El Macabro Pasado de un Oficial Uruguayo Sale a la Luz en un Nuevo Juicio por Crímenes

Una historia aterradora reaparece. Jorge Néstor Troccoli, exoficial de la Armada uruguaya, está en prisión por asesinatos cometidos durante la Operación Cóndor. Ahora enfrenta un segundo juicio en Italia. Detalles oscuros del pasado vuelven a poner bajo la lupa su participación en detenciones clandestinas y desapariciones —una situación compleja.

Crímenes del Pasado y un Legado Persistente

La historia de Jorge Néstor Troccoli se convierte en una parte sombría del pasado latinoamericano. Nacido en Montevideo en 1947, ascendió en el Cuerpo de Fusileros Navales durante la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985, una época marcada por el control brutal y las prisiones secretas. Tras dejar la vida militar, Troccoli vivió tranquilamente en Italia con su esposa, protegido por su doble nacionalidad. Sin embargo, las acusaciones continuaron persiguiéndolo, y culminaron en una condena en 2019 por el Tribunal de Apelaciones de Roma por su participación en la Operación Cóndor, una conspiración transnacional entre varias dictaduras sudamericanas para perseguir a disidentes políticos fuera de sus fronteras.

Ahora, a sus 78 años, Troccoli está encarcelado en Nápoles bajo una cadena perpetua ratificada por el tribunal supremo de Italia en 2021. Su avanzada edad y frágil salud no lo han eximido de un nuevo proceso legal. Según declaraciones reportadas por EFE, compareció nuevamente ante un tribunal en Roma, acusado del asesinato de tres personas más: la activista uruguaya Elena Quinteros, desaparecida en 1976, el argentino José Agustín Potenza y la ciudadana italiana Raffaella Filipazzi, ambos vistos por última vez en 1977. Este segundo caso podría ampliar o reforzar la condena judicial que ya pesa sobre él, añadiendo una dimensión más oscura a la figura de un hombre que niega haber “asesinado a alguien”, aunque reconoce haber supervisado tareas de inteligencia en un entorno clandestino.

Las autoridades afirman que el nombre de Troccoli aparecía frecuentemente allí donde operaban las fuerzas represivas del régimen. Sobrevivientes que vivieron momentos dolorosos lo recuerdan como un oficial naval de mente aguda y carácter sereno pero eficaz. Lo mencionan como líder de inteligencia e interrogador —no como alguien que usara la fuerza. Troccoli asegura que solo coordinaba labores administrativas, recopilando información sobre presuntos “terroristas”. En el juicio en Roma dijo al juez: “No soy un criminal, ni un asesino, ni he matado a nadie”, y agregó que, al acercarse al final de su vida, solo le queda su esposa y la búsqueda de limpiar su nombre.

Dentro de la Red de la Operación Cóndor

La Operación Cóndor sigue siendo uno de los episodios más oscuros de América Latina. Durante las décadas de 1970 y 1980, los gobiernos de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia formaron una alianza secreta para eliminar opositores políticos, reales o percibidos, dondequiera que estuvieran. Mediante el intercambio de inteligencia, la entrega de activistas detenidos y la coordinación de vigilancia transfronteriza, estas dictaduras sistematizaron el secuestro, tortura y asesinato de miles de personas. El ejemplo emblemático en Argentina fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), mientras que en Uruguay surgieron diversos centros clandestinos, incluido el que estaba bajo el ala del cuerpo de Troccoli.

En el nuevo juicio, los fiscales insisten en que las responsabilidades de Troccoli en el servicio de inteligencia de la Marina uruguaya lo colocan en el corazón de estas tácticas. Documentos judiciales señalan que el FUSNA (Fusileros Navales) tenía una división especializada en inteligencia —conocida como S2— que el exoficial acusado llegó a liderar. Sobrevivientes han testificado que los detenidos eran vendados por “razones de seguridad” mientras eran golpeados y sometidos a tormento psicológico. Troccoli confirmó en el juicio que las operaciones de arresto e interrogatorios iniciales estaban a cargo de los temidos agentes del S3, aunque negó haber participado personalmente en desapariciones forzadas o asesinatos.

