Tribunal Argentino Emite Orden de Arresto Contra Líder Militar Birmano por Genocidio Rohinyá
Un tribunal argentino ha emitido órdenes de arresto internacionales contra la máxima autoridad militar de Birmania y su exaliada civil, acusándolos de participar en el genocidio contra la minoría rohinyá. Esta histórica acción legal resalta el uso de la jurisdicción universal por parte de Argentina para promover la rendición de cuentas a nivel global.
Un Fallo de Gran Alcance con Eco Mundial
En un fallo que evidencia tanto la fuerza como el controvertido alcance de la jurisdicción universal, un tribunal federal argentino ha emitido órdenes de arresto internacionales contra figuras de alto rango en Birmania—también conocida como Myanmar—acusadas de liderar una campaña genocida contra la minoría rohinyá. Según una ONG que impulsó la demanda, estas órdenes apuntan a nada menos que 26 individuos, incluidos altos generales y destacados líderes civiles.
En el centro del caso se encuentra Min Aung Hlaing, jefe de la junta militar birmana, junto con la laureada con el Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien ejerció como líder de facto del gobierno birmano en 2017. Ese año se produjo una brutal represión en el estado de Rakáin, lo que obligó a unos 720.000 musulmanes rohinyás a huir a la vecina Bangladés. Para muchos, este éxodo representó la culminación de años de persecución, mientras que observadores internacionales lo calificaron ampliamente como limpieza étnica con características de genocidio.
El anuncio desde Argentina se hizo el miércoles y marca una diferencia con los casos internacionales en curso en La Haya. El tribunal argentino utilizó una legislación nacional que permite juzgar crímenes graves sin importar dónde ocurran. Al invocar este principio, las autoridades argentinas refuerzan la idea de que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad trascienden fronteras.
La Organización de Rohinyás en el Reino Unido (BROUK), que lideró el caso, celebró las órdenes de arresto como “un rayo de esperanza” para una comunidad perseguida. Al final del día, las autoridades argentinas confirmaron que también incluyeron a altos funcionarios militares birmanos, entre ellos dos civiles y el expresidente Htin Kyaw, enfatizando que el liderazgo debe rendir cuentas por las atrocidades cometidas bajo su mando.
Invocando la Jurisdicción Universal
La Constitución y el código penal de Argentina incluyen disposiciones que permiten a los jueces juzgar crímenes de impacto global, como el genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones a los derechos humanos fundamentales. Gracias a esta norma, los jueces argentinos pueden asumir casos fuera de sus fronteras, impulsados por un profundo compromiso con la rendición de cuentas ante delitos que atentan contra la conciencia moral de la humanidad. Si bien la doctrina tiene sus detractores, sus defensores la consideran una herramienta esencial para combatir la impunidad cuando las instituciones globales o los gobiernos locales no actúan.
BROUK Presentó su Denuncia en 2019: Un Camino Hacia la Justicia
BROUK presentó su denuncia original en noviembre de 2019 ante los tribunales federales de Buenos Aires. El eje central de la demanda era claro: las fuerzas armadas birmanas atacaron sistemáticamente a las poblaciones rohinyás en 2017, resultando en asesinatos masivos, expulsiones forzadas y la destrucción generalizada de aldeas enteras. Aunque Aung San Suu Kyi alguna vez simbolizó el progreso democrático en Birmania, se alega que defendió las acciones del ejército ante tribunales internacionales. Por ello, la denuncia sostiene que tiene responsabilidad indirecta por permitir o legitimar estas atrocidades mientras estuvo en el poder.
Tras la solicitud de la ONG en diciembre de 2023 para emitir órdenes de arresto contra líderes militares birmanos, los fiscales argentinos ampliaron su investigación para incluir a líderes civiles, específicamente a Suu Kyi y al expresidente Htin Kyaw. Así, las recientes órdenes de arresto los implican en una campaña que numerosos observadores, incluida la ONU, consideran una limpieza étnica. Según un devastador informe de la ONU, al menos 10.000 personas fueron asesinadas en cuestión de meses, con aldeas enteras incendiadas. Sin embargo, hasta ahora, generales y políticos birmanos han eludido cualquier responsabilidad real.
Donde antes las investigaciones se estancaban, el tribunal argentino parece revitalizar los esfuerzos por hacer justicia. Al actuar bajo la jurisdicción universal, la corte supera la inmunidad que protege a las autoridades birmanas dentro de su propio país. Para muchas familias rohinyás dispersas en campos de refugiados, esta podría ser la única vía realista para que su sufrimiento sea reconocido en el escenario mundial. Las órdenes de arresto reflejan una determinación firme. Mientras tanto, las autoridades birmanas siguen rechazando estos avances y se aferran a sus posturas tradicionales.
Ecos de la Tragedia Rohinyá
Para los supervivientes rohinyás, el horror de 2017 sigue vivo en la memoria. La ofensiva militar en el norte de Rakáin provocó un éxodo masivo, con refugiados huyendo a Bangladés. Las tropas birmanas “limpiaron” comunidades enteras, ejecutando o expulsando a innumerables familias. Medios internacionales han documentado testimonios de violencia masiva, agresiones sexuales y destrucción sistemática de propiedades. En los últimos años, tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) han impulsado casos separados, aunque con avances limitados.
