Balance de la COP2 del Acuerdo de Escazú: urge más participación

La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú cumplió dos años y dejó un balance agridulce. Si bien se trata del primer tratado internacional que reconoce la responsabilidad de los Estados latinoamericanos de proteger a los defensores ambientales, aún hay muchos retos por superar, incluyendo la ratificación del acuerdo por parte de países clave como Brasil o Colombia. En medio de este panorama, se celebró una conferencia extraordinaria del 19 al 21 de abril. Se trata de la segunda Conferencia de las Partes (COP2) del Acuerdo de Escazú, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Su mayor propósito fue definir el Plan de Protección de Defensores Ambientales y elegir a los siete primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Tratado.

El Acuerdo de Escazú tiene como marco la justicia ambiental. Por un lado, pretende garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en los procesos ambientales del continente. Asimismo, tiene un fuerte componente de defensa de los derechos (y la vida misma) de quienes son defensores ambientales. Es preciso recordar que la región tiene la mayor cantidad de asesinatos de defensores ambientales. Las estadísticas de la organización Global Witness señalan que el 68% de muertes de líderes ambientales reportadas en la última década sucedieron en Latinoamérica, con países como Colombia, Brasil y México siendo los más peligrosos para estos defensores.

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Balance de la COP2 de Escazú: más países, más cooperación

La COP2 del Acuerdo de Escazú contó con la participación de "15 delegaciones de Estados Parte, ocho delegaciones de países observadores, 357 representantes del público, 110 delegados de gobierno, 74 representantes de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales (con más de 600 personas acreditadas en total)", de acuerdo con información de la CEPAL. Estos Estados Parte son Argentina, México, Chile, Uruguay, Antigua y Barbuda, Bélice, Granada, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, y Saint Kitts y Nevis.

La conferencia cerró con un llamado a los países miembros a profundizar la implementación del tratado, así como una invitación a que los demás países aceleren la ratificación y adhesión del tratado. Para el cumplimiento de los objetivos de protección de defensores ambientales, mejor acceso a la información y más participación ciudadana es necesario que exista una mayor cooperación en la región. A la par, es fundamental fortalecer las capacidades nacionales y las alianzas regionales para brindar mayores garantías para ejercer los derechos relacionados con la justicia ambiental.

El evento generó la "Declaración de Buenos Aires", en el cual se destaca la puesta en marcha del Fondo de Contribuciones Voluntarias con un aporte inicial de México y el anunció de un aporte por parte de Chile. Asimismo, se oficializó la elección de los miembros del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Este quedó conformado por Guillermo Eduardo Acuña (de Chile); Mariana Blengio Valdés (Uruguay); Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); Andrés María Napoli (Argentina); Carole Denise Angela Stephens (Jamaica); y Félix Wing Solís (Panamá).

Retos para la implementación de Escazú

Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, República Dominicana y Perú aún faltan por ratificar y adherir el Tratado de Escazú para convertirse en Estados Parte. La celeridad que estos países le den a la ratificación en sus respectivos congresos juega un papel fundamental a corto plazo. 

Bishnu Tulsie, un delegado de un grupo de representantes del público, señaló la importancia de que en este acuerdo se escuche a las víctimas de las injusticias ambientales. “Felicitamos a los miembros electos del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo, ya que jugarán un rol muy importante: muchos de los casos son traídos por el público y las víctimas, y por eso es relevante desarrollar directrices de cómo los casos o problemas pueden ser llevados ante el Comité. Debe haber construcción de capacidades para que las personas sepan cuál es el procedimiento para aquello”, explicó durante la conferencia.

Participación ciudadana real 

Precisamente, uno de los temas que más preocupa respecto al Acuerdo de Escazú es que se logren los procesos efectivos para que exista una verdadera participación ciudadana y las necesidades de las comunidades sean escuchadas por quienes toman las decisiones. Aída Gamboa, representante de la plataforma ciudadana Escazú Ahora, hizo énfasis en este tema. “Esperamos que se elijan candidatos que hayan demostrado su compromiso con el Acuerdo. Que no solo tengan respaldo de los Estados, sino también de otros actores de la sociedad civil, comunidades indígenas, que sean personas con legitimidad”, señaló previo a la elección del Comité.

De hecho, al inicio del evento se generaron exigencias por parte de colectivos ambientales hacia la CEPAL y los Estados Parte de Escazú. Organizaciones agrupadas en la Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) y la Red Regional Escazú ahora emitieron un comunicado exigiendo mayor transparencia y participación en la toma de decisiones. En dicho comunicado, señalan que antes del evento se dieron restricciones para la participación ciudadana, que van en contra del espíritu del Acuerdo.

"Lo primero debido al poco tiempo que hubo para que las personas que no son parte de comitivas oficiales de países tuvieron para inscribirse, lo que condujo a que muchas organizaciones interesadas quedarán sin la posibilidad de participar. Por otra parte, también se dispuso que los candidatos a ser parte del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento no podrán participar de ciertas instancias de la COP, lo que supone un veto hacia ellos", señala el comunicado.

Por otra parte, representantes de distintas comunidades indígenas, actores clave para la protección de diversos entornos, han elevado propuestas para que se propicie mayor participación para los pueblos indígenas. De hecho, señalan que sería preciso crear mecanismos especiales de participación para ellos. 

 Por último, es preciso recordar que la correcta implementación del Acuerdo de Escazú es una cuestión de protección de la vida y de los derechos humanos.