Perú: además de crisis política, en alerta sanitaria

Perú no solamente vive a una fuerte crisis política, sino que se enfrenta a un peligro creciente para la salud de su población que ha hecho que las Naciones Unidas alarme de la situación. En el país andino, hoy el 31,15% de la población está expuesta a una amenaza silenciosa: la contaminación del agua. El relator especial de la ONU para el derecho al agua potable y el saneamiento lanzó esta semana un comunicado en el que alerta que más de diez millones de peruanos ingiere tóxicos como metales pesados en el agua. Esto constituye un problema que pone en peligro la salud de la población hoy y en el futuro.

“Creía conocer Perú en su tremenda diversidad, pero esta vez he vivido esa diversidad, tanto en la franja costera, tan rica en pesca como desértica, donde vive la mayor parte de la población, como en la abrupta cordillera, donde los pueblos indígenas y las comunidades campesinas andinas preservan culturas ancestrales y cuidan los ríos de los que depende la vida en la costa, y en el exuberante territorio amazónico, donde el agua abunda y los pueblos indígenas luchan por sobrevivir entre el olvido de muchos y la codicia de algunos", narra Pedro Arrojo-Agudo, el relator mencionado, en sus observaciones.

Las conclusiones de su investigación señalan que es una problemática originada por las empresas mineras  y que las causas están en una mala gestión de décadas. Asimismo, indica que la mayoría de la población afectada es indígena o campesina, y los defensores del agua han sido violentados sistemáticamente. En este sentido, la mitad de las poblaciones de Pasco, Puno, Amazonas, Callao, Madre de Dios, Moquegua, Cusco, Ucayali y el 100% de la población de Lambayeque, beben agua contaminada. 

Esto, además de ser una emergencia sanitaria y ambiental urgente, es una violación a los derechos humanos de la población. "Nadie nos avisó que el agua estuviera contaminada, pero la anemia y los problemas de salud de mi hijo acabaron explicándose cuando le hicieron análisis de sangre y salieron altas proporciones de metales pesados. Aunque hiervo y filtro el agua que nos dan, siempre me atormenta la idea de si estaré envenenando a mi hijo", es un testimonio de una mujer de Puno que recoge la comunicación. Asimismo, cita testimonios de parteras, sacerdotes y campesinos de las zonas afectadas que cuentan de primera mano los daños causados por la irresponsabilidad de las empresas mineras. Al respecto, han aumentado los abortos y las malformaciones en los bebés, y las enfermedades en los adultos relacionadas con la presencia de metales pesados en la sangre. 

Unas regiones son más afectadas que otras

La región de Cajamarca es una de las más afectadas por la situación de contaminación del agua. De hecho, el Atlas de la Justicia Ambiental señala que hay más de una docena de conflictos ambientales en la zona por el extractivismo. Una investigación de Mongabay de 2018 también encontró que la minería afecta fuertemente a las regiones de Huánuco, Loreto, Madre De Dios, Pasco y Ucayali.  "A partir del análisis de cientos de datos de instituciones estatales y de organizaciones civiles establecimos que 1247 comunidades, tituladas y no tituladas, son críticamente impactadas por la minería ilegal, los cultivos ilícitos de hoja de coca y la deforestación". 

Así, se trata de una situación que perpetúa violencias contra las comunidades que han sido más desprotegidas por el estado peruano. "La visita a la Región de Cajamarca confirmó la gravedad de estas afecciones a la salud de la población por las actividades mineras. Más allá de la gravedad de daños ambientales, con desecación de lagunas, bofedales y manantiales, desaparición de especies y mortandad de peces, resultan alarmantes los análisis de sangre promovidos por la municipalidad de Bambamarca, que revelan metales pesados en el 100% de sus pobladores", reseña el informe del relator de la ONU.

Por otra parte, Arrojo-Agudo señala que Perú tienen una extrema vulnerabilidad ante el cambio climático en materia de agua y saneamiento, que está exacerbada por el modelo extractivista y que es urgente corregir. Asimismo, señala 8 desafíos en las cuales es urgente trabajar, como la discriminación social y territorial, la no participación de las mujeres, la criminalización de la protesta social y la necesidad de hacer una gestión comunitaria e incluyente del agua. Todas estas recomendaciones e investigación de la situación serán presentados en 2023 al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

Dentro de las recomendaciones entregadas están detener las nuevas concesiones mineras en cabeceras de cuenca e "implementar de manera efectiva la Ley de protección de cabeceras de cuenca, garantizando la participación efectiva de las poblaciones implicadas". Asimismo, es urgente satisfacer las necesidades de agua potable y priorizar esto sobre las ganancias económicas.