Todo lo que debe saber del cartel descubierto en la justicia peruana

¿Cuál es la relación de este caso con el colombiano?

Luego de que la prensa peruana diera a conocer grabaciones, en el que el sistema judicial queda muy mal parado frente ala presunta corrupción que existe en esa rama del poder público, el presidente Martín Vizcarra anunció una reforma al sistema judicial peruano. Sin embargo, el anunció fue hecho por el entonces ministro de justicia, Salvador Heresi, quien debido a que se vio salpicado por el escandalo debió dimitir al cargo. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha sido el órgano que se ha visto más vinculado al escandalo y es el que se encarga de designar jueces y fiscales a nivel nacional. Según una encuesta de IPSO, el 85% de los peruanos cree que todos sus miembros deben ser destituidos, hasta el momento sólo Guido Águila ha renunciado a su cargo.

Cuando el entonces ministro de justicia Heresi, anunció la reforma judicial, incluso aseguro en rueda de prensa que “si en un corto plazo no hay voluntad política (del Congreso), tendremos que ir hacia otros mecanismos democráticos, como el referéndum”, afirmó haciendo un llamado a la necesidad de la reforma en el país. Para el gobierno es indispensable pensar en el referéndum, ya que es la oposición encabezada por Keiko Fujimori, quien controla el congreso y puede dilatar la propuesta, y en donde ese partido, Fuerza Popular, se ha visto también envuelto en el escandalo: Joaquín Ramírez, exsecretario general, en una de las grabaciones es mencionado por supuestamente blanquear dinero para las campañas de Keiko, según el diario El Comercio.

Los audios

En los audios difundidos, se escucha que los magistrados negocian sentencias o piden favores a cambio de estas. Por ejemplo, el presidente de la Corte Superior de Apelaciones del Callao, Walter Ríos, en uno de los audios pide un alta suma de dinero; el Juez Cesar Hinoztroza, también de la Corte Superior, es escuchado en uno de los audios negociando una sentencia. Se cree que Hinostroza se reunió con Keiko Fujimori, cuando se empezó a investigar la financiación de sus campañas.

Para el presidente Vizcarra “ninguna fuerza política, ningún miembro de la administración judicial ni ningún peruano de buena voluntad puede oponerse a una reforma el Estado y de la Justicia”, aseguro en un mensaje televisado. El Cardenal de Lima, monseñor Pedro Barreto, también instó a la población a apoyar la reforma, “la propuesta del presidente de reforma judicial tiene que ser apoyada por todos y esperamos que el 28 de julio pueda explicar de manera clara, cuál será la salida para vivir en una real democracia participativa y vigilante que apoye las iniciativas de personas honestas que ciertamente hay en el Perú”, expresó.  EL 28 de julio, el presidente explicará a los peruanos en que consiste la reforma, ya que los miembros de la comisión fueron designados.

La comisión encargada ya fue criticada

A través de una resolución presidencial, y publicada en el diario El Peruano, el presidente Vizcarra dio a conocer los siete miembros de la Comisión encargada de reformar el Sistema de Justicia, estos son:

• Allan Wagner Tizón (presidente de la Comisión), ex canciller y actual presidente de la Asociación Civil Transparencia. 
• Delia Revoredo Marsano, ex canciller y actual presidente de la Asociación Civil Transparencia. 
• Hugo Sivina Hurtado, presidente del OSCE y viceministra de la promoción de empleo.
• Samuel Abad Yupanqui, constitucionalista y Adjunto en Asuntos Constitucionales y Primer Adjunto de la Defensoría del Pueblo.
• Eduardo Vega Luna, ex titular de la Defensoría del Pueblo.
• Ana Teresa Revilla Vergara, presidente del OSCE y viceministra de la promoción de empleo. 
• Walter Albán Peralta, ex ministro del Interior y ex director de Proética.

Sin embargo, a esa designación ya saltó el partido Aprista Peruano (PAP), ya que para ellos no se puede designar a una persona que trabajo con el expresidente Ollanta Humala, refiriéndose a Walter Albán.

El cartel de la toga también sucede en Colombia

En Colombia una situación similar se ha vivido luego de que, en 2017, se diera a conocer como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscales aceptaran sobornos para demorar y dilatar procesos judiciales. Incluso la DEA ha participado en la investigación, ya que uno de los implicados, el exgobernador del departamento de Córdoba, Alejando Lyons, quien huyó a Miami se convirtió en informante para la agencia anti drogas, demostró que uno de los fiscales le pedía dinero para dilatar los procesos en su contra.

En la investigación hecha por el diario El Espectador de Colombia, se cuenta que están siendo investigadas más de 50 personas que salpican no solo al poder judicial, sino también a la rama legislativa. La DEA está participando activamente de la investigación, ya que se prevé un lavado de activos usando territorio estadounidense.

LatinAmerican Post | Carlos Eduardo Gómez Avella

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