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La oposición venezolana está en una nueva encrucijada electoral

La oposición ha decidido sumarse al proceso, con el acompañamiento de observadores internacionales, a pesar de los cuestionamientos, las críticas y los abusos del chavismo.

Centro de votación en Venezuela

Luego de la renovación parcial del consejo nacional electoral, de la liberación de varios presos políticos y de la habilitación de varios candidatos perseguidos, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha vuelto al terreno electoral para enfrentar al chavismo este 21 de noviembre. Foto: Prensa de Francia

LatinAmerican Post | Anderson Ayala

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Luego de la renovación parcial del consejo nacional electoral, de la liberación de varios presos políticos y de la habilitación de varios candidatos perseguidos, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha vuelto al terreno electoral para enfrentar al chavismo este 21 de noviembre. No lo hacía desde 2017, también en elecciones de gobernadores, donde perdió la mayoría de estados y donde calificó los resultados de “fraude”.

Esta decisión fue tomada al calor de los procesos de diálogo sostenidos entre gobierno y oposición, facilitados por el Reino de Noruega este año en México. Aunque ello se vio interrumpido en los meses de octubre y noviembre, por decisión de la delegación chavista, las garantías electorales prometidas a la oposición fueron un aliciente contundente, con la legitimidad dada por gobiernos como el de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea (que acompañará las elecciones luego de 15 años de ausencia).

En este contexto es que la oposición se vio en la encrucijada de participar o no, con apoyos de fuerzas internas y de países democráticos, pero también con el rechazo de dirigentes nacionales y de actores internacionales como el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Esa vuelta al ruedo fue justificada bajo las banderas de “organizar” a la ciudadanía, sobre todo de cara a procesos electorales futuros, y de “no entregar espacios” a los candidatos del chavismo. Con ello se ha mostrado que las elecciones pueden ser una oportunidad para mostrar fuerza, para renovar liderazgos y para obtener algunos espacios de poder local o regional. Así lo han promovido antiguos candidatos presidenciales como Henrique Capriles y Manuel Rosales.

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Esa narrativa logró éxito en las fuerzas políticas de oposición, pues de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el número de candidatos supera los 70 mil escritos. Sin embargo, la división de la oposición y las múltiples candidaturas separadas, pueden disminuir las pretenciones de ganar elecciones.

Sin embargo, pese al enorme número de candidatos, las intenciones de voto no dan indicios de una participación masiva de la ciudadanía, tal como ha reconocido también el propio rector del CNE, Roberto Picón, en diálogo con France 24. Picón estima una votación de entre el 30 y el 40% del registro electoral, con base en la participación de las elecciones pasadas..

Pero no todos han avalado el proceso. También han surgido rechazos de dirigentes nacionales como Leopoldo López y María Corina Machado, quienes han cuestionado la legitimidad y la naturaleza del proceso, así como la poca transparencia de los actores participantes. La principal razón aludida es que el proceso solo da legitimidad al gobierno de Nicolás Maduro y, en especial, a su pretensión de mostrar una imagen democrática, con normalidad política, sin inhabilitaciones y sin persecución.

Esto no significa que esos sectores no quieran poner fin a la crisis, o que no crean en una salida negociada del chavismo. Pero es un hecho que esta misma oposición ha desincentivado el voto como mecanismo de lucha en los últimos años, bajo justificaciones idénticas a esas, sobre todo en las elecciones donde no ha participado.

Esto tiene su origen reciente en las elecciones a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente de 2017, donde la propia empresa Smartmatic, encargada del software electoral en las máquinas de votación, anunció falta de correspondencia entre los resultados arrojados y los anunciados. Luego de ello, la oposición llamó a la abstención en las elecciones municipales de ese año, en las presidenciales de 2018 y en las parlamentarias de 2020, donde perdió el reducto que le quedaba.

Lo llamativo es que en todos esos comicios tampoco propuso una vía de lucha alterna, más allá de movilizaciones estériles. La aludida falta de legitimidad del proceso no impidió que el chavismo se apropiara de esos espacios, con todo el respaldo de las fuerzas de seguridad del Estado. De tampoco haber participado en estas elecciones, es probable que ello se hubiese vuelto a repetir.

Adicionalmente, la participación de la oposición (o una parte importante de esta) le daría al presidente venezolano el argumento de unas elecciones justas que le permitan negociar el levantamiento de sanciones económicas internacionales. Maduro buscaría, especialmente, la liberación de empresas petrolíferas que le permita liberar la presión económica que sufre.

Ahora el reto de la oposición es volver a legitimar el derecho al voto, organizar su maquinaria electoral y convencer a la ciudadanía de la vinculación que tendrá su participación, pese a que no han cambiado las condiciones que se denunciaron en procesos anteriores.

Además, como añadido, este proceso sí está avalado por buena parte la comunidad internacional, con el envío de acompañantes y observadores internacionales, como es el caso de las misiones enviadas por la Unión Europea y el Centro Carter de los Estados Unidos. La justificación de ello estuvo en ver los comicios como una manera de “encontrar una salida” a la crisis venezolana.