Ecuador aumenta aranceles y convierte la ansiedad fronteriza en una ruptura regional
La decisión de Ecuador de aumentar los aranceles a los productos colombianos al cien por ciento es más que una disputa comercial. Muestra cómo los temores de seguridad, la rivalidad ideológica y el colapso de la confianza regional están transformando la política andina en un momento en que la cooperación es más necesaria que nunca.
Cuando la seguridad fija la tasa aduanera
Hay momentos en que un arancel deja de parecer una medida técnica y se convierte en un estado de ánimo político. Ecuador ha llegado a uno de esos momentos.
El gobierno del presidente Daniel Noboa ha impuesto un arancel del 100 por ciento a la vecina Colombia, vigente desde el 1 de mayo, y no pretende que esto sea solo una cuestión de balanza comercial o política industrial. El Ministerio de Producción de Ecuador afirmó que Colombia no había implementado medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico. Argumentó que, por lo tanto, Ecuador se veía obligado a tomar “acciones soberanas”. El ministerio calificó el aumento como un incentivo necesario para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera. Señaló que la seguridad, junto con la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, era una prioridad no negociable.
Ese lenguaje importa. Significa que la política aduanera ahora se está utilizando como una doctrina de seguridad. Significa que la frontera ya no se enmarca principalmente como un lugar de intercambio, sino como una zona de contaminación, riesgo y acusación política. Y en América Latina, una vez que esa perspectiva se instala, rara vez se limita al comercio. Se expande hacia la diplomacia, la ideología y la identidad pública.
La escalada también ha sido lo suficientemente rápida como para parecer teatral. El gobierno de Noboa ya había impuesto un arancel del 30% en febrero. Para marzo, esa tasa subió al cincuenta por ciento. Ahora se ha duplicado nuevamente. La secuencia habla por sí sola. No se trata de un ajuste a regañadientes. Es una confrontación que sube de tono de manera intencionada.
El telón de fondo son meses de disputas personales y políticas entre Noboa, el líder de derecha en Quito, y el presidente colombiano de izquierda, Gustavo Petro. Su disputa se ha convertido en una de esas peleas modernas latinoamericanas donde la ideología, la seguridad y la soberanía empiezan a hablar por el mismo micrófono. Cada lado dice estar defendiendo a la nación. Cada lado insinúa que el otro es imprudente o deshonesto. Y, en medio de todo eso, la verdadera integración regional comienza a deshilacharse.
Una disputa fronteriza se convierte en prueba ideológica
Petro reaccionó poco más de una hora después de que se anunciara la nueva tasa, escribiendo en redes sociales que las acciones de Ecuador estaban provocando el colapso del Pacto Andino, el acuerdo regional de libre comercio cuyas raíces se remontan a los años sesenta. Calificó la medida como “una monstruosidad” y dijo que Colombia ya no tenía nada que hacer allí. Instó a su canciller a buscar la membresía plena en el Mercosur y a impulsar al país con más fuerza hacia el Caribe y Centroamérica.
Esa respuesta suena dramática, pero también revela cuán grande se ha vuelto esta disputa. El argumento ya no se limita a los aranceles ecuatorianos. Ahora toca el futuro mismo de la arquitectura regional. La idea andina, aunque golpeada, siempre ha descansado en la creencia de que los estados vecinos con historias y economías entrelazadas tienen más que ganar con marcos compartidos que con nacionalismos de represalia. El aumento arancelario de Ecuador y la respuesta de Petro sugieren que esa creencia se debilita rápidamente.
El momento es especialmente delicado porque Petro está en los últimos meses de su presidencia. Llegó al poder como el primer presidente de izquierda de Colombia, cargando el peso complejo de ser un exguerrillero en un país marcado por un largo conflicto interno. Su enfoque distintivo en seguridad ha sido la “Paz Total”, un esfuerzo por negociar con grupos rebeldes y redes criminales en lugar de depender únicamente de la fuerza. Eso lo ha convertido en un blanco de críticas de la derecha, tanto dentro como fuera del país.
Noboa ha repetido muchas de esas críticas. También lo ha hecho Donald Trump. Ambos han atacado a Petro por no hacer lo suficiente contra el narcotráfico, a pesar de incautaciones históricas durante su mandato, incluida la incautación en noviembre pasado de cocaína valorada en aproximadamente 388 millones de dólares, descrita como el mayor decomiso en una década. Pero la política rara vez premia la complejidad en un momento como este. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, una realidad que antecede a Petro pero que ahora pesa sobre su presidencia como una acusación permanente.
