Prohibición de Satélites en la Amazonía Brasileña pone a prueba la promesa verde de Lula antes de las elecciones

Los diputados de Brasil avanzaron para limitar la fiscalización ambiental basada en satélites justo cuando la deforestación en la Amazonía cayó drásticamente, exponiendo una feroz lucha por el poder del agronegocio, la diplomacia climática, los territorios indígenas y la promesa de Lula de acabar con la destrucción ilegal de bosques para 2030.

El bosque visto desde el espacio

En la Amazonía brasileña, el Estado suele llegar primero como un píxel. Aparece un claro donde debería haber verde. Una cicatriz de quema se ensancha. Un camino se adentra más en el dosel. Mucho antes de que un inspector pueda llegar al lugar en camioneta, barco o helicóptero, un satélite ya ha visto la herida.

Por eso el proyecto de ley aprobado el miércoles por la Cámara de Diputados de Brasil es tan explosivo políticamente. La propuesta, respaldada por legisladores de centroderecha vinculados al sector del agronegocio, restringiría el uso de tecnologías remotas en la fiscalización ambiental. En la práctica, impediría que IBAMA, la principal agencia ambiental de Brasil, imponga sanciones basadas exclusivamente en imágenes satelitales utilizadas para detectar deforestación ilegal y otros delitos ambientales.

El proyecto aún necesita la aprobación del Senado antes de llegar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo gobierno ha prometido eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030. Pero incluso antes de convertirse en ley, envía un mensaje claro: la batalla por el bosque ya no se libra solo con motosierras, fuego, ganado, mineros y acaparadores de tierras. Ahora se pelea por la evidencia misma.

Según el gobierno, casi el 90 por ciento de la fiscalización de la deforestación en el mayor bosque tropical del mundo se realiza con apoyo satelital. Esa cifra explica lo que está en juego. Si se elimina o debilita la fiscalización basada en satélites, el Estado no solo pierde una herramienta; pierde distancia, velocidad, memoria y alcance.

El proyecto también exige que las autoridades notifiquen con anticipación a los acusados de tala ilegal para que puedan presentar defensas y explicaciones antes de ser sancionados. El debido proceso es necesario en cualquier democracia. Pero en la Amazonía, la advertencia previa puede convertirse fácilmente en fuga anticipada. La deforestación ilegal suele ser rápida, móvil y está ligada a redes que conocen la geografía mejor que Brasilia. Cuando los bosques se talan en lugares remotos, la demora no es neutral. La demora favorece a la motosierra.

Una victoria para la ofensiva ruralista

El momento revela la operación política más amplia. La votación se dio en medio de una ofensiva del poderoso bloque parlamentario vinculado al agronegocio, que ha impulsado una serie de proyectos de ley que debilitan las protecciones ambientales. Ese mismo día, la cámara baja aprobó otra propuesta que redujo en un 40 por ciento el área de la Floresta Nacional de Jamanxim, una importante reserva de conservación en el estado amazónico de Pará que desde hace tiempo es objetivo de grupos que buscan madera y riqueza mineral.

Un tercer proyecto aprobado por los diputados y enviado al Senado debilita las protecciones para los pastizales nativos y otras formaciones no boscosas en 48 millones de hectáreas. Greenpeace advirtió que el paquete debilita la fiscalización ambiental, amenaza los ecosistemas brasileños y favorece a los productores rurales a expensas de la protección ambiental. Gabriela Nepomuceno, especialista en políticas públicas de la organización en Brasil, calificó el clima parlamentario de antidemocrático y dijo que los legisladores han actuado de manera sistemática y autoritaria para servir a los intereses del agronegocio depredador.

El funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, había advertido solo unas horas antes que la ola de proyectos que avanzan en el Congreso amenazaba la capacidad de las autoridades para combatir la deforestación en la Amazonía y representaba un “retroceso inimaginable”. La frase suena dramática hasta que se consideran las cifras.

La deforestación en la Amazonía ha estado cayendo bajo Lula. Datos preliminares del gobierno mostraron que la pérdida de bosque en febrero cayó un 35,4 por ciento respecto a los seis meses anteriores y un 12,4 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando el nivel más bajo desde que existen registros. De agosto a enero, se talaron 1.324 kilómetros cuadrados de bosque, frente a 2.050 kilómetros cuadrados en el período anterior. El contraste con el último año de Jair Bolsonaro es aún más marcado: en ese mismo lapso entonces, se deforestaron 4.970 kilómetros cuadrados, un récord bajo el sistema de alertas.