A la vez, la actitud de Aung San Suu Kyi ha desconcertado a muchos. La laureada con el Premio Nobel de la Paz, que una vez representó la esperanza democrática, defendió la ofensiva militar ante los tribunales de La Haya, minimizando las acusaciones de asesinato en masa planificado. Sus críticos la acusan de no haber protegido a una de las minorías más vulnerables de Birmania. De hecho, la orden de arresto argentina la coloca al mismo nivel que otros funcionarios acusados de facilitar o encubrir atrocidades.
Para los defensores de la jurisdicción universal, estos acontecimientos justifican su existencia: cuando los tribunales locales o incluso internacionales fracasan, las jurisdicciones externas pueden intervenir. No obstante, los críticos cuestionan si Argentina, sin vínculos directos con el conflicto, tiene la autoridad o la capacidad real de hacer cumplir las órdenes de arresto. Sin embargo, para una minoría oprimida que ha enfrentado una impunidad casi total, el reconocimiento global de su sufrimiento ya es una victoria moral—especialmente cuando las instituciones birmanas han demostrado escaso interés en garantizar justicia.
Desafíos para la Ejecución de las Órdenes de Arresto
Por poderosas que sean estas órdenes de arresto, garantizar su cumplimiento sigue siendo un desafío monumental. Las autoridades birmanas continúan operando fuera del alcance de las fuerzas policiales argentinas. En términos realistas, ni Min Aung Hlaing ni Aung San Suu Kyi pisarán suelo argentino en el futuro cercano, ni el gobierno birmano aceptará extraditarlos. Aun así, estas órdenes pueden restringir sus movimientos internacionales, convirtiéndolos en fugitivos cada vez que salgan de Birmania.
Las reacciones internacionales también juegan un papel crucial. Actualmente, la Corte Penal Internacional (CPI) está considerando la posibilidad de emitir su propia orden de arresto contra Min Aung Hlaing, tras la solicitud presentada por el fiscal en noviembre pasado. Si los jueces de la CPI acceden a esta petición, la presión sobre los líderes birmanos aumentaría considerablemente. En ese escenario, la combinación de acciones desde La Haya y Buenos Aires podría intensificar la condena global. No obstante, es probable que las grandes potencias sigan mostrándose reacias a intervenir directamente.
En el ámbito interno, el régimen militar birmano ha intensificado la represión desde el golpe de Estado de febrero de 2021. Las fuerzas de Min Aung Hlaing combaten en múltiples regiones del país, y el prolongado conflicto civil sigue empeorando. Organizaciones de derechos humanos informan sobre el aumento de grupos rebeldes armados y la expansión de la violencia. En este contexto, los tribunales argentinos enfrentan una cuestión clave: ¿puede una orden judicial emitida desde el extranjero influir en el curso de una guerra lejana?
Para los defensores de la jurisdicción universal, la respuesta es un rotundo sí. Argumentan que el juicio moral, combinado con la presión internacional, reduce la movilidad de los criminales de guerra y erosiona su impunidad. Incluso si los acusados siguen fuera del alcance físico de la justicia, la constante amenaza de arresto, junto con el rechazo de gran parte de la comunidad internacional, puede ser una de las herramientas más efectivas para exigir rendición de cuentas.
Un Mensaje de Justicia y Solidaridad
La acción argentina tiene un significado más amplio. Nadie espera que una sola medida derroque a los generales birmanos. Sin embargo, al atribuir responsabilidad moral a Suu Kyi y sus aliados, el tribunal argentino envía un mensaje claro: los líderes no pueden escudarse en excusas políticas para justificar la persecución masiva de comunidades enteras.
A través de una orden de arresto basada en la jurisdicción universal, el tribunal argentino ha dado un nuevo impulso a los esfuerzos globales por responsabilizar a los líderes birmanos por lo que la ONU ha calificado como limpieza étnica con rasgos de genocidio. Para la minoría rohinyá, este avance refuerza la idea de que, a pesar de la complejidad geopolítica, la justicia sigue siendo posible, aunque su aplicación sea lenta y difícil.
Si la CPI emite órdenes similares, la sinergia entre La Haya y Buenos Aires podría ser formidable. Aunque la ejecución de las órdenes siga siendo incierta, su impacto va más allá de la simple condena: envía un mensaje contundente a gobiernos autoritarios y funcionarios estatales de que los crímenes atroces no quedan impunes en un mundo cada vez más vigilante.
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La violencia en Birmania persiste, y algunos descartan la decisión del tribunal argentino como un mero gesto simbólico. Sin embargo, estas acciones fomentan la conciencia global, generan esperanza entre los oprimidos y refuerzan los principios morales que exigen castigo para los crímenes de lesa humanidad. Estas nuevas órdenes de arresto reflejan un compromiso profundo con la justicia para quienes han sido olvidados por la opresión. Y para la golpeada comunidad rohinyá, este puede ser el mensaje de solidaridad más poderoso que han recibido en mucho tiempo.
