Empresas de Brasil van a tribunales para evitar la lista negra de “mano de obra esclava”

Escucha este artículo

Una docena de empresass, que el gobierno determinó que se habían involucrado en trabajo esclavo, acudieron a los tribunales para detener una inclusión de dos años

Trabajadores brasileños le dan un color a una pieza de cuero que se usará para fabricar zapatos en una fábrica en Novo Hamburgo, en el estado de Rio Grande do Sul, el 5 de agosto de 2010. Reuters

Algunas de las principales empresas en Brasil están utilizando los recursos judiciales para evitar ser nombrados y avergonzados en la "lista sucia" de mano de obra esclava del país, una práctica que, según los fiscales y jueces, debilitó una herramienta clave diseñada para evitar que las empresas se beneficien de la esclavitud.

Una docena de firmas que el gobierno determinó que se habían involucrado en trabajo esclavo acudieron a los tribunales para detener una inclusión de dos años en la lista mientras apelan la decisión, según revelaron los registros obtenidos exclusivamente por la Fundación Thomson Reuters.

Las compañías que están en la lista negra no pueden recibir préstamos estatales y tienen restricciones en sus ventas, mientras que los bancos privados también usan la lista para evaluar el riesgo crediticio y los compradores globales preocupados por sus cadenas de suministro, dijeron expertos legales.

Si después de dos años, una empresa puede demostrar que ha tomado medidas para mejorar las condiciones de trabajo, se elimina de la lista, que actualmente cuenta con aproximadamente 186 empresas y personas.

JBS Aves, una de las principales empacadoras de carne, el gigante del jugo de naranja Citrosuco y la marca de moda Fabula Confecçao e Comercio de Roupas se encuentran entre las 12 empresas descubiertas por una solicitud a través de la Ley de Acceso a la Información de Brasil.

Otras empresas incluyen a Rumo Malha Paulista, una compañía de logística, y Spal Industria Brasileira de Bebidas, un fabricante local de Coca Cola. Todas las compañías reveladas a través de la solicitud dijeron que nunca usaron mano de obra esclava y su inclusión fue un error.

Es la primera vez que se revela esa información, pero no está claro el número total de interdictos relacionados con la esclavitud otorgados en los últimos 15 años.

Si bien no hubo ninguna definida irregularidad, es probable muchas más firmas hayan usado mano de obra esclava y buscaran medidas cautelares en lugar de dos años en el limbo, pero de todas maneras tendrán que mostrar mejoras, dijo la fiscal del trabajo, Catarina von Zuben.

"Aquellos con vastos recursos económicos para pagar a grandes abogados saldrán ganando", dijo von Zuben, jefe de la Oficina Nacional de Coordinación para la Lucha contra la Esclavitud Moderna en Brasil (CONAETE), una red que incluye a varios fiscales laborales.

"Si fuera un comprador internacional, estaría muy preocupado", dijo, refiriéndose al hecho de que los mandatos judiciales significan que algunas empresas podrán estar públicamente expuestas a los hallazgos sobre el trabajo esclavo.

La secretaría de trabajo de Brasil, que es responsable de la "lista sucia", rechazó una solicitud de entrevista sobre los hallazgos.

En una declaración, la secretaría dijo que las medidas cautelares son decisiones judiciales que se obedecerán "sin juicio sobre el mérito de ninguno de ellos".

Un inspector estatal de trabajo, que habló bajo condición de anonimato ya que no estaba autorizado para hablar con los medios, dijo que pensaba que tales fallos judiciales socavaban el trabajo de su departamento.

Lea también: El trago amargo que deja la cosecha de café en Centro América

"Los inspectores de trabajo saben que una empresa grande no puede ingresar (en la lista) … y que si lo hace, permanecerá allí solo por un período corto".

NEGOCIACIÓN

En Brasil, la esclavitud se define como trabajo forzoso, pero esto también cubre la servidumbre por deudas, las condiciones laborales degradantes, las largas horas que representan un riesgo para la salud y el trabajo que viola la dignidad humana.

Cerca de 370,000 personas en Brasil, un país de aproximadamente 210 millones, son esclavos modernos, según el Índice Global de Esclavitud del grupo australiano de derechos humanos Walk Free Foundation.

La "lista sucia" fue lanzada en 2004 y ha sido aclamada por las Naciones Unidas como una herramienta clave en el impulso antiesclavista de Brasil.

