El Fiscal General que México no necesita
¿Por qué se debería nombrar a alguien que no sea Raúl Cervantes Andrade?
México vive una crisis no sólo de inseguridad y delincuencia sino también una que destruye las instituciones e impulsa a que todos los demás delitos continúen agravándose dentro del sistema de justica: la nula autonomía en las instituciones. Ello se traduce en una desconfianza hacia ellas y un trabajo deficiente, como lo demuestra el Índice Global de Impunidad al ubicar a México como el primer lugar en impunidad a nivel Latinoamérica y como el cuarto a nivel internacional.
Con el fin de mejorar la impartición de Justicia, el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto publicó el 10 de febrero del 2014 una reforma político-electoral para que la actual Procuraduría General de la República (PGR) pasara a ser Fiscalía General de la República. Con esta reforma se espera que la Fiscalía cuente con autonomía, pues antes la PGR era controlada por el Poder Ejecutivo, es decir el Presidente. Otros objetivos son que se nombre a un Fiscal General y que pueda ser removido por el Senado, responsabilidades que antes recaían en el Presidente, y que tenga una duración específica en el cargo de Fiscal, la cual será por 9 años, pues antes no se tenía un periodo determinado de trabajo. Es decir, con dicha reforma lo que se está haciendo es dejar de utilizar la justicia como una herramienta de la política.
Sin embargo, el problema deviene cuando dentro del artículo transitorio de la reforma se menciona que el actual Procurador de la PGR, quien es Raúl Cervantes Andrade, será quien ocupe el cargo como primer fiscal y estará en el cargo por 9 años. Es decir, esta administración se podría blindar de posibles ataques en su contra si llegase a ganar un candidato de la oposición, como lo marcan todas las encuestas en México.
El problema con Cervantes es que es un férreo militante del Partido Revolucionario Institucional: ha sido legislador y senador por el PRI, trabajó en la campaña de Peña Nieto, en 2012, cerca de Emilio Lozoya -acusado de recibir sobornos por parte de Odebrecht-, amigo del gobernador prófugo de Chihuahua, César Duarte. Además, en una reciente investigación por parte de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, se detectó que Cervantes utilizó una casa valorada en al rededor de 33 mil dólares como fachada para su Ferrari de 225 mil dólares, con lo cual, da claras muestras de que no será muy transparente en su trabajo sin mencionar su ineficiencia en el mayor caso de corrupción en Latam: Odebrecht, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la detención del exgobernador César Duarte, el espionaje a periodistas, entre otros. Por eso, ha sido nombrado por el periodista Alfredo Lecona como el #FiscalCarnal.
Por otro lado, a pesar de que los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática hayan paralizado la Cámara de Diputados recientemente, para evitar la designación de Raúl Cervantes como Fiscal General y que el coordinador de los diputados priistas César Camacho Quiroz haya dicho que irán contra la designación de Cervantes. El PAN votó una iniciativa para que Raúl Cervantes pueda participar en el proceso de selección del Fiscal General. Por lo tanto, sólo queda la visión y trabajo de las OSC’s así como de las voces criticas para que Cervantes no sea el #FiscalCarnal. México, ni los mexicanos deben tener algún #FiscalCarnal.
Por ello, diversas organizaciones de la Sociedad Civil presentaron ante el Senado una propuesta para reformar el artículo 102 constitucional con el fin de que se tenga un mecanismo de designación basado en su experiencia profesional mediante un proceso público en donde participe el Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores y Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros puntos.
La urgente necesidad de instituciones fuertes que realmente estén fuera del control político son necesarias para una sociedad que exige justicia para sus asesinados, castigo para los violadores, cárcel para los corruptos, apoyo para los desesperados, y todo eso se puede comenzar a resolver con un Fiscal autónomo que comience a hacer su trabajo y esté libre de compromisos políticos.
Latin American Post | Leonardo Daniel Solís