Según entrevistas de EFE, el abogado defensor de Troccoli recalcó que ningún documento oficial lo vincula directamente con homicidios, y que “no tenía un rol operativo, sino administrativo”. Los fiscales, sin embargo, destacan la estructura de esas unidades: los encargados de células de recolección de datos tenían la tarea de facilitar la información —y también permitían la acción violenta del personal. La mención de tecnología avanzada o un “sistema informático” para cruzar datos de detenidos apunta a una red meticulosamente organizada, donde cada fragmento de inteligencia posibilitaba una nueva ola de represión.

Quinteros, la mujer desaparecida cuya historia resuena con silenciosa tristeza, militaba en el Partido por la Victoria del Pueblo. Desapareció en 1976. Potenza y Filipazzi —argentino e italiana, respectivamente— desaparecieron juntos al año siguiente. Los investigadores sostienen que los tres fueron vistos por última vez en sitios clandestinos del FUSNA, lo que traza una línea directa con el rol de Troccoli. El acusado negó tener conocimiento de traslados no autorizados o asesinatos. Declaró que algunos prisioneros fueron liberados o tratados conforme a la ley. Pero no dijo nada sobre el destino de otros. Tampoco explicó los procedimientos que guiaban tales actos —procedimientos supuestamente bajo regulación legal.

Un Segundo Juicio en Italia

Esta segunda acusación surge del enfoque singular de Italia sobre crímenes transnacionales, especialmente considerando la ciudadanía italiana de Troccoli. La condena que le impuso el tribunal de Roma por 26 asesinatos durante la dictadura aún se mantiene, por lo que algunos cuestionan la necesidad de otro juicio. Sin embargo, observadores señalan que, para familiares de víctimas como Quinteros, Potenza y Filipazzi, este nuevo proceso ofrece reconocimiento a su pérdida y puede arrojar nueva luz sobre lo ocurrido. Fuentes locales afirman que, décadas después, las familias de los desaparecidos aún merecen respuestas. Desde lo legal, el juicio reafirma el objetivo de Italia de responsabilizar a los cómplices de la Operación Cóndor, incluso si las víctimas no eran italianas.

Durante la audiencia, Troccoli se mostró visiblemente afectado. Según cita EFE, se describió como “un hombre solo, sin país, sin partido, sin fortuna”. En una sección acristalada del tribunal romano, gesticulaba con vehemencia cuando los abogados mencionaban que supuestamente orquestó desapariciones forzadas. El hombre, ya de 78 años, dice que solo trabajó como empleado de inteligencia —que fue arrastrado por una gran conspiración que nunca llegó a comprender. Pero los juristas sostienen que la Operación Cóndor fue un acuerdo real, y que los tribunales la conocen bien. Para quienes ven a los oficiales de inteligencia como planificadores clave de la represión fronteriza, la idea de que Troccoli desconocía nombres y magnitud resulta poco creíble.

Los próximos pasos del juicio contemplan revisar archivos, relatos familiares y nuevos aportes científicos. Dado que la dictadura aún tiene consecuencias en Uruguay, los grupos por la verdad y las leyes de amnistía complican los procesos judiciales. Aunque Italia esté lejos, parece el lugar donde investigar hechos ocurridos al otro lado del océano —y aunque la nueva sentencia no modifique la pena de Troccoli, podría consolidar o desmantelar la narrativa oficial sobre su participación en la maquinaria del terror.

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Las transiciones de América Latina de dictadura a democracia rara vez ofrecieron justicia completa a las familias de los desaparecidos. Sin embargo, décadas después, las sombras de esos regímenes violentos no se desvanecen fácilmente. Los juicios reiterados contra figuras como Troccoli reflejan una búsqueda constante de la verdad. Para muchos, una sola sentencia nueva puede validar las historias de los que desaparecieron. Aunque los fallos anteriores sobre la Operación Cóndor establecieron el marco general de la violencia oficial, un proceso legal renovado enfoca el deber debatido de una persona en asesinatos específicos. El resultado podría ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo funcionaban estas redes abusivas a nivel macro y micro, con consecuencias significativas. En definitiva, es un testimonio de que, para muchos, las cargas silenciosas de aquellos tiempos aún exigen respuestas, incluso después de cuatro décadas.