Pese a la gravedad de lo ocurrido y la histórica sentencia de la Corte Constitucional, hoy el organismo no garantiza la atención integral y adecuada a la comunidad salaera

Del 16 al 21 de febrero del 2000, más de 200 paramilitares del Bloque Central Bolívar comenzaron su ruta del terror hacia el corregimiento de El Salado, ubicado en los Montes de María. Con el apoyo de la fuerza pública, los hombres de las A.U.C. dejaron aislada a la comunidad y durante tres días se tomaron el pueblo; asesinaron más de 60 personas, saquearon las casas, abusaron sexualmente de varias mujeres y causaron el desplazamiento forzado de la población.

A 18 años de estos hechos y con varias sentencias judiciales a su favor, las víctimas aún no cuentan con atención apropiada en salud. Hace pocos días, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que acompaña a las víctimas de El Salado, denunció la falta de compromiso del Ministerio de Salud con la comunidad. De acuerdo con la ONG, el MinSalud no ha cumplido la sentencia T-045/10 de la Corte Constitucional y ha puesto obstáculos burocráticos demorando la firma de los convenios para la atención de la población salaera.

El convenio más reciente del Ministerio terminó el 15 de diciembre de 2017, hace dos meses, y la comunidad aún espera respuesta sobre su renovación o la firma de un nuevo recurso que garantice su atención en salud integral.

¿Cuáles son las obligaciones del MinSalud y por qué no las cumple?

En el año 2010, cuatro mujeres de El Salado, víctimas de violencia sexual y desplazamiento forzado tras las masacres cometidas por paramilitares en los años 1997 y el 2000, lograron una sentencia de la Corte Constitucional. En ella, el máximo ente judicial ordenó al Ministerio de Salud, entre otras disposiciones,  garantizar el derecho a la salud y la atención psicosocial a las cuatro mujeres, sus familiares y su red de apoyo, entendida como la comunidad de El Salado.

Desde 2012, dos años después de la sentencia, el Ministerio de Salud inició el cumplimiento creando el cuestionado Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) y delegando la atención psicosocial a tres organizaciones de la sociedad civil, a través de la firma de convenios.

Sin embargo, uno de los mayores problemas ha sido la continuidad ya que debido a demoras administrativas, la comunidad se ha quedado sin atención por periodos de uno a seis meses a lo largo de estos seis años, “siempre asociados a las mismas causas: ausencia de presupuesto, dificultades de contratación y falta de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad sobre las condiciones especiales para el diseño de los procedimientos de atención.”, sostiene la CCJ.

En esta ocasión, teniendo en cuenta lo ocurrido en anteriores periodos entre convenios, el MinSalud acordó la creación de un “Plan de contingencia” que funcionará por seis meses. Ante esto, las víctimas y la CCJ esperan que el Ministerio cumpla su palabra y el plan de contingencia sea una medida provisional y no se convierta en el modelo de atención permanente.

Los riesgos de la ausencia de convenios

Actualmente el corregimiento no cuenta con personal médico suficiente, tampoco tiene los medicamentos necesarios ni un centro de salud. Es más, hace años los pobladores denuncian que la única ambulancia del pueblo no tiene conductor ni gasolina generalmente. Situación que se agrava en los periodos donde no hay vigencia de los convenios del MinSalud con las organizaciones acompañantes.

Es necesario recordar las consecuencias fatales denunciadas por la comunidad hace un año, en marzo de 2017, cuando dos adultos y una menor de seis meses fallecieron en diversas circunstancias, debido a negligencia en la atención en salud. Adicionalmente, muchos de los familiares de las víctimas directas de la masacre han muerto por la falta de atención adecuada y oportuna.

Las exigencias de las víctimas y la comunidad

Por esta razón la comunidad salaera, en medio de la conmemoración de los 18 años de la masacre, hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que garantice el cumplimiento de la sentencia T-045 de la Corte Constitucional y de inicio sin dilaciones a la atención en salud y psicosocial en las condiciones que han sido acordadas con la comunidad de El Salado.

Latin American Post | Carolina Garzón Díaz 

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