Caso SENAME: ¿Quién protege a los niños en Chile?

Los jóvenes son las victimas en el escándalo gubernamental chileno más grande de los últimos años

En 2013, se emitió un informe a cargo de la jueza Mónica Jeldres, ordenado por un acuerdo entre el Poder Judicial y UNICEF Chile. En este se revisó en terreno el funcionamiento de diferentes centros del Servicio Nacional de Menores, Sename; organismo gubernamental centralizado que busca ofrecer protección de derechos de niños y adolescentes.

La profunda investigación se realizó en 60 hogares en 10 regiones de Chile. Este dio como resultado que existían 6500 niños y jóvenes en alto riesgo en el sistema residencial. Toda la información recabada por la investigación resultó ser muchas veces contradictoria con la que poseía el Sename y los tribunales. Por ende, se realizaron encuestas a los mismos niños, revisión profunda de fichas y antecedentes y procederes de la institución.

Debido a la repercusión del Informe Jeldres, y la dura realidad que vivían a diario los menores en los centros de protección, situación que hasta entonces era desconocida por la sociedad, organizaciones de derechos humanos y ligados a los niños crearon lo que se conoce como Comisión “Sename 1” de la Cámara de Diputados.

Aquí se elaboró un informe que reveló la profunda crisis de la institución y de los hechos de violaciones reiteradas a los derechos de los niños (abusos sexuales, torturas, aislamientos, poca atención médica, entre otros) en los centros. Además de un abandono de responsabilidades por parte del Estado de Chile, que optó por la privatización del sistema de resguardo de menores a fundaciones eclesiásticas y partidos políticos (90% de las acciones del Sename), se acusó constitucionalmente al juez de la Corte Suprema, Héctor Carreño por ocultar y guardar el informe Jeldres.

La crisis se agudizó dentro de la institución del Sename; las malas prácticas y mal manejo de crisis cobró una nueva víctima el 11 de abril de 2016, Lissette Villa de 11 años, quien murió en un centro del Sename de Santiago. La menor falleció por negligencia de sus cuidadoras al no saber actuar frente a una de sus crisis.

El informe de la autopsia de Lissette, efectuada por el Servicio Médico Legal, afirmó que esta falleció por “asfixia por sofocación producto de una compresión mecánica externa”.

El 11 de abril de 2016, Lissette Villa tuvo su última crisis; ninguna de sus cuidadoras supo qué hacer y lo que intentaron hacer terminó matándola. Conne Fritz y Thiare Oyarce se encontraban en la institución como educadoras, ambas sin título ni contrato; no estaban capacitadas pese de llevar más de 5 meses trabajando a su cuidado en el Hogar Galvarino, administrado por el Sename.

Este hecho provocó la salida de la Directora Nacional del Sename, Marcela Labraña.

Tras la muerte de Lissette, se realizaron visitas a centros del Sename para constatar cambios y nuevas prácticas frente a las malas obras descubiertas tras los informes y las muertes anteriores. No obstante, se observó un completo descontrol, desinformación por parte de los mismos cuidadores, incluso desconociendo la cantidad de niños que tenían a cargo dentro de cada centro. Además, se constata reintegración de personal violento.

Debido a la existencia de esta y más irregularidades, se crea segunda Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, la denominada Comisión “Sename 2”.

El miércoles 21 de junio de 2017, fue aprobado el informe de Saffirio. En este expone la respuesta del Ejecutivo a las recomendaciones realizadas por la investigación de Sename 1 en 2014. De igual manera, se expresa la disminución del presupuesto para capacitación y formación de funcionarios, razón por la cual había tantas inoperancias dentro del sistema.

Este último informe da cuenta sobre las responsabilidades políticas de la ex ministra Javiera Blanco, ex directores del servicio Marcela Labraña y Hugo Herrera y la actual titular del Sename, Solange Huerta.

Uno de sus impulsores, el diputado René Saffirio, acusa de “blindaje político”, por lo cual no se generan cambios ni soluciones, ni protección a los niños en los centros de amparo. El diputado acusó negación de su partido a cooperar por el informe porque “consideraban que era negar la posibilidad de una próxima candidatura parlamentaria de la ex directora del organismo, Marcela Labraña”. Tras votaciones en el Congreso, el  finalmente se rechazó el informe el 4 de julio.

INVESTIGACIÓN JELDRES: EL DESTAPE DE LA CRUDA REALIDAD EN EL SENAME

El Poder Judicial y la UNICEF realizaron una profunda investigación sobre el Sename. Abarcando 10 regiones y 6.500 menores que necesitan protección del Estado por poseer familias incapaces de cuidar adecuadamente de los jóvenes, ya sea por abandono, drogas, abusos y/o malos tratos.

La investigación reunió entrevistas con los propios niños, fichas con historiales de cada uno, seguimientos y falencias en los sistemas administrativo y judicial. El equipo fue encabezado por la jueza Mónica Jeldres y la doctora en derecho Paulina Gómez, entre otros. Y por la socióloga Carolina Bascuñán por parte de la Unicef.

 Resultados de investigación Jeldres:

• Red de explotación sexual organizada por guardadoras en Arica
• Violencia y tratamiento sin supervisión médica en hogar de monjas de Punta Arenas
• Presencia constante de casos de abuso sexual por parte de los custodios, como de otros niños internos.
• Violencia física y verbal por parte de cuidadores y niños mayores hacia los más pequeños.
• Castigos severos como encierros, privación de comida, desprotección, abandono, drogas, falta de vigilancia, sin educación, tanto dentro como fuera de las residencias.
• Largas estadías y dependencia
• Por la lejanía de las familias, los niños no eran visitados por sus familiares

Todas estas situaciones consideradas como de alto riesgo, la comisión Jeldres informó a los jueces de cada zona tomar medidas para detener los abusos a los niños. Sin embargo, y luego de varias audiencias y entregas de informes, no se efectuaron acciones por parte de las autoridades legales competentes.

La demora, en parte debido a los cambios en el equipo de la Comisión Jeldres que pasó a manos de la magistrada Gloria Negroni y, junto con los nuevos encargados, estimaron no difundir información y ser más rigurosos.

Frente al cambio y los rechazos a la investigación por parte de este nuevo equipo, UNICEF accedió a realizar modificaciones, con la condición de que se les entregara, en concreto, las acciones a seguir para mejorar el sistema, cosa que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta.

Actualmente, el proyecto sigue en marcha, pero con modificaciones por parte de los nuevos equipos a cargo.

Latin American Post| Daniella Páez Otey

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