Algunas de las 12 firmas con requerimientos judiciales dijeron que no creían que las condiciones que enfrentaban sus trabajadores fuera la esclavitud; otros dijeron que no deberían haber sido considerados responsables ya que los trabajadores no eran empleados directamente de ellos sino de los proveedores.

De acuerdo con los documentos, varias de las compañías dijeron que no se les había otorgado el derecho de impugnar la decisión inicial, y que ser agregados a la lista sin el derecho de apelación causaría un daño financiero irreparable, según los documentos.

Fabula, que es propiedad de Grupo Soma, una compañía con más de 4.000 empleados, dijo que consideraba que su inclusión era "injusta", pero que estaba negociando con el gobierno para salir de la "lista sucia".

El acuerdo haría que Fabula comisionara una auditoría independiente de su cadena de suministro y creara un departamento de cumplimiento que informara directamente al director ejecutivo de Grupo Soma, entre otras medidas, se indicó en su declaración en respuesta a los hallazgos.

"La mayoría de esas obligaciones ya están en práctica desde 2017, por la propia imitativa de la compañía", dijo Fabula en el comunicado. "(El acuerdo) debe ser firmado en las próximas semanas".

No estaba claro si las otras 11 compañías habían acordado cambiar sus prácticas comerciales al solicitar un requerimiento judicial.

El juez federal Charles de Moraes, quien aprobó la apelación de Fabula, dijo que la firma se agregaría a la lista si no cumplían sus promesas de mejorar sus esfuerzos contra la esclavitud.

"(Si el trato no se cumple) no hay duda al respecto: las sanciones se cumplen", agregó el juez de Moraes.

"DEBILITAR" LA LISTA

En los documentos judiciales, algunos jueces dijeron que estaban preocupados por las consecuencias financieras de colocar una empresa en la lista.

Al otorgar un recurso judicial a JBS Aves en noviembre de 2017, la jueza laboral Janice Bastos dijo que era "necesario actuar con cautela", ya que agregar a la compañía a la lista podría afectar negativamente a la firma y su personal. Ella se negó a comentar sobre su fallo.

Luciano Frota, un juez laboral y miembro del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), un organismo estatal, dijo que las empresas tenían el "derecho de recurrir a los tribunales", pero que estaba preocupado por el número de medidas cautelares que se habían otorgado con respecto al lista.

El CNJ anunció recientemente que todos los nuevos jueces laborales deben asistir a una clase sobre trabajo esclavo, y Frota dijo que el consejo estaba trabajando para que todos los jueces estuvieran más conscientes sobre la "importancia de la lista sucia", ya que no estaba claro el alcance de su conocimiento.

"Debemos saber cuántas decisiones judiciales pueden estar debilitando este valioso instrumento", dijo Frota, quien encabeza el comité del consejo sobre trabajo de esclavos.

"Necesitamos que el poder judicial se comprometa con lo que el estado brasileño está comprometido … la lucha contra el trabajo esclavo", agregó Frota.

Lea también: Anko van der Werff: responsible for leading the recovery of Avianca

El tema de los requerimientos sobre la reducción de trabajo esclavo que se otorgarán a las empresas se discutirá en una audiencia en el Senado el próximo mes sobre los esfuerzos de Brasil para combatir la esclavitud moderna.

El senador Paulo Paim, quien encabeza la comisión de derechos humanos del Senado, dijo que la concesión de medidas cautelares formaba parte de una tendencia más amplia de "debilitar" la lista, refiriéndose también a la falta de fondos para que los inspectores de trabajo viajen y realicen trabajos de campo.

La Secretaría de Inspección del Trabajo se encuentra en un estado "de calamidad", dijeron en el Congreso varios altos funcionarios estatales.

"No son solo medidas cautelares. El gobierno no invierte en inspecciones de trabajo, (los inspectores) no tienen dinero para ir a las áreas donde probablemente existe la esclavitud. La estructura es lamentable", dijo Paim.

Los intentos legislativos de fortalecer la lista, como un proyecto de ley presentado por Paim que prohibiría los contratos públicos otorgados a las empresas de la lista negra, se archivaron el año pasado, agregó.

"Todo apunta hacia un debilitamiento de la lista sucia", concluyó Paim.  (Fundación Thomson Reuters).

Reuters | Fabio Teixeira