El despliegue militar de El Salvador en Haití: técnicos desaparecidos, misiones en expansión y desafíos de seguridad
Cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos han arrastrado a miles de soldados a la guerra de pandillas de Haití. El presidente Nayib Bukele promete rescate y liberación, pero estructuras de mando poco claras, civiles heridos y carreteras bloqueadas exponen la distancia entre desplegar soldados y reconstruir la seguridad pública.
La búsqueda desborda la misión
El vehículo fue encontrado. Los hombres, no.
La policía haitiana anunció el 3 de noviembre que una operación conjunta había recuperado el vehículo calcinado utilizado por cuatro técnicos de aviación salvadoreños emboscados el 18 de octubre. Estaba en Santo, cerca de Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe. Más de dos semanas después de su desaparición, los restos aportaron evidencia del ataque sin resolver su suerte.
Para Bukele, la respuesta se ha vuelto mucho mayor que una búsqueda. El Salvador ha desplegado una fuerza reportada en más de 2.000 soldados, acompañada de helicópteros y vehículos blindados. Videos publicados por el presidente muestran patrullas, operaciones armadas y residentes que saludan a las tropas.
Sin embargo, una bienvenida captada en cámara no puede decirle a nadie si un barrio seguirá seguro cuando el convoy se vaya.
Los salvadoreños estaban allí originalmente para ayudar a mantener en funcionamiento una misión internacional. Una autorización de 2024 preveía apoyo de evacuación médica; el personal que llegó en 2025 aportó capacidades de aviación y evacuación de heridos a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, la predecesora de la actual Fuerza de Supresión de Pandillas, o GSF.
Los cuatro hombres desaparecidos eran técnicos de aviación. Bukele dice que regresaban de comprar comida cuando fueron atacados. Sus funciones de apoyo ayudan a explicar su presencia, pero los relatos públicos disponibles no han aclarado por qué entraron en esa zona sin protección adecuada.
La misión ya se venía ampliando. Una ley salvadoreña aprobada el 29 de septiembre autorizó personal, aeronaves y equipo según las necesidades operativas. La emboscada aceleró la expansión de forma dramática.
También expuso un problema de rendición de cuentas. El portavoz de la ONU Stéphane Dujarric dijo que unos 200 salvadoreños operaban dentro del marco de la GSF. La mayor parte del despliegue salvadoreño, mucho más grande, queda fuera de él.
Esa distinción es fácil de perder tras la expresión “respaldada por la ONU”. La GSF es en sí una fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad y con su propio mando, no una operación de mantenimiento de la paz de la ONU. Trabajar junto a ella no coloca automáticamente a otro contingente bajo su supervisión.
El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, insiste en que su gobierno dirige el esfuerzo internacional. “La fuerza internacional no está aquí para reemplazar al Estado”, dijo, según The Associated Press.
Los representantes salvadoreños describen coordinación, pero no han aclarado públicamente toda la cadena de mando de los refuerzos. El consentimiento a la asistencia y la autoridad sobre una incursión concreta son cuestiones distintas. Los residentes necesitan saber quién puede detener una operación, investigar un tiroteo y responder por una detención injusta.
La fórmula de Bukele se encuentra con la historia de Haití
Bukele llega con una reputación construida sobre un poderoso resultado interno. Las autoridades salvadoreñas registraron 82 homicidios en 2025, una tasa de 1,3 por cada 100.000 personas. Human Rights Watch reconoce una marcada reducción de la violencia de las pandillas y documenta detenciones arbitrarias, tortura y violaciones del debido proceso. Fiscalía
Ambas realidades importan. Los salvadoreños que se liberaron de la extorsión tienen razones para valorar la seguridad. Las familias que buscan a parientes detenidos tienen razones para exigir pruebas y rendición de cuentas. Exportar la imagen presidencial sin esas experiencias contrapuestas convertiría un historial de políticas difícil en un anuncio publicitario.
Haití presenta un problema institucional distinto. Bukele controla el aparato de seguridad de su país y goza de un control político abrumador. En Haití, las tropas extranjeras entran en un sistema fragmentado donde un gobierno de transición debe coordinar fuerzas nacionales y contingentes internacionales mientras intenta recuperar autoridad.
Los grupos armados también poseen bases económicas que una patrulla no puede simplemente eliminar.
Alrededor de Croix-des-Bouquets, la amenaza incluye a Chèn Méchan y a poderosos miembros de la coalición Viv Ansanm. Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou, lidera 400 Mawozo. Vitel’Homme Innocent dirige Kraze Barye. Su presencia en la zona circundante no establece quién tiene a los salvadoreños desaparecidos.
