ANÁLISIS

Cuba culpa a Washington de su crisis humanitaria, pero La Habana no puede declararse inocente

Las sanciones estadounidenses están alterando las cadenas de suministro de Cuba, pero Washington no creó todas las carencias. La evidencia apunta a una escalada estadounidense perjudicial superpuesta a fracasos internos, con los cubanos de a pie pagando por políticas que ninguno de los dos gobiernos puede atribuir honestamente por completo a factores externos.

La evidencia del transporte marítimo es real

Un contenedor de medicinas no es atención médica. Solo se convierte en atención cuando su contenido llega a quien lo necesita. Esa distinción está detrás de la acusación del canciller Bruno Rodríguez, reportada por EFE el 14 de septiembre, de que la presión estadounidense ha dejado varados 7,000 contenedores destinados a Cuba, en su mayoría con alimentos, medicinas y equipos médicos.

Rodríguez afirma que la carga fue contratada y pagada. Eso importa: si se verifica, distinguiría una entrega interrumpida de la incapacidad de Cuba para comprar suministros. Pero el relato no proporciona un inventario auditado de forma independiente, pesos de la carga ni volúmenes normales de importación mensual. Siete mil es una alegación que requiere verificación, no una estimación útil de cuántos pacientes o comidas se ven afectados.

La propia interrupción del transporte marítimo está mejor documentada. Hapag-Lloyd publicó en mayo una suspensión de nuevas reservas hacia Cuba. Tanto esta empresa como CMA CGM dijeron a Reuters que sus decisiones siguieron a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 1 de mayo. Esta es evidencia de las compañías, no solo la explicación de La Habana.

Fuentes de Reuters estimaron que las suspensiones podrían amenazar el 60 por ciento del volumen de envíos de Cuba. Eso era una exposición potencial, no una caída medida del 60 por ciento. Aun así, perder acceso a los principales transportistas constituye un mecanismo concreto para que las sanciones agraven las carencias.

La política es más amplia que la negativa de Estados Unidos a comerciar. La orden de Trump del 29 de enero amenazó con aranceles a los países que suministraran petróleo a Cuba. Su orden de mayo amplió la autoridad de sanciones sobre empresas y entidades financieras extranjeras. Por lo tanto, un proveedor puede enfrentar consecuencias estadounidenses por una transacción realizada fuera de Estados Unidos.

Estas medidas hacen que el daño humanitario sea previsible. El Programa Mundial de Alimentos dice que la canasta de racionamiento de Cuba es casi totalmente importada. Su distribución depende del transporte y el combustible, no solo de si una bolsa de arroz está legalmente exenta.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Los fracasos de La Habana preceden a la ofensiva

Pero Cuba no estaba sana antes de que Washington apretara las tuercas. En enero de 2025, The Associated Press describió carencias y apagones junto a la construcción de un hotel de lujo de 542 habitaciones en La Habana. El número de visitantes cayó de 4.2 millones en 2019 a 2.2 millones en 2024, aproximadamente un 48 por ciento.

Eso no prueba que toda inversión hotelera fuera irracional. El turismo genera divisas que pueden financiar importaciones esenciales. Sin embargo, plantea una pregunta difícil sobre comprometer capital escaso en más habitaciones mientras la capacidad existente está subutilizada. Las sanciones estadounidenses limitan las opciones de Cuba; las autoridades cubanas siguen eligiendo entre ellas.

Tampoco todos los obstáculos fueron importados. EFE informó este septiembre que nuevas reformas permiten negocios privados con más de 100 empleados y autorizan a empresas extranjeras a contratar trabajadores directamente en vez de a través de agencias estatales. Estos cambios reconocen restricciones que La Habana podría modificar por sí misma. Son bienvenidos, pero su tardanza merece escrutinio.

El argumento histórico funciona en ambos sentidos. Una crisis anterior a 2026 no pudo haber sido creada enteramente por las medidas de este año. Sin embargo, las sanciones más antiguas ya estaban en vigor, por lo que una fecha de inicio anterior tampoco absuelve a Washington. La cronología descarta una explicación simplista sin aportar otra.

La evidencia disponible no puede asignar porcentajes precisos de responsabilidad a las sanciones, las decisiones económicas internas, la pandemia u otros choques. Pretender lo contrario convertiría una opinión en una contabilidad falsa. La conclusión defendible es la interacción: las restricciones externas golpean más fuerte cuando la producción interna y los servicios públicos ya son frágiles.

Foto de archivo de un hombre empujando una carretilla llena de plátanos en La Habana, Cuba. EFE/Ernesto Mastrascusa

Una exención no es una entrega

Washington tiene una defensa de fondo que merece más que un simple rechazo. La guía del Tesoro actualizada el 6 de agosto dice que los proveedores no estadounidenses de alimentos, medicinas y dispositivos médicos generalmente no son objetivos previstos de las sanciones. El comercio humanitario no está universalmente prohibido. Llamar a cada envío retrasado una incautación estadounidense tergiversaría la evidencia.

Informes separados de EFE complican aún más el panorama. Las exportaciones estadounidenses a Cuba alcanzaron los 674 millones de dólares entre enero y julio, un aumento del 61.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Parte del comercio está creciendo, no desapareciendo. Eso contradice las descripciones de una isla completamente sellada, pero no dice nada definitivo sobre si los suministros llegan a hospitales públicos o a los hogares más pobres.

Estos son valores en dólares, no una medida de la disponibilidad física total entre todos los socios comerciales. El aumento de compras a un país puede coexistir con graves interrupciones en otros. Ni Washington ni La Habana deberían convertir una cifra de comercio bilateral en un veredicto sobre la privación nacional.

El ministro cubano de Comercio, Óscar Pérez-Oliva, también reconoció que CMA CGM había reanudado parcialmente los servicios para carga de alimentos y medicinas. Eso debilita cualquier afirmación de una paralización total del transporte marítimo. No demuestra que los atrasos acumulados se hayan resuelto ni que la infraestructura esencial de energía y agua pueda recibir todo lo que necesita.

Aquí la distinción entre exenciones y resultados se vuelve decisiva. En mayo, expertos de Naciones Unidas advirtieron que las restricciones estadounidenses al combustible estaban interrumpiendo servicios esenciales. Un envío médico necesita más que permiso: necesita una cadena de entrega funcional. Proteger la caja mientras se socava esa cadena es una política humanitaria insuficiente.

Las condenas diplomáticas no son auditorías independientes. El estándar práctico debe ser entregas verificadas y servicios funcionales, junto con compras y distribución cubanas transparentes. Washington debe proteger el transporte y financiamiento humanitario; La Habana debe informar públicamente sobre las carencias y eliminar obstáculos internos evitables para el alivio.

La responsabilidad estadounidense es real, pero no exclusiva. La afirmación más acotada de Rodríguez, de que la presión de EE. UU. causa un daño humanitario grave, está respaldada; tratar a Washington como el único autor de la crisis cubana no lo está. La Habana no puede externalizar la responsabilidad de sus fracasos internos. Washington no puede citar ese fracaso como permiso para profundizarlo.

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