Esa disminución no es accidental. Refleja una fiscalización renovada, señales políticas desde Brasilia, presión internacional y el regreso de la política climática tras años en los que las agencias ambientales fueron debilitadas y los actores ilegales se envalentonaron. Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de Brasil, dijo que los datos apuntan a una fuerte tendencia a la baja y expresó su esperanza de que Brasil pueda alcanzar la tasa anual de deforestación más baja de su historia.

Pero la Amazonía no es el único frente. En el Cerrado, la vasta sabana tropical de Brasil bajo constante presión agrícola, la deforestación cayó solo un 5,9 por ciento en el mismo período de seis meses, afectando a 1.905 kilómetros cuadrados. En el Pantanal, uno de los humedales más grandes del planeta, la tendencia fue la opuesta: la tala aumentó un 45,5 por ciento hasta 294 kilómetros cuadrados.

Esas cifras muestran por qué la ofensiva parlamentaria es tan peligrosa. La Amazonía puede estar mejorando, pero la crisis ambiental de Brasil no se ha resuelto. Solo ha cambiado de terreno.

La prueba climática de América Latina

Para América Latina, la Amazonía brasileña no es un símbolo verde distante. Es un motor climático continental, un activo diplomático, un campo de batalla de modelos de desarrollo y una advertencia sobre cómo las democracias pueden vaciarse desde dentro por intereses económicos disfrazados de ley.

Brasil es el país más grande de la región, la mayor economía y la principal potencia ambiental. Si demuestra que la deforestación puede disminuir mientras la economía sigue funcionando, le da a América Latina poder de negociación en las discusiones climáticas globales. Puede exigir financiamiento, tecnología y condiciones comerciales más justas no como suplicante, sino como país que entrega resultados climáticos medibles. Si debilita la fiscalización mientras promete liderazgo verde, confirma la sospecha mundial de que los compromisos climáticos latinoamericanos son demasiado vulnerables a la negociación política interna.

Lo que está en juego es especialmente alto antes de las próximas elecciones en Brasil. Lula ha hecho de la protección ambiental el eje de su imagen internacional y busca la reelección. Pero el bloque ruralista en el Congreso está demostrando que las promesas del Ejecutivo pueden ser socavadas por la aritmética legislativa. Un presidente puede hablar en cumbres climáticas. Los diputados pueden reescribir las reglas que permiten la fiscalización.

Esto importa para las comunidades indígenas, pueblos forestales, pequeños agricultores y poblaciones tradicionales que viven donde la ley suele llegar tarde. El monitoreo satelital es una de las pocas formas en que el Estado puede ver incursiones ilegales lo suficientemente rápido como para responder. Debilitarlo no solo ayudaría a los grandes operadores ilegales. También aumentaría el peligro para quienes defienden la tierra con sus cuerpos.

El proyecto también expone un dilema latinoamericano más profundo. La región tiene recursos que el mundo quiere: soya, carne, litio, cobre, petróleo, madera, agua, biodiversidad y sumideros de carbono. Se le pide conservar y exportar, proteger y crecer, absorber expectativas climáticas, mientras sigue combatiendo la pobreza. El agronegocio argumenta que la producción alimenta las economías. Los ambientalistas sostienen que la destrucción hipoteca el futuro. Ambas posturas entran en la política, pero solo un lado se beneficia directamente de dificultar la fiscalización del bosque.

La Amazonía no necesita discursos románticos. Necesita instituciones con ojos, dientes, presupuesto y autoridad legal. Los satélites no son perfectos. Pueden equivocarse, requieren verificación y deben complementarse con procedimientos justos. Pero prohibir sanciones basadas únicamente en evidencia satelital, cuando el 90 por ciento de la fiscalización depende del monitoreo remoto, no es una reforma. Es ceguera estratégica.

El bosque le ha estado diciendo la verdad a Brasil desde arriba. La pregunta ahora es si el Congreso quiere que el país deje de mirar.

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