Antecedentes judiciales en migrantes y la débil respuesta de las autoridades para detectarlos son algunas de las causas

En abril de 2018 el presidente Sebastián Piñera anunció que la cifra de migrantes en Chile llegó a 1.119.267, en la que 300.000 correspondió al 6% de la población de todo el país. Sin embargo, desde 2012 las expulsiones de extranjeros pasaron de 864 a 1.102 en 2018, de acuerdo con información de la Policía de Investigaciones (PDI).

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Entre los países que han encabezado la lista de expulsión se encuentran Perú con 444 en 2012 y Bolivia con 413 en 2013. Ahora bien, ¿cuáles son las principales causas de dicha situación? Según las autoridades, uno de los problemas radica en que hay pocas herramientas para detectar en las zonas fronterizas a extranjeros con antecedentes penales, pues sólo se puede buscar apoyo en la Oficina Central Nacional de la Policía Internacional (Interpol) para identificarlos a menos que cometan delitos en el país.  

Recientemente, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, hizo efectiva la expulsión de 51 colombianos por sus antecedentes penales y condenas judiciales. Para evitar el gasto fiscal, tuvieron que ser llevados a Colombia desde el aeropuerto internacional de Santiago en un avión de la Fuerza Aérea de Chile.

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Otro problema, es la disminución del presupuesto a la PDI para tramitar los distIGNORE INTOs casos que se presentan cuando hay problemas migratorios, ya que se ha ido afectado directamente la ejecución de proyectos para adquirir nuevas tecnologías. Éstas son necesarias para aplicarlas en el control migratorio de personas, la capacitación de personal en lo relacionado a la identificación de conductas delictivas, así como la realización de las expulsiones de extranjeros con una medida administrativa.

El perfil del expulsado

Entre las 2.000 expulsiones que se tienen contempladas a cumplirse en diciembre, según la ministra vocera del gobierno chileno, Cecilia Pérez, aquellos que serán expulsados primero serán la característica principal es que son extranjeros que han cumplido penas en Chile y no fueron expulsados o que se encuentran pagando sus delitos, serán los primeros expulsados.

También, los que aún no se han acogido al proceso de regularización que emprendió el Gobierno de Chile, estarán en la mira, ya que hasta el momento sólo se han acogido 140.000 de los 300.000 que hay, según cifras de la Subsecretaría del Interior.

Por el momento, los esfuerzos del Gobierno chileno se centrarán en reglamentar a quienes no hayan resuelto su situación migratoria, simplificar y agilizar el proceso de expulsión para aquellos extranjeros que hayan infringido la ley migratoria.

LatinAmerican Post | Edwin Gustavo Guerrero Nova

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