Colombia cuenta los días mientras el escándalo de corrupción de Petro estalla en público
A pocos días de que Gustavo Petro deje la presidencia de Colombia, acusaciones que involucran a Juliana Guerrero, contratos estatales, credenciales en disputa y furiosas acusaciones de la exasesora Angie Rodríguez han convertido su transición en un amargo ajuste de cuentas sobre el poder, la lealtad y las promesas de la izquierda.
Una joven asesora con alcance inusual
Con la transferencia de poder del 7 de agosto acercándose, la primera presidencia de izquierda de Colombia no se desliza tranquilamente hacia las puertas del palacio. Termina ruidosamente, con antiguos aliados acusándose entre sí, fiscales investigando denuncias y Petro defendiendo a una joven operadora cuyo acceso parecía exceder su autoridad formal.
Juliana Guerrero, una exasesora del Ministerio del Interior de 23 años, fue presentada por Petro durante una reunión televisada del gabinete como futura viceministra de juventud. El nombramiento se vino abajo tras surgir dudas sobre títulos académicos supuestamente otorgados sin los exámenes requeridos. Sin embargo, ella permaneció cerca de los asuntos gubernamentales y representó a Petro en la junta directiva de la Universidad Popular del Cesar.
Esa persistencia transformó una controversia de personal en una cuestión sobre la cultura de gobierno. Colombia ha soportado generaciones de clientelismo basado en recomendaciones, apellidos y acceso privado a cargos públicos. Petro prometió romper esa maquinaria. El ascenso de Guerrero sugería que la vieja gramática de la proximidad podía sobrevivir bajo una nueva ideología.
Angie Rodríguez dice que intentó detenerlo. Exdirectora de confianza de Petro en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), luego pasó al Fondo de Adaptación en medio de tensiones internas. Rodríguez dijo a Blu Radio, en una entrevista reportada por EFE, que se negó a nombrar a Guerrero porque no cumplía con los requisitos necesarios. Asegura que advirtió a Petro directamente.
El problema no es la juventud de Guerrero. El movimiento de Petro fue construido por jóvenes organizadores que desafiaban a las élites tradicionales. La pregunta de fondo es si la rebeldía se convirtió en sustituto de las credenciales, y si la confianza presidencial creó una autoridad paralela, ausente de los organigramas pero decisiva en los pasillos del gobierno.
El presunto precio de la cercanía presidencial
El escándalo se agudizó después de que Semana alegara que Juliana Guerrero y su hermana Verónica ofrecían ayuda a empresarios para asegurar contratos estatales. La estructura reportada era sorprendentemente específica: un millón de pesos, unos $315 dólares, por una reunión inicial; 200 millones de pesos, aproximadamente $65,500 dólares, para iniciar negociaciones; luego el 10 por ciento de cualquier contrato adjudicado. Guerrero niega haber cometido irregularidades.
Esas cifras supuestamente asignan un precio de mercado al acceso en sí mismo. El primer pago compra una conversación. El anticipo permite avanzar en la burocracia. La comisión convierte al Estado en una correduría. En un país donde comunidades rurales esperan años por obras públicas, esa estructura presunta cala hondo.
Petro insiste en que los fiscales deben establecer los hechos. Argumentó que, si se tomó dinero, el episodio equivaldría a una estafa de particulares, no a prueba de corrupción de su gobierno ni de Guerrero. Eso traza un límite legal. Políticamente, deja una pregunta más difícil: ¿por qué los externos creían que su influencia valía la pena comprarla?
Rodríguez dice que existía una orden para remover a Guerrero de la junta universitaria, pero Petro nunca la firmó. También mencionó a Gabriela Muñoz, una estudiante de derecho de 20 años e influencer contratada en la autoridad de aviación civil de Colombia, como otro nombramiento irregular. Su acusación más amplia describe una red de jóvenes mujeres ejerciendo un poder ejecutivo inusual. Ningún tribunal ha establecido tal red, y ese encuadre corre el riesgo de reducir un problema institucional a una intriga de género. La prueba es qué autoridad ejercieron, quién la autorizó y qué controles fallaron.
Petro respondió personalmente. Llamó a Rodríguez manipuladora y paciente psiquiátrica, anunció una denuncia penal por supuesta difamación y publicó información relacionada con su licencia médica. Rodríguez luego presentó acusaciones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, incluyendo difamación y tráfico de influencias. Ella afirma que legalmente no puede ser destituida mientras esté incapacitada médicamente.
La revelación volvió a cambiar la disputa. Una acusación de corrupción se convirtió en una demostración del poder presidencial sobre la dignidad de una denunciante. Independientemente de lo que concluyan los investigadores, usar la atención psiquiátrica como arma política refuerza un temor conocido de los denunciantes: desafía a la jerarquía y la institución hará que el retador sea la historia.
El gobierno del cambio se enfrenta al viejo Estado colombiano
Esta erupción cae sobre un terreno ya quemado. El hijo de Petro, Nicolás, fue procesado por dinero supuestamente recibido de personajes cuestionables durante la campaña de 2022. Exministros han enfrentado cargos ligados a un supuesto esquema que utilizó recursos de la agencia de desastres para premiar a legisladores que apoyaron reformas del gobierno. La crisis de Laura Sarabia y Armando Benedetti trajo denuncias de dinero en efectivo, vigilancia no autorizada y financiamiento de campaña en disputa. Petro niega haber cometido irregularidades personales.
Estos casos son legalmente distintos, y la acusación no es condena. Su daño acumulativo proviene de la repetición. Una y otra vez, las instituciones formales parecen estar rodeadas de operadores informales, lealtades personales y dinero cuyo destino es disputado. Para un presidente que construyó su carrera denunciando la corrupción, el simbolismo es brutal.
Petro entregará el poder a Abelardo de la Espriella, un outsider conservador que ganó la presidencia por estrecho margen y asumirá el 7 de agosto. Su victoria representó el rechazo al proyecto de Petro para muchos votantes. El espectáculo final del gobierno saliente ahora le da a la derecha entrante una lección moral antes de que sus propias promesas sean puestas a prueba en el poder.
La pregunta de fondo es más grande que si Juliana Guerrero vendió influencia, si Angie Rodríguez dijo toda la verdad o si Petro lo sabía. Es si el primer gobierno nacional de izquierda de Colombia cambió lo suficiente al Estado como para evitar que la intimidad se convierta en autoridad.
El 7 de agosto, la banda presidencial cambiará de hombro. Los contratos, expedientes y lealtades heridas permanecerán. También lo hará una sospecha colombiana conocida: el poder suele hablar más claro a través de personas que nunca fueron elegidas, apenas nombradas y, de algún modo, siempre lo suficientemente cerca de la puerta.
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