Para muchos, la educación y experiencia de un líder político pesa más que su historial de ilegalidad

En América Latina, tres de cada cuatro ciudadanos tienen poca o nula confianza en sus gobiernos. Los datos arrojados por una encuesta elaborada por Transparencia Internacional (TI) en 2017, demuestran que casi el 80% de los ciudadanos reconocen que la corrupción se extiende desde las entidades públicas hasta los representantes electorales. Aun así, las votaciones parecen favorecer a los candidatos con un historial manchado por corrupción. 

Read in english: Does society forgive the corruption of its politicians?

Latinoamérica, además de ser reconocida a nivel global por sus tierras fértiles y gente amable, es catalogada como una de las regiones con mayor concentración de corrupción. Colombia, Argentina, Haití, Venezuela y México integran la lista de los países más corruptos de la región. 

Según estadísticas reveladas por TI, México ocupa el primer lugar entre los países donde se pagan más sobornos a funcionarios públicos. Pero en los últimos meses, otros gobiernos se han visto envueltos en monumentales escándalos que han terminado con la destitución, renuncia o encarcelamiento de varios líderes políticos. 

Un rápido recorrido por la red de sobornos más grande de la historia 

Uno de los casos más recientes y que se denomina como la mayor red de sobornos extranjeros de la historia es el correspondiente a la constructora brasileña Odebercht. Varios de los políticos más importantes del continente temblaron luego de conocerse que dicha compañía se había involucrado en numerosos y millonarios procesos electorales de la región. 

La explosión de Odebrecht provocó la renuncia del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien se convirtió en el político de mayor rango en caer por el escándalo mientras ejercía el cargo. En este mismo país, los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humalla (2011-2016) fueron acusados de haber recibido millonarios sobornos. La onda expansiva de manipulación y corrupción pasa por Brasil, donde tanto el presidente actual, Michel Temer, como sus antecesores Dila Rousseff y Lula da Silva se han visto implicados. Este último se entregó el pasado sábado 7 de abril a las autoridades para empezar a cumplir una condena de 12 años de prisión por corrupción. 

En Colombia, la campaña de reelección del mandatario Juan Manuel Santos también se vio salpicada tras confirmarse que se recibieron 4,6 millones de dólares en aportes y financiación. Expresidentes de Panamá, el presidente de Argentina y asesores de gobierno de El Salvador y Nicaragua tampoco se salvan del entramado Odebrecht. Pero éste es solo uno de los tentáculos del gigantesco pulpo que cubre y maneja los hilos políticos del mundo -y en este caso América Latina-, donde las campañas se pagan con favores políticos y los electores son continuamente manipulados. 

¿Aprueban los ciudadanos la corrupción?

Estudios sobre el apoyo de la ciudadanía a candidatos corruptos indican que la mayoría de las personas valoran la educación y experiencia del político por encima de su historial o vinculaciones con casos de corrupción. A su vez, la población que conoce y desaprueba los actos de corrupción de sus líderes, termina por pensar que todos son iguales y dejan de considerar el voto como una posibilidad de cambio. Es entonces donde la abstención electoral se convierte en una herramienta que favorece a los corruptos y una amenaza para la democracia en una región que ha dejado de creer en sus líderes. 

En Colombia, por ejemplo, la tasa de abstencionismo nunca está por debajo del 50%. En los últimos siete años, más de 19.000 personas han sido sancionados por casos de corrupción y se pierden cada año al menos 150.000 millones de dólares en ello, monto que sería suficiente para construir un millón de casas de interés social. 

Pareciera que quienes continúan apoyando a candidatos y partidos con los cuales líderes corruptos intentan perpetuarse en el poder (pese a sus investigaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito), ignoran en medio de su ingenuidad o desinformación que los poderes del estado gobiernan solo para el 1% del país, ese 1% que acumula la riqueza de una nación y financia la llegada a la presidencia de los políticos. 

De acuerdo con TI, en América Latina el 53% de la población considera que los gobiernos no hacen nada para combatir el flagelo de la corrupción y, por el contrario, contribuyen a que la situación empeore. Reducir la corrupción es una condición clave para una sociedad justa y equitativa, pero depende de los ciudadanos condenar o no los actos ilícitos que han cometido sus líderes en el pasado.  

Latin American Post | Krishna Jaramillo

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