La geografía ayuda a explicar su fuerza. Las rutas hacia el este conectan la vida comercial de la capital con la frontera dominicana. Controlar el paso permite a las pandillas cobrar pagos e influir en el movimiento de bienes, armas y personas.
Expertos de la ONU describen a 400 Mawozo como un importante importador ilícito de armas, abastecido a través de redes que llegan a Estados Unidos y República Dominicana. También documentan munición desviada de arsenales oficiales. Una estrategia concentrada en los combatientes debe, por lo tanto, enfrentar a los proveedores y a las relaciones financieras que los reabastecen.
Joseph ha pedido a la ONU diálogo y dijo a AP que teme muertes de civiles. Tal petición no borra los abusos de su pandilla ni verifica qué ocurrió con los técnicos. Sí muestra cómo un líder armado puede buscar posicionamiento político mientras conserva poder coercitivo.
Bukele, por su parte, ha invocado a Jean-Jacques Dessalines, líder de la independencia de Haití, y ha prometido enfrentar a los “traidores” del país. El lenguaje sitúa a un presidente extranjero dentro de una lucha sobre quién representa la libertad haitiana.
Es terreno cargado. Estados Unidos ocupó Haití de 1915 a 1934. Décadas después, la ONU pidió perdón por su papel en la catástrofe del cólera que siguió al terremoto de 2010. Esas historias dan fundamentos concretos a las exigencias de control soberano y rendición de cuentas.
Los haitianos pueden querer protección contra las pandillas y aun así insistir en saber de quién reciben órdenes los soldados extranjeros.
La seguridad debe llegar más allá del convoy
En los hospitales de Tabarre y Cité Soleil, las consecuencias ya tienen nombres y heridas, aun cuando los comunicados militares solo ofrecen operaciones y objetivos.
Médicos Sin Fronteras informó haber atendido a 30 personas heridas por disparos o explosiones de drones entre el 18 y el 26 de octubre, entre ellas mujeres y niños. Su comunicado no identificó quién causó cada lesión. Esos ingresos no pueden tratarse como un recuento integral de víctimas ni atribuirse en bloque a las fuerzas salvadoreñas.
Parte del personal local de la organización había huido de sus propios hogares y se había refugiado en su alojamiento. Quienes ayudaban a mantener en funcionamiento los hospitales estaban ellos mismos desplazados, un recordatorio de que mantener abierto un hospital depende también de mantener a salvo a sus trabajadores y sus familias.
Revelan otra medida de la inseguridad: llegar al tratamiento.
“Algunos pacientes con heridas de bala tardaron varias horas en llegar a nuestros hospitales”, dijo la jefa de misión Davina Hayles. Carreteras y puentes bloqueados retrasaron la atención. Los combates también obligaron a la organización a suspender clínicas móviles y distribuciones de agua tratada.
Una operación puede avanzar militarmente y a la vez hacer más difícil la supervivencia de los residentes atrapados a lo largo de su ruta. Proteger el acceso a los hospitales es, por lo tanto, parte de la seguridad misma.
La comida sigue las mismas carreteras. Una evaluación de octubre estimó que más de 5,94 millones de haitianos, el 53 % de la población analizada, enfrentaban inseguridad alimentaria aguda de nivel crisis o peor entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Dentro de ese total, 1,8 millones enfrentaban condiciones de emergencia.
No es simplemente una escasez de suministros. La violencia interrumpe la agricultura y el comercio, desplaza trabajadores y empuja los precios más allá de los presupuestos de los hogares. Abrir brevemente una carretera ayuda poco si los comerciantes no pueden contar con usarla mañana.
El calendario político ofrece otra prueba. Las autoridades electorales de Haití pospusieron la primera vuelta de la votación nacional al 18 de julio de 2027, con una segunda vuelta prevista para el 4 de octubre. Restablecer las elecciones requiere rutas que votantes, candidatos y funcionarios electorales puedan usar sin permiso armado.
Rescatar a los cuatro salvadoreños sigue siendo un objetivo urgente y concreto. Reconstruir la seguridad haitiana es una tarea más larga que exige una policía confiable, tribunales, protección de civiles y control del suministro de armas.
El vehículo ha sido recuperado; los cuatro hombres siguen desaparecidos. Más allá de esa búsqueda urgente, el éxito de esta intervención depende de si los haitianos obtienen algo duradero: la capacidad de salir de casa, comprar comida y volver de forma segura sin pedir permiso a los hombres armados.
