Tren Maya: opacado por el daño ambiental y afectación a las comunidades

Con el objetivo de conectar seis estados del sureste mexicano, fomentar el turismo y el desarrollo económico, fue creado el Tren Maya. A pesar de sus promesas de éxito, esta obra ha sido opacada por las preocupaciones sobre la degradación del medio ambiente y la violación de los derechos de las comunidades indígenas y rurales. Analizaremos por qué esta mega obra es tan controversial. Asimismo, exploraremos las perspectivas y desafíos que enfrentará en el futuro.

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Impacto ambiental del Tren Maya

A pesar de que el gobierno ha declarado que la construcción no causará daños al medio ambiente debido a que se realizará en vías antiguas, organizaciones civiles, nacionales e internacionales cuestionan esta afirmación.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEDMA) ha expresado que la incertidumbre sobre el trazo final del proyecto impide identificar con precisión los impactos que puedan afectar a los  ecosistemas terrestres y costeros. El colectivo Articulación Yucatán ha denunciado que, a pesar de las numerosas denuncias públicas sobre el Tren Maya, las autoridades responsables no han respondido y han minimizado o desprestigiado a quienes denuncian.

Un decreto sobre obras prioritarias, aprobado en 2021, ha tenido un efecto directo en las obras del Tren Maya, específicamente en los tramos 5, 6 y 7, que van desde Quintana Roo a Campeche. Este instrumento jurídico ha permitido que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (encargado legal del Tren Maya) y el ejército (quien está construyendo y administrará parte del proyecto) no necesiten esperar el permiso de ninguna instancia reguladora, incluida la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat). 

Entre los impactos ambientales que podría causar el Tren Maya se incluyen la deforestación, la contaminación acústica y la afectación a las reservas de agua. La construcción del Tren Maya podría resultar en la tala de 2,500 hectáreas de selvas húmedas y secas, representando aproximadamente 8 millones 736 mil árboles. México ocupa uno de los primeros lugares en deforestación a nivel mundial, la contaminación acústica puede tener un impacto en los ecosistemas y en la fauna que los habita, afectando la capacidad de los animales de escuchar a sus depredadores y causando interferencia en su apareamiento. La región de la Península de Yucatán es una importante reserva de agua, especialmente de origen subterráneo, lo que aumenta la preocupación.

A pesar de lo anterior, el ejército continúa con el proyecto y el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a denostar en su conferencia "mañanera" a las organizaciones y activistas que han denunciado el ecocidio en el sur del país. Pero no solo hay daño ambiental, las Naciones Unidas, junto con otras organizaciones no gubernamentales, han denunciado que están en riesgo los derechos humanos de las comunidades indígenas de la región. 

Afectación a las comunidades locales

Desde el año 2020, relatores Especiales de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el proyecto del Tren Maya, debido a su impacto a las comunidades indígenas y su posible violación de derechos humanos. En una carta enviada al Gobierno de México, las expertas y expertos independientes denunciaron potenciales violaciones de una amplia gama de derechos humanos, incluyendo el derecho a la participación y consulta de las comunidades afectadas, la degradación del medio ambiente y los derechos de las personas y organizaciones defensoras que están luchando contra los impactos negativos de este megaproyecto.

Además, las organizaciones que se pronunciaron en noviembre de ese mismo año, llamaron la atención sobre el incumplimiento del Estado Mexicano con sus compromisos internacionales de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, han instado al Gobierno a proteger los derechos y libertades de las personas afectadas por el Tren Maya.

A la fecha, sigue siendo preocupante el impacto en los derechos territoriales, derecho a no ser desalojados y derecho a la salud de las comunidades indígenas, así como por los riesgos de daños ambientales, a la biodiversidad y al agua resultantes del proyecto. Además, el proyecto está siendo manejado por militares, lo que aumenta el riesgo de mayores violaciones a las garantías de aquellos activistas que han defendido a las comunidades indígenas.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) tiene abiertos cuatro asuntos relacionados con el Tren Maya. Sin embargo, desde que se eligió a la titular de dicho órgano (Rosario Piedra Ibarra), se ha observado un sesgo en sus resoluciones que pudieran afectar al Gobierno Federal, pues fue electa por un Senado afín al presidente AMLO y en su momento se acusó a la presidenta de la CNDH de sus relaciones cercanas con el poder. 

Desafíos del proyecto

Diferentes organizaciones han promovido amparos para detener este proyecto. Estos instrumentos jurídicos ya se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual tendrá que resolver si es viable la continuidad del Tren Maya. Pero de fallarse en favor del gobierno, y continuar el ejército con uno de los mayores ecocidios de México, estas podrían ser las implicaciones: 

• Se deforestaría una de las selvas más importantes de América Latina, sembrando un antecedente terrible en la conciencia ambiental colectiva.
• La fauna sufriría constantemente por la contaminación acústica.
• Se verían impactadas las reservas de agua en la Península de Yucatán.
• Continuaría la impunidad en la violación a los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas.
• Quedaría en entredicho el estado de derecho de México, pues se asumiría que no hay SCJN y una CNDH capaces de hacer contrapeso al Poder Ejecutivo.
• Se incumplirían compromisos en materia ambiental que han sido firmados por el Estado Mexicano a lo largo de la última década. 

Este año será clave para el Tren Maya, pues el compromiso de campaña de AMLO fue entregar este proyecto el último trimestre de 2023. La disputa judicial entre las organizaciones que defienden la selva maya y el poder presidencial se podría recrudecer en los próximos meses, por lo que será importante que las organizaciones internacionales continúen su labor de incidencia en contra de este ecocidio.