Las dos Venezuelas
También las relaciones internacionales dependen de la fe. Una experiencia tan frágil y misteriosa sostiene en buena medida la geopolítica del planeta. Todo parte del mismo principio: confiar en el otro. Aunque sea mínimamente. Creer o suponer que el otro está diciendo la verdad. Cuando los funcionaros del gobierno de Venezuela declaran en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, la mayoría de los venezolanos necesitamos una traducción simultánea. No entendemos nada de lo que dicen. Ellos hablan de otro país, de un país que no conocemos, que no existe. Los vemos y escuchamos y solo quisiéramos tener la oportunidad de ponerle subtítulos a sus palabras para que el mundo lea la realidad que no pronuncia nuestro gobierno.
Tarek William Saab, quien ocupa el más alto cargo en la Defensoría del Pueblo, estuvo en la ONU y expresó su voluntad de “ser un actor fundamental para la protección y defensa de los derechos humanos”. Sin embargo, no dijo nada sobre la OLHP: un plan represivo, paradójicamente llamado Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo, que permite a los militares y a la policía actuar arbitrariamente, con violencia e impunidad, en los sectores populares. Todas las organizaciones de derechos humanos del país han cuestionado las detenciones arbitrarias, las desapariciones y los homicidios ejecutados por estos comandos armados. Se ha denunciado que se comportan como grupos de exterminio, los oficiales llevan máscaras de calaveras sobre sus rostros y actúan como si tuvieran licencia para matar.
Las alertas en contra de las OLHP son cada vez más numerosas. Hay incluso casos de masacres, desapariciones o asesinatos de grupos, como el ocurrido en la población de Barlovento en el año 2016. El saldo fue de doce jóvenes en fosas comunes. De eso no habló el Defensor del Pueblo en Ginebra. Ese país no existe.
Iris Varela es la ministra para el Servicio Penitenciario. También ella viajó a Ginebra y estuvo en la reunión de la ONU. Ahí habló de cómo el gobierno ha logrado “pacificar” y “dignificar” los centros penitenciarios del país. Las cifras oficiales aseguran que no hay hacinamiento carcelario pero, según la organización Observatorio Venezolano de Prisiones, los datos reales son otros: la cantidad de reclusos casi duplica la capacidad de las instalaciones. De esto no habló la ministra Iris Valera.
Tampoco mencionó que, justo en esos mismos días, las excavaciones realizadas en uno de los principales reclusorios del país seguían tropezándose con restos humanos. En la Penitenciaría General de Venezuela, cerrada hace cinco meses, se ha encontrado una fosa común donde, hasta el momento, han aparecido 14 cuerpos. Aseguran que podrían ser veinte.
Esta prisión venía siendo objeto de diversos cuestionamientos desde hace mucho tiempo. Humberto Prado, director del OVP, afirma que ya en el año 2009 denunciaron casos de desapariciones en dicho centro de reclusión. Según esta organización, “la realidad de las cárceles en nuestro país es que el Estado le ha entregado su control a grupos armados de internos”.
Iris Varela no dijo en Ginebra que, en algunas cárceles del país, controladas por capos que han hecho de la ilegalidad una industria, se puede encontrar una discoteca, una piscina, una agencia bancaria, un zoológico, una pizzería, una pista de motocross… y también, por supuesto, una fosa llena de cadáveres. Ese país tampoco existe para el gobierno.
El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra se llama Jorge Valero. Él asegura que todos los cuestionamientos sobre el estado de las libertades en Venezuela forman parte de una “campaña mediática”. Declara que en el país no hay presos políticos sino terroristas encarcelados. Sin embargo, las estadísticas del Foro Penal Venezolano son muy distintas: solo en el año 2016 hubo 2732 arrestos políticos. Aparte de los dirigentes políticos más conocidos, como Leopoldo López, Daniel Ceballos o Yon Goicoechea, existen más de cien detenidos por razones políticas, la mayoría enjuiciados por tribunales militares, de manera anticonstitucional. Algunos tienen incluso órdenes de libertad, expedidas por jueces civiles, que no han sido acatadas por las autoridades. De esto no habla Jorge Valero. Tampoco menciona al diputado Gilber Caro, que fue encarcelado, una violación a su inmunidad parlamentaria, sin la presentación de una acusación formal. O al professor universitario Santiago Guevara, detenido y acusado de traición a la patria por haber participado en una reunión en una panadería. Valero no dice nada de ese país. No lo nombra. En Ginebra, sin pestañear, afirma que “no es cierto que en Venezuela se restrinjan las libertades, sino más bien se respetan escrupulosamente”. ¿Qué se puede hacer con quien miente sin pudor, con tanta facilidad?
El discurso oficial del gobierno venezolano afirma que no hay crisis sino conspiración, que no hay escasez, que no hay hambre. Asegura que la justicia es transparente, que hay equilibrio de poderes, que las instituciones tienen independencia. La realidad confirma lo contrario. Las cifras no oficiales señalan que no somos un país sino un derrumbe. Las encuestas muestran que los venezolanos queremos un cambio. Pero, mientras tanto, el gobierno sigue hablando en una lengua incomprensible, ejerciendo la violencia. Cada vez más, su idioma más claro es la represión.
Los organismos internacionales y los demás países del mundo, más temprano que tarde, tendrán que decidir con cuál de estos dos países se comprometen. Pueden ser, con su silencio, cómplices de la élite que controla el poder. O pueden ser activamente solidarios con quienes, padecen las consecuencias del poder. Cada vez hay menos matices. O están con la Venezuela pomposa que declara en Ginebra, o con la Venezuela urgente que aparece en los subtítulos. Ante el fracaso del diálogo, se hace indispensable la presión extranjera para buscar una salida democrática, justa y transparente. No se trata de una invasión. Solo es necesario apoyar a la Venezuela que sí quiere contarse a través de los votos, al país que exige que haya elecciones.
