La carrera por la presidencia colombiana ha arrancado y estos son algunos de los retos a los que se enfrentan los candidatos

En Colombia, que está en medio de un ambiente político marcado por la corrupción en las ramas legislativa y judicial y trancas en el proceso de paz, hace un par de semanas se emitieron los resultados de la primera encuesta sobre la intención de voto para la presidencia de Colombia 2018. La encuesta encabezada por Sergio Fajardo de la denominada Coalición Alternativa, seguido por Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, Claudia López de y Gustavo Petro, abren el panorama de hacia donde se encaminan las elecciones del próximo año como también varios interrogantes: ¿Por firmas o partidos? ¿Hay que creer en las encuestas? ¿Cuáles serán los bastiones de las campañas? A continuación, damos un panorama sobre estas tres preguntas de cara a lo que será la turbulencia electoral.

Los partidos políticos están en crisis

Una primera tendencia que comenzó a verse en los precandidatos presidenciales es el afán de desvincularse de los partidos políticos. Vargas Lleras, Alejandro Ordoñez, Claudia López, Gustavo Petro y Sergio Fajardo fueron algunos de quienes recurrieron a esto. Pareciera que con el tiempo apremiando, esta decisión no conviene a los intereses de quienes buscan la presidencia. Sin embargo, los candidatos buscan apartarse de los sonados casos de corrupción de miembros de sus partidos para presentarse lo más limpios posible ante la opinión pública, a cambio de la plataforma política que implica un partido político, sus bases y aliados estratégicos que permiten las financiaciones de las campañas. Por medio de apelar al carisma de quienes aspiran a la presidencia, las firmas parecen ser el camino a seguir. Aparentemente, la lógica en este caso es la siguiente: la no vinculación a partidos políticos es igual a un candidato renovado, capaz y lo más importante, honesto, pues los partidos políticos tradicionales han perdido credibilidad.

Las firmas encuestadoras, bajo la lupa

Si hubo quién quedó muy mal parado en el panorama político colombiano, de hecho, internacional, fueron las firmas encuestadoras. Falta de credibilidad, amaño en los resultados y un total desacierto en las predicciones llevaron incluso a pensar en la necesidad de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entrara a regular las firmas encuestadoras. El Plebiscito es el caso colombiano más sonado, a nivel internacional el Brexit y la elección de Donald Trump fueron yerros en los que cayeron las firmas al momento de realizar su trabajo. Por lo tanto, dejar pasar la labor de estas firmas es un lujo que ni los candidatos ni los votantes se pueden dar.

Asimismo, es la oportunidad para apelar a la credibilidad de su labor en procura de la transparencia del estudio y la neutralidad en la aplicación de instrumentos de recolección de información que buscan un matiz científico. Las encuestas sobre intención de voto se van a enfrentar a todo tipo de críticas por parte de los candidatos dados los antecedentes, no van a ser el centro de la discusión, pero si jugaran un papel importante como fuentes de opinión pública

Pilares del debate

El debate presidencial del próximo año no puede eludir tres temas: la implementación del acuerdo de paz, la corrupción y la política económica.

La política económica que decida el próximo presidente debe enfrentar: una crisis de financiamiento del Estado, la reducción en el consumo por parte de los ciudadanos a partir de la reforma tributaria y aumento del IVA al 19%. Por otra parte, el divorcio de la clase dirigente con sectores de la sociedad civil, ha puesto en la cuerda floja una de las locomotoras económicas del país, la minería.

Este rubro se considera una de las principales fuentes de financiación del país; sin embargo, las consultas populares sobre la explotación minera han dejado mal parado al gobierno porque los proyectos no son aprobados por la población que alega razones medioambientales. También, se debe tener en cuenta que el financiamiento de este mecanismo de participación ciudadana se hace con dineros públicos, lo cual agrava el déficit fiscal y la solución no es “poner en cintura las consultas populares” como lo sugiere el actual ministro de hacienda.

El punto álgido del debate de los candidatos será inevitablemente la corrupción, descarto de entrada el proceso de paz ya que la estrategia en este caso no será distinta a la utilizada en la elección del 2014, donde se cae en posiciones recalcitrantes respecto al sí o al no. La particularidad sobre la implementación es su estado actual dada la intensificación de la violencia hacia los líderes sociales y el incumplimiento notorio de lo acordado por parte del gobierno.

Los hechos recientes muestran un malestar generalizado a las ramas del poder público, pues la justicia, rama que se creía relativamente transparente, se ve salpicada por lo que se ha denominado “el cartel de la toga”. Ahora, si agregamos Odebrecht o repartición de mermelada, por nombrar solo algunos ejemplos, la desconfianza hacia los políticos colombianos no es infundada. ¿Cómo harán los candidatos? este es el desafío grande que deben enfrentar, mostrarse a la opinión pública primero, como lo menos corruptos posible independiente de los errores que cometieron sus bancadas. Segundo, la clave será en hacer frente a la corrupción de un modo efectivo, sin olvidar las demandas sociales que aquejan a un país en vías de desarrollo como Colombia.

Los discursos sobre el enemigo público que victimiza a la sociedad colombiana parecen agotados, pues la corrupción logró mostrar uno de los peores rostros de la clase dirigente tradicional. La pregunta que propongo es: ¿cómo lograr que luchar contra la corrupción no sea una batalla contra molinos de viento? Se comienza por no regalar el voto.

Latin American Post | Diego Romero Pinedo