El dilema de la coca en Bolivia: tradición, tráfico y la presión por leyes más duras
La expansión de los cultivos de coca en Bolivia ha puesto al descubierto una difícil división entre los medios de vida ancestrales y el narcotráfico. Con un cultivo que excede el límite legal en 14.400 hectáreas, algunos productores piden ahora penas de cárcel por la siembra no autorizada, lo que pone a prueba los límites de la supervisión comunitaria en todo el país.
La hoja y el sustento
En el mercado de coca de La Paz, mujeres aimaras venden una hoja que paga las necesidades cotidianas. Para las familias de Los Yungas, la región subtropical de cultivo en el departamento de La Paz, la coca es trabajo, ingreso y herencia. Eso hace llamativa la última exigencia de su asociación de productores: enviar a prisión a quienes siembren el mismo cultivo en lugares donde está prohibido.
Daynor Choque, presidente de la asociación de productores de coca de La Paz, Adepcoca, dijo a EFE que miles de productores dependen de la planta para acceder a salud, educación y empleo. Su argumento subraya lo que está en juego en términos humanos. Tratar todo el cultivo como una mercancía criminal amenazaría a hogares cuyos medios de vida se apoyan en una tradición protegida por la Constitución.
La Constitución de Bolivia reconoce la coca como patrimonio cultural y recurso natural renovable, y declara que la hoja en su estado natural no es un estupefaciente. Su economía legal abarca infusiones, harina, productos de panadería, cosméticos y medicinas. El acullico, la práctica tradicional de masticar coca, también tiene un significado social que no puede captarse midiendo superficies ni contando decomisos.
Choque lo describió a EFE como un símbolo de unidad y reciprocidad en asambleas y festividades. Bolivia celebra esa tradición cada 11 de enero, en conmemoración de su retorno en 2013 a la convención de drogas de las Naciones Unidas con una reserva que permite el acullico en el ámbito interno. La distinción tiene consecuencias políticas: proteger la práctica indígena y restringir al mismo tiempo la oferta ilícita exige que el Estado distinga entre actividades que involucran la misma planta.
El mapa detrás del excedente
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registró 36.400 hectáreas de coca en 2025, un 7 por ciento más, por encima del límite legal de 22.000 hectáreas, lo que deja 14.400 hectáreas por encima del tope. Dicho de otro modo, el cultivo es aproximadamente un 65 por ciento superior al máximo nacional autorizado. El exceso representa casi dos quintos del área total sembrada.
Esas cifras miden tierra, no el volumen de cocaína producido. El rendimiento, el consumo lícito y el desvío hacia el procesamiento ilegal son preguntas distintas. Aun así, el desglose regional deja claro que la expansión es desigual. El cultivo de coca en el Trópico de Cochabamba subió de 14.275 a 17.460 hectáreas, un 22 por ciento más, mientras que Los Yungas se contrajo cerca de un 4 por ciento.
Los Yungas pasó de 19.230 a 18.430 hectáreas, una pérdida de 800 hectáreas. El aumento de Cochabamba fue de 3.185 hectáreas, casi cuatro veces esa reducción. Un total regional en descenso no establece que cada parcela restante esté autorizada. Sí muestra, sin embargo, por qué los productores que enfrentan una contracción podrían ver las restricciones a la expansión en otros lugares como económicamente importantes y jurídicamente necesarias.
La geografía también tiene historia política. Los agricultores de Los Yungas cultivaban coca antes de la colonización española. El cultivo se expandió en el Trópico durante los años ochenta, y la región se convirtió en el bastión sindical y político de Evo Morales, presidente de 2006 a 2019. Cualquier intento de controlar la producción toca, por lo tanto, a organizaciones cuya influencia se apoya en defender a los productores y sus medios de vida.
El exministro de Gobierno Saúl Lara dijo a EFE que más del 90 por ciento de la producción en el Trópico se destina a pasta base y clorhidrato de cocaína. Esa es su apreciación; las cifras de cultivo por sí solas no pueden sustentar ese porcentaje. Su advertencia más amplia identifica dos problemas de control entrelazados: el exceso de producción de coca y el procesamiento criminal que convierte parte de la cosecha en drogas.
La cárcel se encuentra con la cadena de suministro
La nueva política antidrogas del gobierno aborda el cultivo y las organizaciones transnacionales. Mónica Mendoza, representante de la agencia de la ONU contra la droga en Bolivia, dijo a EFE que el país se había convertido en un centro operativo para los cárteles. Lara también describió una ruta de tránsito que lleva drogas desde Perú a través de Bolivia hacia Brasil y Europa. Controlar los campos nacionales aborda, por lo tanto, solo un componente de un negocio mucho mayor.
La ley propuesta por Choque impondría de cinco a ocho años de prisión por cultivar en lugares no autorizados, incluidas las áreas protegidas, y sancionaría las ventas no autorizadas. Sigue siendo una propuesta. Su importancia radica en parte en quién exige el castigo: un dirigente de productores que sostiene que la expansión ilícita pone en peligro el valor ancestral del cultivo del que dependen sus miembros.
“Las políticas del Estado no están funcionando”, dijo Choque a EFE, y criticó también la supervisión comunitaria exigida por la ley de la coca de Bolivia. Esa admisión cuestiona la idea de que los productores puedan contener la expansión solo mediante la disciplina colectiva. Avanzar hacia el encarcelamiento colocaría una mayor responsabilidad en las autoridades públicas para establecer dónde se permite el cultivo, demostrar las infracciones y hacer cumplir las restricciones de manera uniforme en regiones productoras políticamente organizadas, con intereses económicos y lealtades en competencia.
Las penas de prisión, sin embargo, solo llegarían hasta donde llegue la aplicación de la ley. Un productor que siembra fuera de una zona autorizada y una organización que financia laboratorios o coordina envíos internacionales ocupan posiciones distintas en el negocio. Una estrategia creíble tendría que establecer esas conexiones. De lo contrario, penas más severas para la siembra podrían coexistir con redes criminales que conservan su dinero, su capacidad de procesamiento y sus rutas.
Promover los derivados legales de la coca, por sí solo, no establece cuánto excedente podría absorber la demanda legítima. Eso requeriría cifras nacionales confiables de consumo junto con estimaciones de demanda industrial. El desafío de Bolivia es preservar un sustento ancestral mientras hace aplicables los límites de cultivo y costoso el tráfico. Para las vendedoras del mercado de La Paz, la distinción determina si su hoja sigue siendo una fuente ordinaria de ingresos o carga con una sombra criminal cada vez más pesada.
