos remotos de la Amazonía vuelan las balas. Los cargamentos ilegales atraviesan los principales puertos marítimos. La fragilidad del Estado ecuatoriano es evidente. El crecimiento de los grupos criminales desde la frontera colombiana es una advertencia. Las antiguas fronteras del conflicto han cambiado. Nuevas alianzas imponen nuevas reglas. Y sus consecuencias suelen ser letales para civiles y militares. Cómo contendrán ambos estados una amenaza que trasciende fronteras sigue siendo una incógnita, pero por ahora, ambos gobiernos se ven envueltos en una lucha que ninguno puede enfrentar por sí solo.