Noboa se ha alineado estrechamente con Trump en varios frentes de política exterior, incluida la presión sobre Cuba. Se unió a la coalición “Escudo de las Américas”, un esfuerzo regional de tendencia derechista para enfrentar redes criminales y cárteles. Cuando anunció por primera vez la ofensiva arancelaria en enero, dijo que Ecuador había mostrado un “compromiso genuino” en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Colombia no, incluso cuando Ecuador enfrentaba un déficit comercial de más de mil millones de dólares anuales.
Ese es el trasfondo ideológico más amplio de la disputa. Noboa presenta a Ecuador como un Estado disciplinado, dispuesto a castigar, endurecerse y trazar líneas. Petro, en cambio, defiende un enfoque más negociador mientras intenta mantener abiertas las opciones regionales de Colombia. Un lado trata la fuerza como prueba de seriedad. El otro ve la escalada como señal de que el regionalismo mismo está siendo sacrificado.
El precio de romper el hábito andino
Lo que hace que este conflicto sea más que simbólico es que la interdependencia real ya está siendo dañada. Desde que Ecuador impuso los aranceles, Colombia ha suspendido las ventas de energía transfronterizas, que habían sido importantes para ayudar a Ecuador a manejar la escasez de electricidad vinculada a las recientes sequías. Colombia también ha impuesto aranceles de represalia a ciertos productos ecuatorianos.
Ese detalle debería mantener todo el argumento en tierra firme. A pesar de toda la retórica sobre soberanía, siguen siendo países vecinos unidos por necesidades prácticas. Ecuador puede subir aranceles en nombre de la integridad territorial, pero los cortes de electricidad no entienden de teatro político. Colombia puede denunciar el fin de un viejo pacto comercial, pero sus propias medidas de represalia también empujan la relación hacia una mayor distancia. Cuando el lenguaje de la seguridad lo invade todo, incluso la dependencia cotidiana empieza a parecer sospechosa.
Otros agravios han profundizado la ruptura. Ecuador retiró a su embajador de Colombia después de que Petro describiera al político de izquierda Jorge Glas como un “preso político”. Noboa calificó esa retórica como un ataque a la soberanía ecuatoriana. Mientras tanto, Petro ha acusado a Noboa de bombardear cerca de la frontera colombiana durante operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, y funcionarios colombianos dicen haber recuperado veintisiete cuerpos calcinados en la región fronteriza. Esto ya no es una diferencia de políticas gestionada por canales diplomáticos. Es una relación llena de insultos, agravios y narrativas morales en competencia.
Por eso la historia del arancel importa más allá de la política aduanera. Muestra cuán rápido puede vaciarse el regionalismo latinoamericano cuando la inseguridad se convierte en el lenguaje dominante. La vieja promesa de integración nunca fue solo comercial. También era una forma de bajar la temperatura emocional del continente, haciendo que los vecinos fueran menos propensos a convertir cada crisis en una prueba de soberanía. Pero Ecuador y Colombia ahora están haciendo exactamente eso.
Para Noboa, la apuesta política es clara. En una región donde el miedo al crimen organizado puede reordenar electorados enteros, una postura más dura puede parecer fortaleza. Para Petro, el riesgo es igualmente obvio. Cualquier gesto que parezca conciliador puede ser presentado como debilidad, especialmente por líderes que prosperan con fronteras más marcadas y enemigos más simples.
Lo que se desmorona primero en ese clima no es solo el comercio. Es un hábito. El hábito de cooperar. El hábito de asumir que el vecino sigue siendo un socio incluso cuando la política cambia. El hábito de creer que el espacio andino sigue siendo un proyecto común y no solo un arreglo temporal esperando la próxima crisis para romperse.
El aumento arancelario de Ecuador es, en el papel, una medida soberana. En la práctica, parece algo más revelador y preocupante. Es una señal de que, en partes de América Latina, los gobiernos vuelven a encontrar más fácil convertir la frontera en un arma que gobernar a través de ella. Y cuando eso ocurre, la factura rara vez se detiene en la aduana.
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