Además de acabar con poblaciones enteras de peces, la pesca ilegal facilita la trata de personas y pone en riego la salud de los consumidores de pescado

Datos arrojados por un informe del Fondo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indican que cada año se extraen de manera ilegal al menos 26 millones de toneladas de peces para ser comercializados. Esto no solo produce un impacto negativo en el ámbito ambiental, también deja millonarias pérdidas para la comunidad pesquera, afecta la economía de decenas de países a nivel global y facilita la trata de personas. 

Read in english: Illegal fishing: The millionaire business that puts hundreds of human lives at risk

Según los cálculos de la FAO, estas 26 millones de toneladas ilícitas representan el 20% de la producción anual y generan un total de 23 mil millones de dólares que benefician solo a los comercializadores no regulados. Además de la alta fuga de dinero para las economías locales, la extracción ilegal se hace por encima de los niveles permitidos, lo que genera una reducción en la disponibilidad del producto a largo plazo y afecta el valor del mismo en el mercado. 

Como lo explica en un artículo de la página oficial de la ONU Alicia Mosterio, coordinadora del programa de registro mundial en el departamento de pesca y acuicultura de la FAO, “La pesca ilegal no declarada y no reglamentada tiene muchas consecuencias negativas y a todos los niveles. La principal es a nivel de la biología de las especies que se explotan, ya que no repara en las normas de sostenibilidad para mantener esa especie para generaciones futuras a un nivel adecuado, extrayendo cantidades mayores de las que están permitidas”. 

Mosteiro también agrega que debido a la evasión de regulaciones, los comercializadores ilegales no pueden garantizar la sanidad del producto; cuando llega al consumidor puede estar contaminado y su precio mucho más alto debido a las alteraciones que sufre en la cadena de valor. 

Un puente hacia la trata de personas

Aunque muchas naciones en el ámbito global se ven afectadas por la pesca ilegal, las zonas más vulnerables son las islas y los países en vías de desarrollo, quienes tienen poblaciones completas que dependen de manera directa de esta actividad. 

Cuando los niveles permitidos de extracción de peces son sobrepasados, se reduce la disponibilidad del producto para el consumo de los locales, se afectan las producciones futuras que podrían ser vendidas de manera legal y se genera una necesidad económica en la población que como consecuencia se traduce en más personas trabajando de manera forzada o bajo condiciones extremas. 

Este escenario fue ratificado por Javier Villanueva, experto en pesca para la FAO de Latinoamérica y el Caribe, quien indicó para France24 que los efectos de la pesca ilegal repercuten en las comunidades costeras de diferentes maneras: desde la falta de alimentos para los pescadores artesanales, hasta propiciar “situaciones de trabajo infantil, hacinamiento en las embarcaciones, trata de personas y otras actividades ilícitas relacionadas”.

La solución está en la cooperación 

Desde 2016 la FAO empezó a implementar medidas para combatir la pesca ilegal con ayuda de la comunidad internacional. En la actualidad, 54 países más la Unión Europea forman parte de un acuerdo que pretende erradicar la comercialización nociva para los ecosistemas y la economía de las regiones costeras. 

Entre las prácticas que se llevan a cabo se encuentra la cooperación conjunta con autoridades portuarias, aduaneras, marítimas, inmigración y policía local. Esto permite que la extracción ilegal sea perseguida en toda su cadena de distribución y no solo al momento de ser sorprendidos en el acto.  

En América Latina Perú, Panamá, Costa Rica y Chile hacen parte de la Red de Intercambio de información y experiencias entre países de América Latina para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal. 

Hasta el momento la FAO no cuenta con cifras independientes que puedan brindar una estadística exacta sobre la pesca ilegal en cada nación. Se cree además que el millonario costo de la pesca ilegal podría ser mucho más alto de lo estimado, puesto que el monitoreo de los barcos se realiza en gran parte mediante el uso de sistemas remotos y satélites, y no de manera individual y presencial. 

LatinAmerican Post | Krishna Jaramillo

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