Acuerdo de Escazú y otros retos ambientales en Latinoamérica en 2023

Son varios los desafíos en materia de medio ambiente que deberá encarar América Latina en este 2023 que recién comienza. A continuación, haremos un repaso por algunos de estos retos, los cuales se espera que puedan ser superados con el trabajo mancomunado de los gobiernos, ONGs y la sociedad civil de cada uno de los países que componen esta vasta región.

Economía verde y mitigación de la destrucción ambiental en el Arco Minero en Venezuela

De acuerdo al portal de investigación ambiental Mongabay los esfuerzos que el ejecutivo de Venezuela debe emprender en materia medioambiental deben apuntar a una economía más verde y a acciones de mitigación de los efectos dañinos de las lluvias torrenciales. De hecho, el mandatario de este país, Nicolás Maduro, pidió ante la COP27 la aprobación de un fondo de financiamiento de pérdidas y daños climáticos. No obstante, según la opinión de expertos, para poder acceder a esos recursos en primer lugar Venezuela debería diversificar una economía fuertemente dependiente de la industria petrolera.

Otro de los principales escollos que enfrenta la protección del medio ambiente en la nación bolivariana es la falta de datos y estadísticas rigurosos sobre los efectos del extractivismo en el Arco Minero del Orinoco y los derrames de petróleo, hecho que demostraría el desinterés del gobierno de Maduro en estos temas. Al respecto, El País de España señala en un informe que son ya cinco años desde que el ejecutivo venezolano autorizó la extracción de distintos tipos de minerales en esta región, que representa el 12 % del territorio nacional. Una actividad que ha dejado ganancias cuyo manejo es descrito por este medio como poco transparente. Este boom minero ha venido acompañado de fenómenos de explotación laboral y sexual; llegada de organizaciones colombianas al margen de la ley e impacto ambiental negativo.

Adaptación a la crisis climática en Argentina

En pleno año electoral, el gobierno de Argentina se apresta a impulsar un Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que comprende alrededor de 250 medidas, entre las que destacan la conservación de la biodiversidad; la transición en materia energética, productiva y de movilidad; así como la gestión de bosques, residuos e infraestructuras urbanas. Unas medidas de apremiante ejecución si se considera que Argentina ya es bastante vulnerable a la crisis climática, como lo evidencian los tres años de sequía y olas de calor que han afectado a esta nación.

Liderazgo de Chile en materia ambiental

Entre los retos que deberá superar Chile en materia ambiental para el año que comienza, está la reforma al servicio de evaluación de impacto ambiental. Actualmente, son las empresas titulares de los proyectos evaluados las que presentan los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Para acabar con este conflicto de intereses se plantea que estas empresas paguen a consultores independientes dichos estudios y declaraciones de impacto, de tal manera de que haya mucha más transparencia. Expertos señalan que esta estrategia funcionará en la medida en que exista un registro de consultoras acreditadas a las que se les encomiende de manera aleatoria la realización de un estudio para así evitar que las empresas elijan a quién contratan.

Por otro lado, el gobierno de Gabriel Boric aspira convertirse en un líder ambiental en América Latina con la realización del primer encuentro de ministros de agricultura y medio ambiente de la región. Viña del Mar acogerá el 3 de abril esta cumbre alrededor de la cual se discutirá la disminución de emisiones de dióxido de carbono y metano en los campos agroalimentarios y de residuos, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Agricultura Chileno en un comunicado de prensa. 

La lucha contra la minería ilegal en Perú

En medio de la convulsa crisis política y social en la que está sumido el Perú, dicha nación andina tiene pendientes varios retos a los que hacer frente en este 2023, tal y como lo reseña el portal Mongabay. Uno de ellos es el freno de la deforestación en la Amazonía por cuenta de la minería ilegal, el tráfico de madera, los cultivos de coca y la conversión de selva en zonas de cultivo. En cuanto a la minería ilegal, mandatarios regionales como el Gobernador de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, son acusados de ser actores que inciden en el fortalecimiento de esta nociva práctica. 

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Retos de Colombia

En cuanto a los desafíos que Colombia deberá encarar en materia ambiental, la WWF menciona algunos de especial importancia en el curso de este año. Uno de ellos es la puesta en marcha del Acuerdo Kunming-Montreal, el cual busca contrarrestar la pérdida de biodiversidad a través de la conservación del 30 % de las aguas terrestres y océanos, así como el 30 % de ecosistemas de degradados de agua dulce, marinos y terrestres.

Colombia también tiene pendiente, según se desprende del análisis de la WWF, proteger sus ambientes de agua dulce, considerando que el país posee el 44 % de los páramos de Sudamérica, 30 grandes ríos, miles de lagunas y ciénagas que lo convierten en una nación anfibia. La lucha contra la deforestación en la Amazonía también está en la agenda del presidente Gustavo Petro.

Pero sin duda, el aspecto más álgido que tendrá que gestionar el recién posesionado presidente de los colombianos es el de la transición energética, que es, de hecho, una de sus banderas de campaña. Esta iniciativa ha estado rodeada de una gran controversia, porque, si bien todos coinciden en la urgencia de transitar hacia energías limpias, también se ha generado incertidumbre por los anuncios confusos del ejecutivo sobre continuar o no con las exploraciones de hidrocarburos. Asimismo, ha existido falta de claridad acerca de si las reservas que tiene Colombia actualmente en materia de gas y petróleo son suficiente para llevar a cabo una transición energética ordenada que no ponga en riesgo la economía del país.

Finalmente, la implementación del Acuerdo de Escazú es otro desafío pendiente por cumplir para Colombia y la región. A futuro se debe apostar porque las investigaciones de los institutos técnicos ambientales sean accesibles a las poblaciones más vulnerables, a la vez que se mejore la protección de los defensores ambientales, las comunidades locales y colectividades indígenas.