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Opinión: Los derechos de los privados de libertad no se pierden por ser criminales

Las medidas punitivas populistas de varios políticos no solucionan nada y convierten al Estado en un violador de Derechos Humanos. Los derechos de los privados en libertad están protegidos por la comunidad internacional.

Hombre recostado sobre las rejas de una prision

Foto: Freepik

LatinAmerican Post | Santiago Gómez Hernández

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Read in english: Opinion: The Rights Of Those Deprived Of Liberty Are Also Inalienable

La violencia en Latinoamérica es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Ya sea en México, Brasil, Colombia, El Salvador o Argentina, la delincuencia y el crimen organizado representa un dolor de cabeza para millones de ciudadanos que incluso son vulnerables ante delincuentes que no valoran ni la vida.

Sin embargo, esta problemática ha sido explotada por políticos simplones con medidas punitivas populistas que en vez de lograr una sociedad más pacífica, consiguen todo lo opuesto. Esto, pasándose por la faja los derechos humanos, que por más que nos duela, son derechos de todos los humanos, sin importar su condición. Y los delincuentes, también gozan de estos mismos y no los pierden inmediatamente al momento de delinquir.

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Hay algunos que aseguran que quitándole la comida o amenazando con condiciones deplorables, la violencia disminuye. Pero hay una clara evidencia que si los centros de reclusión, no se convierten en centros de rehabilitación, de nada servirá meter presos a miles de delincuentes, si cuando salgan libres, vuelven a reincidir.

Para todos aquellos que ven en esta medida, la solución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, especifica que "Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. Dicha alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley".

El no suministro de alimentos, debido a acciones de terceros, raya con la tortura. No puede ser defendido por ninguna persona que vea en el Estado, un garante de derechos.

Otros también aseguran que obligando a los presos a trabajar y que de acuerdo a su trabajo reciban su alimento y así se paguen sus gastos, desconoce que eso se llama trabajo forzado. Los presos tienen el derecho a trabajar, pero no a ser obligados y menos que de esto dependa su alimento o manutención. Al fin de cuentas, el Estado es el que se hace responsable de proteger a aquellos ciudadanos que por decisión propia o por azares del destino, cometieron un delito y deben responder ante la sociedad.

Por si no lo recuerdan, a las personas que se les obligaba a trabajar a cambio de comida y refugio, eran esclavos. El Estado deben ofrecer una variedad de trabajo, labores y cursos para que las personas privadas de libertad elijan y escoja, según su voluntad, para poder 

Pero todas estas medidas tienen dos grandes problemas: las sanciones internacionales y la reincidencia. 

Primero, son una explícita violación contra los derechos de las personas privadas en su libertad. Esto puede acarrear demandas y sanciones de orden internacional a los países. Y mientras queramos seguir siendo estados democráticos alejados de autoritarismo, pues los países americanos, pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), bien acordaron unos "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas", que especifica el buen trato a los presos.

Según la OEA, todos los privados de libertad tiene el derecho a ser tratados "humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos". Y es que los derechos no se ganan, los derechos se defienden. Ninguna persona nace con menos derechos que los demás y no se pueden perder. Son propios de la naturaleza humana y se tienen que garantizar en todo momento y ante cualquier circunstancia. Cuando se desconocen, se están violando los derechos humanos y debe haber una responsabilidad penal para quien participe en la violación de estos.

Segundo lugar, porque el populismo punitiva no soluciona nada. Por el contrario, se aprovechan del dolor de las víctimas y del desespero de la sociedad, para prometer medidas radicales y revanchistas como "torturas, cadena perpetua, pena de muerte", cuando al final no solucionan las causas de la delincuencia.

El caso de Noruega, con un sistema penitenciario que sobrepone la rehabilitación y la capacitación de su población carcelaria, es pionera en el mundo y con los mejores resultados. Por ejemplo, la ONG DeJusticia explicó que "De acuerdo con los datos oficiales, Noruega tiene una tasa de reincidencia de sólo el 20%, particularmente baja comparada con la tasa de 76,6% presente en Estados Unidos, una de las más altas del mundo". 

Entonces, el discurso de la revancha en contra de la población presa, debe ser rechazado y visto como una postura autoritaria, alejada de los principios democráticos, humanos y civiles en los que debe estar sustentada la sociedad.

Ahora, no falta quien diga: "Pues si matan a algún familiar tuyo, de seguro que estarás en contra de los derechos a esos criminales". Y precisamente, es que las normas y las leyes no pueden ser redactadas por intereses particulares y revanchismos. Ser víctima de la delincuencia es relevante y se deben escuchar a todas... pero las leyes también tienen que tener un interés de rehabilitación y no repetición.

Las leyes se hacen con un fin y con una inspiración humanista, garantista de los derechos y libertades y de una forma objetiva. Dejar las penas y las leyes a una justicia subjetiva y partidaria, termina dañando la legitimidad de esta. Por eso, hay que promover el respeto y la legitimidad de las instituciones, su independencia y combatir la corrupción en todos los pisos del sistema judicial. Desde los tribunales hasta dentro de las cárceles.