Gemelos venezolanos se fueron juntos a la universidad. Ahora enfrentan audiencias de inmigración por separado
Una parada de tráfico en Alabama llevó a los futbolistas venezolanos Luis y Carlos Orta Santoro a un centro de detención de inmigrantes. Su padre creía que los papeles que les permitían trabajar y conducir significaban que podían quedarse mientras la familia esperaba una decisión sobre su asilo.
La licencia que Luis entregó
Los hijos de Reyna Santoro estaban de buen ánimo por teléfono. Habían ido a ver a la familia en Georgia. Volvían al Wallace State Community College en Hanceville, Alabama, donde ambos, de 19 años, tienen becas y juegan en el equipo de fútbol. Era el 4 de noviembre. Luis iba al volante cuando un patrullero los detuvo por una supuesta infracción de tránsito.
Según el relato que sus padres dieron a EFE, Luis le entregó al agente su licencia de conducir de Georgia. El agente les dijo a los hermanos que eran indocumentados y arrestó a ambos. “Son buenos muchachos que no han hecho nada malo”, dijo su padre, Carlos Enrique Orta, mientras Santoro intentaba contener las lágrimas. “No hay razón para que los hayan esposado de pies y manos y ahora estén en la cárcel”.
En menos de una semana, los hermanos pasaron por al menos cinco cárceles, dijo Orta. Desde Georgia, sus padres enfrentaban la posibilidad de que, aunque supieran por la mañana dónde estaban sus hijos, el dato podía estar errado al caer la noche. Cuando su padre habló con EFE, los hermanos estaban en Luisiana. “Están tratando de aguantar, pero se han quebrado”, dijo.

Lo que significaba un permiso de trabajo en casa
La familia entró a Estados Unidos con visas de turista en junio de 2022 y solicitó asilo. Orta dijo que su vida correría peligro en Venezuela. Mientras su solicitud estaba pendiente, la familia recibió permisos de trabajo, números de Seguro Social y licencias de conducir. Pagaron las tarifas que les pidieron. Lo que nunca llegó, dijo Orta, fue un aviso de que el gobierno consideraba que sus hijos estaban en el país de manera ilegal.
“Si una agencia del gobierno te da un permiso de trabajo y una licencia de conducir, entiendo que estás aquí legalmente”, dijo Orta a EFE. Sabía que la familia aún tendría que explicar qué los había hecho salir de Venezuela. Habían estado esperando la oportunidad de hacer exactamente eso. Mientras tanto, dos muchachos que habían dependido de sus padres para llegar a Estados Unidos habían crecido lo suficiente como para conducir por su cuenta, cruzar una frontera estatal y visitar a la familia.
Al preguntársele por qué los gemelos habían sido detenidos, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a EFE que ambos habían entrado legalmente y se quedaron más allá del plazo autorizado para su visita. El portavoz dijo que una solicitud de asilo pendiente no confería ningún estatus migratorio legal. Los funcionarios federales habían autorizado a la familia a trabajar, y Georgia había autorizado a Luis a conducir. Para los agentes de inmigración, la fecha que importaba era la fijada para la salida de los muchachos cuando llegaron por primera vez como visitantes.
Fernando Romo, un abogado de inmigración que no representa a la familia, dijo a EFE que las personas que entraron como visitantes y luego pidieron asilo han estado bajo especial escrutinio. En agosto, el Departamento de Estado dijo que revocaría las visas de esa categoría. Una estimación citada por EFE situó en hasta 200.000 el número que podrían cancelarse.
La estimación cuenta documentos de viaje. Un hogar puede sumar varias visas y una sola solicitud de asilo, como ilustran los Orta Santoro. Aun si las cancelaciones llegan a 200.000, la cifra dirá poco al público sobre cuántas familias tienen a alguien detenido. Para la familia Orta, decirle al gobierno que tenían miedo de volver fue el primer paso para buscar protección. Bajo la política de agosto, ese paso pone en riesgo de cancelación las visas de los visitantes.

La decisión de su padre
Pasaron más de cuatro años entre la llegada de la familia y la parada de tráfico. Luis y Carlos habrían tenido unos 15 años cuando llegaron a Estados Unidos, edad suficiente para recordar la mudanza y poca para opinar sobre ella. Orta dice que la decisión de traerlos fue suya y que le corresponde responder por ella, igual que por la de pedir asilo. En Luisiana, cada hijo debía comparecer a su propia audiencia de inmigración.
Romo dijo que los adultos jóvenes que comparecen por su cuenta pueden estar en desventaja cuando sus reclamos dependen de un peligro que enfrentaron sus padres. La persona mejor ubicada para explicar por qué Orta temía por su vida es el propio Orta. Sus hijos podrían dar un relato fiel de la salida de Venezuela y aun así tener poco conocimiento de primera mano sobre lo que hacía peligroso para su padre quedarse. Cada hermano tendrá que contarle a un juez de inmigración lo que sabe.
Seguridad Nacional dijo a EFE que un juez de inmigración consideraría los argumentos de los hermanos y que ambos tendrían un debido proceso. Para sus padres, la esperanza inmediata es la fianza. Un juez podría permitir que Luis y Carlos se preparen para la corte fuera de la detención mientras la cuestión del asilo sigue abierta. La familia aún tendría que explicar por qué teme un regreso a Venezuela. La diferencia estaría en dónde dormirían los muchachos esa noche y en si sus padres podrían sentarse junto a ellos a conversar.
De vuelta en Hanceville, la gente de Wallace State ha podido ver de lo que es capaz cada joven. Hay una beca para Luis y una beca para Carlos. Ambos se ganaron su lugar en el equipo de fútbol de la universidad. A Orta le gustaría que quien escuche a sus hijos en la corte los considere bajo esa luz; dijo a EFE: “como personas que van a ser buenas para este país”.



