La ofensiva colombiana choca con la economía fronteriza de Cúcuta, donde los criminales cobran sus propios impuestos
La militarización de Cúcuta sigue al asesinato de un candidato y a un atentado, pero la violencia va más allá de Colombia. Los grupos armados aprovechan las rutas hacia Venezuela y convierten el comercio, el tránsito y la débil cooperación entre gobiernos en ingresos, mientras las familias cargan con los costos de un gobierno criminal en competencia.
Una ciudad bajo órdenes
Miguel Castellanos Serrano viajaba sin sus escoltas cuando unos hombres armados lo mataron cerca de una gasolinera el lunes. Tres días después, familiares y amigos se despidieron de él, y el presidente de Colombia ordenó el despliegue de soldados en la ciudad que Castellanos aspiraba a gobernar.
El mayor retirado de la policía y exsecretario de gobierno municipal había trabajado en seguridad, acceso a la justicia y recuperación del espacio público. Su asesinato golpeó a alguien que entendía cómo funcionaba la autoridad local. Para otros posibles candidatos, plantea una pregunta sombría: ¿con cuánta seguridad puede alguien desafiar a quienes ejercen el poder fuera de las instituciones electas?
El martes, un artefacto explosivo cerca de un puente internacional hirió al menos a cuatro civiles y a dos policías, según EFE. Los dos ataques, ocurridos con días de diferencia, llevaron la violencia tanto a la vida política como a la infraestructura por la que esta ciudad fronteriza realiza sus negocios cotidianos.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció el jueves que la militarización sería temporal. Más personal del ejército trabajará con la policía, mientras la campaña Esparta y un comando de seguridad urbana comenzarán a operar el 3 de noviembre. Prometió acciones contra las finanzas criminales y dijo que visitaría la ciudad la semana siguiente.
La nueva operación tiene fecha de inicio; el refuerzo militar no tiene un punto final fijo. Su duración declarada depende de restablecer el orden, lo que deja una pregunta importante sobre cómo se medirá ese logro.
El relato de EFE no identifica quién ordenó cada ataque ni establece que compartieran un autor. El contexto fronterizo ayuda a explicar las condiciones en las que prospera la violencia. No puede sustituir las pruebas sobre estos crímenes concretos.
La frontera como negocio
Cúcuta está junto a Venezuela y cerca del Catatumbo, donde organizaciones armadas compiten por la producción de coca y las rutas del tráfico. Esa geografía conecta las economías rurales de la droga con el transporte, el comercio y los cruces. Quien controla el movimiento puede extraer dinero de él.
La escala importa. La oficina de la ONU contra la droga registró 48.739 hectáreas de coca en su región de monitoreo del Catatumbo en 2024, un aumento del 11 % respecto a 2023. Esa región estadística incluye Norte de Santander y Cesar. Representó casi una quinta parte de las 261.000 hectáreas de Colombia, lo que indica las sustanciales apuestas económicas en torno a las rutas que sirven a la región.
Esas cifras miden la tierra sembrada, no la cantidad de cocaína que pasa por Cúcuta ni por Venezuela. Su importancia es estructural: una extensa economía de producción hace valioso el acceso a los corredores y estimula la competencia armada por el territorio entre los cultivos y los mercados.
La conexión con Venezuela también involucra espacio de operación. En junio, el monitor de conflictos ACLED describió al Ejército de Liberación Nacional, o ELN, expandiéndose a ambos lados de la frontera, sostenido por economías ilícitas y protección política en Venezuela. Las jurisdicciones separadas complican la persecución y la investigación, en especial cuando la cooperación entre gobiernos es débil. La presión de un lado puede dejar a las redes margen para reorganizarse en otro lugar.
El comercio local aporta otra fuente de ingresos. La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió en diciembre de 2024 que grupos armados extorsionaban a negocios en Cúcuta y los municipios vecinos. Su alerta detallada describió a comerciantes rurales que enfrentaban exigencias de organizaciones rivales, y pagarle a una los exponía a acusaciones de apoyar a un enemigo. Las autoridades habían recibido estas advertencias casi dos años antes.
Para un comerciante, eso convierte el ganarse la vida en una negociación peligrosa. Pagar puede comprar un permiso temporal para trabajar sin ofrecer protección duradera. Negarse puede traer amenazas. Las mismas organizaciones que producen inseguridad venden seguridad.
La Defensoría también identificó a bandas que aprovechan los cruces fronterizos para el tráfico y el contrabando de migrantes. Los migrantes figuraban entre las poblaciones especialmente expuestas a la victimización. La conexión con Venezuela, por lo tanto, concierne a rutas, organizaciones armadas y fallas de protección que abarcan dos países, con personas vulnerables atrapadas dentro de esa economía.
Lo que los soldados no pueden resolver
El refuerzo militar puede proteger lugares expuestos e interrumpir la actividad armada. Tras un asesinato y un atentado, la protección inmediata importa. Pero controlar el acceso a un puente no desmantela automáticamente a quienes cobran extorsiones, organizan el transporte o protegen transacciones ilícitas más lejos.
El conflicto más amplio también llega a Cúcuta a través del desplazamiento. Human Rights Watch informó en marzo de 2025 que más de 56.500 personas habían huido de combates y abusos que involucraban al ELN y al Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Unas 20.300 habían ido a Cúcuta, aproximadamente el 36 % de ese total reportado.
Esa fue una instantánea de emergencia fechada, no el conteo actual de desplazados. Muestra por qué la seguridad de la ciudad no puede separarse de la violencia en el campo circundante. Las familias que llegan en busca de seguridad necesitan vivienda, trabajo y protección frente al reclutamiento. Sus necesidades persisten después de que aparezcan los retenes.
Una respuesta duradera conectaría la protección en las calles con investigaciones que sigan el dinero e identifiquen a quienes ordenan la violencia. La cooperación con las autoridades venezolanas importa dondequiera que sospechosos, activos o rutas crucen el límite. Esa cooperación necesita resultados verificables y salvaguardas contra la corrupción, en lugar de depender solo de declaraciones diplomáticas.
El gobierno también debe preservar la circulación lícita. Si las restricciones de seguridad dificultan el comercio legítimo mientras las rutas clandestinas siguen disponibles, los intermediarios armados pueden ganar clientes y poder de negociación. Los habitantes de la frontera necesitan una manera de trabajar sin comprar permiso a los criminales.
La familia de Castellanos ya ha sufrido una pérdida irreversible. Para la ciudad que él quería dirigir, la prueba significativa llegará después del primer despliegue. Si los candidatos pueden hacer campaña, los comerciantes pueden negarse a la extorsión y las familias pueden cruzar un puente sin que otra autoridad decida el precio.
