Según la entidad judicial los ciudadanos no pueden prohibir o aprobar los procesos mineros en su territorio

De acuerdo con El Espectador, en Colombia se han realizado nueve consultas populares con el fin de saber la decisión del pueblo, en cuanto a la extracción minera se refiere; y fue el mismo medio el que informó la respuesta que predominó en dichas consultas: NO.

Read in english: Colombia: Natural resources are property of the State

Sin embargo, después de un recurso de tutela expuesto por la multinacional Mansarovar Energy, según El Tiempo, la Corte Constitucional colombiana decidió que “las consultas populares no pueden prohibir las actividades extractivas en las regiones”.

Dicha decisión tiene razón en el argumento de que “no se puede desconocer la propiedad del subsuelo y de recursos naturales de todos los colombianos en cabeza del Estado”, aseguró la Sala Plena de esta Corte.

Por supuesto, el fallo de la entidad judicial no fue bien recibido entre los defensores del Medio Ambiente en el país, como, por ejemplo, El Partido Alianza Verde. La colectividad de ideología ecológica mostró su descontento por medio de una carta que envió su presidente, Jorge Iván Ospina, en nombre de todo el partido, informó El País de Cali.

“El Partido Alianza Verde expresa que las consultas populares son una clara expresión de la democracia participativa, que no puede verse amenazada por los intereses económicos de una locomotora minero energética que pretende pasar por encima de la toma de decisiones de la ciudadanía en temas de trascendencia local, como lo es la destinación del territorio a la industria minero-energética”, escribió Ospina.

Asimismo, el senador por el Polo Democrático, Jorge Robledo, por medio de su cuenta de Twitter, tildó la decisión de la Corte Constitucional como un “golpe a la defensa del ambiente en Colombia”. De igual forma, Robledo señaló en su publicación que esta acción va acompañada de la eliminación de “la indemnización de Cerromatoso a favor de las comunidades lesionadas (daños causados por extracción de Níquel) (…) y aprobar el plan Peñalosa en la Van der Hammen (proyecto de urbanización en una reserva natural)”.

También le puede interesar: México: ¿Qué está haciendo el Gobierno ante inundaciones en Sinaloa?

Otro caso: represión a la protesta social

Ahora bien, esta no es la primera situación de este 2018, en que se ha observado cómo las autoridades colombianas tratan de reprimir las muestras de participación ciudadana en este país.

Por ejemplo, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, mostró de manera explícita sus intenciones por “organizar” o “regular” la protesta social en Colombia. A estas declaraciones también le acompañaron aquellas en las que Botero aseguraba que  “las protestas eran financiadas por organizaciones armadas”, tal y como lo detalló El Espectador.

Para entidades como el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep); o personajes como el excandidato presidencial, Gustavo Petro, las palabras del ministro fueron una ofensa para la democracia y los intereses particulares de la población civil.

“Con tan temeraria afirmación (“las protestas son financiadas por organizaciones armadas”), usted resta la posibilidad de que múltiples y diversos grupos sociales tengan voz y visibilidad, niega la autonomía de grupos, organizaciones y movimientos sociales para expresar desacuerdos, necesidades, propuestas, ocluye la posibilidad del diálogo social al que tantas veces se ha referido el actual presidente (Iván Duque”, escribió la investigadora del Cinep, Martha Cecilia García.

Por su parte, Petro aseguró que Guillermo Botero “(…) no solo representa esa concentración de la riqueza que está inmersa en el gremio comercial, sino una mentalidad retardataria, anacrónica y atrasada”.

Además, el actual senador afirmó que la posesión de Botero como ministro de Defensa es resultado de “la élite colombiana”, la misma  “que se ha beneficiado precisamente de que la sociedad sea tan desigual”; y aseguró que las palabras del ministro responden a que “el Gobierno le tiene temor a que la ciudadanía se exprese libremente”.

LatinAmerican Post | Christopher Ramírez Hernández

Copy edited by Laura Viviana Guevara Muñoz

Escucha éste artículo