Colombia: así estuvieron involucradas las empresas mineras en el conflicto armado

Pese a que los principales actores en el conflicto armado colombiano fueron las guerrillas, los grupos paramilitares y el Estado, otros grupos también se involucraron, aunque no fuese mediante el ejercicio de la violencia directa. En este sentido, el Acuerdo de Paz incluyó, dentro de la jurisdicción especial para la paz, la aclaración de que el acuerdo aplicaría a "todos quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado y hayan cometido delitos en el contexto y en razón de este". Es decir, que se tendrían en cuenta a aquellos que fueron financiadores o colaboradores.

Esclarecer el papel que jugaron otros actores sociales es fundamental para hacer el reconocimiento de los impactos del conflicto armado en las víctimas. Si bien es cierto que los grupos armados disputaron territorios para apropiarse de recursos naturales y para usarlos para el narcotráfico, también hay evidencias de que grandes empresas se vieron involucradas en estos procesos.

La Comisión de la Verdad demuestra que AngloGold Ashanti intervino en el conflicto armado

La Comisión de la Verdad, en su labor de contribuir a esclarecer lo sucedido durante el conflicto armado y recoger información que permitiese entender la complejidad de este fenómeno, recogió miles de testimonios y realizó investigaciones sobre las relaciones que se tejieron en torno a la violencia. Un informe final, dividido en varios volúmenes, recoge estos hallazgos. Además, presentó una serie de documentos y herramientas complementarias. Uno de ellos, titulado "Informe del Caso 78 en Alto Andágueda y Cocomopoca", revisa las relaciones entre los títulos mineros en esta zona y el conflicto armado.

El informe hace un recorrido sobre la historia de violencia en esta zona del Chocó, la cual ha sido motivada por la lucha por las concesiones de las minas y la propiedad sobre el territorio. En esta zona habitan afrodescendientes e indígenas del Resguardo del Alto Andágueda, quienes se vieron envueltos en pugnas por la reclamación de la restitución de sus derechos territoriales.

"La evidencia es contundente. El vínculo directo entre unidades militares y empresas con concesiones mineras en el territorio del resguardo del Alto Andágueda implicó una grave violación a los derechos humanos y una infracción al DIH (la prohibición del desplazamiento forzado)", señala el informe. Al respecto, cuenta que entre 2007 y 2015, el Ejército Nacional bombardeó el resguardo alrededor de once veces en acciones militares contra el ELN y las FARC.

La investigación, además, demuestra cómo, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, se entregaron múltiples títulos mineros a la multinacional de Sudáfrica Anglo Gold Ashanti. A la par, se dilataba el otorgamiento de los derechos sobre la tierra a las comunidades para favorecer a las empresas mineras que querían apoderarse de los recursos.

Finalmente, este informe señala que "Mientras se esclarece la responsabilidad compartida del Ministerio de Defensa y las FARC-EP en el desplazamiento forzado por intereses sobre los recursos mineros, este caso aporta una reflexión final sobre los factores de persistencia del conflicto armado en Colombia".

Un fenómeno que se repite 

El conflicto armado colombiano está directamente relacionado con las estructuras coloniales que se mantienen sobre el territorio y el poder económico. Por esta razón, uno de los componentes más importantes en la implementación del Acuerdo de Paz es la reforma rural integral, que contempla la problemática de la desigualdad en la tenencia de la tierra y las brechas entre el mundo urbano y rural. 

Muchas de las regiones más golpeadas por la violencia están ubicadas en zonas con recursos naturales petroleros y mineros. La actividad de las empresas que explotan dichos recursos, por lo general multinacionales o de capital extranjero, suele afectar a las comunidades de forma negativa. A través de la apropiación del territorio, con una consecuente contaminación y destrucción de los ecosistemas, enferman a la población, destruyen su comunidad y ejercen violencia.

Por esta razón, se presentan conflictos ambientales y sociales que hacen que las comunidades resistan y se opongan a los proyectos extractivistas. De acuerdo con el Atlas de la Justicia Ambiental, en Colombia hay más de 50 conflictos ambientales causados por la extracción minera y de materiales. No obstante, se estima que sean más los conflictos, aunque no estén registrados en esta plataforma. 

En este contexto, los grupos paramilitares y del narcotráfico se convirtieron en los brazos armados de múltiples empresas extractivistas, que entraron a los territorios aparentemente de forma "legal", pero con un trasfondo de violencia, asesinatos y violaciones a los derechos humanos para apoderarse de los recursos. Al respecto, por ejemplo, la Comisión señala que en la frontera nororiental del país, las razones de la consolidación del paramilitarismo tuvieron relación con las disputas territoriales, la defensa del statu quo para mantener privilegios, el acaparamiento de tierras y la apropiación de recursos monetarios o de economías extractivas.

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Por otra parte, el Corporate Accountability Lab (CAL), que investiga sobre la relación de las empresas transnacionales y la violación de los derechos humanos, presentó en marzo de este año la primera parte de un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el papel de las empresas multinacionales en el conflicto armado. Dicha investigación, presentada ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, se centró en el involucramiento de las empresas mineras Drummond Company (estadounidense) y Grupo Prodeco (de la empresa anglosuiza Glencore International) en el conflicto en la región del Magdalena Medio y el Cesar. Asimismo, ha estudiado la involucración de otras compañías como Chiquita.

"Aportamos pruebas que sugieren que Drummond Company Inc., Drummond Ltd. y el Grupo Prodeco apoyaron financieramente y se alinearon con grupos armados ilegales como el Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", señala el CAL en un comunicado. Esta organización además tiene un proyecto sobre la Responsabilidad Corporativa en la Justicia Transicional.