La polémica iniciativa del NODIO argentino lleva a un debate sobre hasta qué punto los estados deben evaluar las opiniones de los gobiernos.
Todos los gobiernos dicen defender la libertad de expresión, ¿pero hasta qué punto la permiten? / Foto: Pixabay
LatinAmerican Post | Ariel Cipolla
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La agenda gubernamental siempre se preocupa de la mediática. Recientemente, la web de Cadena 3 mencionó que el kirchernismo creó NODIO, conocido como un Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales, un organismo impulsado por la Defensoría del Público.
Ante este planteamiento, comenzaron a surgir algunas críticas. Desde Clarín mencionan que la oposición de Juntos por el Cambio decidió presentar una denuncia contra la titular de esta entidad, conocida como Miriam Lewin. Desde esta perspectiva, se la acusa de querer “controlar contenidos de medios y redes sociales”, acusándola de una “comisaría de pensamiento”.
Rápidamente, Lewin decidió defenderse de esas acusaciones. Según revela Infobae, la titular de la Defensoría del Público aseguró que no se intentará limitar la libertad de expresión, ya que no se comparará con un “Ministerio de la Verdad”, haciendo una analogía a la obra 1984, de George Orwell. Ante este panorama, decidimos averiguar cuál es el debate que existe en este conflicto.
La libertad de expresión y los roles estatales
Todos los gobiernos dicen defender la libertad de expresión, ¿pero hasta qué punto la permiten? Se trata de un objeto de debate interesante, especialmente en un contexto comunicacional tan delicado como lo es el coronavirus, donde surgen muchísimas fake news o teorías conspirativas que pueden generar una alerta poblacional en términos de desinformación.
Por ejemplo, desde Perfil revelaron que, en la misma línea, el gobierno argentino lanzó una plataforma para combatir la desinformación del coronavirus. Se trata de CONFIAR, que funciona desde la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, que intenta informar bajo fuentes oficiales y científicas, diseminando las noticias poco confiables, maliciosas o falsas que aumentan el pánico.
Inclusive, en la web de Río Negro mencionan que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) criticó duramente el intento oficial de monitorear la “desinformación”, debido a que la vigilancia por parte del Estado puede conllevar un riesgo de que se genere un método sutil para disciplinar a la población.
El debate que surge, entonces, es si las redes sociales y los medios de comunicación en general deben autorregularse o si, por el contrario, es necesaria una intervención estatal que autorice qué es válido y qué no. En este último punto, no hablamos de una restricción a cierta comunicación, sino de un organismo que observe y dictamine cuáles son falsas y cuáles no.
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Siguiendo con este mismo caso, la web de El Litoral menciona que NODIO no precisa cuáles serán los alcances que tendrá este nuevo organismo. Por lo tanto, vuelve a surgir el debate sobre qué implica la libertad de expresión, haciendo analogías, incluso, con la distopía creada por George Orwell en 1984, donde se limitaba el pensamiento a través de controles gubernamentales.
La Defensoría del Público mencionó que esta iniciativa busca “fortalecer la pluralidad de voces”, precisando que no existen intenciones de llevar adelante ni el control, ni la supervisión de la tarea de prensa. Por el contrario, se buscará analizar cómo funcionan las noticias “maliciosas” ya emitidas para generar una mirada “oficial”.
Suponiendo que NODIO únicamente busque realizar una mirada propia sobre los hechos coyunturales, el eje del debate se mantiene. ¿Es válido que el Estado dictamine qué es lo que es correcto y qué no? Si bien no ejercerían una censura, se trataría de una mirada sesgada que podría servir a los intereses del gobierno de turno, sin importar cuál fuese.
De ahí a que hayan surgido distintas críticas desde el periodismo y la oposición. Por ejemplo, en MDZol informan que el periodista Luis Novaresio cree que se trata de algo “típico de los régimenes autoritarios”. Si bien, como mencionan, no hay intenciones de realizar censuras a las distintas voces, la idea de que exista una visión “única” y “oficial” puede ser controvertida.
Otra de las voces que se manifestó en contra fue el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que opinó que “el Observatorio de medios es el avasallamiento a las libertades más burdo desde la vuelta de la democracia”. Entonces, si bien la situación puede ser delicada, debido al argumento de la crisis económica y sanitaria, una intromisión estatal, incluso como mero análisis, puede generar una visión única y sesgada que atente contra los principios democráticos de la pluralidad de voces.
