ANÁLISIS

El Tigre Colombiano Ruge mientras los Fracasos de las Negociaciones de Paz Pierden Fuerza

El presidente Abelardo de la Espriella abrió una nueva era en Colombia al poner fin a los diálogos con grupos armados, reactivar la fumigación de cultivos y prometer megacárceles. Tras el aumento de hectáreas de coca y el estancamiento de las negociaciones, su giro radical podría responder una pregunta pública que la diplomacia ya no podía contener por sí sola.

Llega la Hora del Tigre

Abelardo de la Espriella eligió un cantón militar en Cali para pronunciar la frase que definió su primer día como presidente de Colombia.

“Ha comenzado el tiempo para la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”, dijo el viernes en el Cantón Militar Pichincha, mientras los invitados seguían la investidura desde la cercana Arena USC, según EFE.

El lugar importaba. El vocabulario también. Tras años en los que gobiernos sucesivos trataron la negociación como el camino preferido para salir de los conflictos armados de Colombia, De la Espriella anunció que ese camino había terminado.

“La opción del diálogo está completamente agotada”, afirmó.

Esa declaración alarmará a los colombianos que recuerdan lo que puede hacer un Estado de seguridad sin control. También sonará dolorosamente razonable para las comunidades donde las mesas de paz se multiplicaron mientras los grupos armados seguían cobrando peajes, reclutando jóvenes y controlando las economías rurales. La negociación se volvió un hábito nacional, pero no siempre un mecanismo para entregar el poder.

De la Espriella llamó a este nuevo periodo “la hora del tigre”. La frase es teatral, hecha a la medida de un presidente que hizo campaña con la fuerza y la claridad. Debajo de la puesta en escena hay un argumento serio: un Estado que negocia indefinidamente sin lograr el desarme puede terminar premiando la coerción que dice querer erradicar.

A Colombia no le ha faltado diálogo. Le ha faltado diálogo con consecuencias.

El enfoque saliente pedía a las organizaciones armadas confiar en el Estado. También pedía a los civiles seguir confiando mientras las economías ilegales crecían a su alrededor.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella (I), llega junto a su esposa, Ana Lucía Pineda (D), a la Arena USC para la ceremonia de investidura el viernes en Cali, Colombia. EFE/Jorge Gil

Los Cultivos de Coca Superaron la Mesa de Paz

La cifra más contundente en el discurso de De la Espriella fue 261.000 hectáreas.

Esa era la estimación de cultivos de coca en Colombia al cierre de 2024, según el último informe citado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El total fue un 3,5 por ciento mayor que en 2023.

Ese aumento representa miles de hectáreas adicionales alimentando la economía de guerra más resistente del país. La coca compra armas, financia el control territorial, corrompe funcionarios y da a los grupos criminales una razón para preservar la geografía del abandono.

El presidente culpó a la coca de muerte, corrupción, destrucción de bosques y desplazamiento. Su diagnóstico es incompleto, pero no equivocado. La coca no crea la ausencia del Estado. La coloniza. Donde los caminos, los tribunales, los mercados y el crédito legal siguen siendo débiles, la economía ilícita llega con dinero en efectivo, reglas y fuerza armada.

De la Espriella prometió restablecer la fumigación aérea usando lo que describió como herbicidas de nueva generación que no dañarían la salud humana, no violarían los requisitos de la Corte Constitucional ni afectarían el medio ambiente. EFE reportó su promesa, pero la afirmación requerirá pruebas, monitoreo y escrutinio judicial.

Rechazar la fumigación en todas las circunstancias también ha tenido un costo. La erradicación manual expone a los trabajadores y a las fuerzas de seguridad, mientras que la sustitución voluntaria fracasa cuando los pagos llegan tarde, las vías no se construyen y los compradores de cultivos legales nunca aparecen. La coca puede replantarse rápidamente.

Por eso, una estrategia de erradicación más agresiva puede estar justificada, especialmente en zonas de cultivo industrial controladas por redes armadas. Pero debe distinguir entre el capital criminal y el campesino atrapado al final de la cadena. Fumigar sin alternativas viables puede destruir el único ingreso de una familia y dejar intactas las finanzas del traficante.

El cambio útil no es solo la fumigación. Es terminar con la ficción de que la sustitución de cultivos puede funcionar sin seguridad, infraestructura y plazos definidos.

El vicefiscal general de EE.UU., Todd Blanche, asiste a la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el viernes en Cali, Colombia. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

La Fuerza Puede Redefinir los Términos de la Paz

De la Espriella también prometió megacárceles para quienes representen la mayor amenaza a la seguridad. Advirtió a las organizaciones criminales y a los “narcoterroristas” que enfrentan dos caminos: someterse a la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado.

Las grandes cárceles pueden convertirse en símbolos antes que en soluciones. Si se llenan de sospechosos de bajo nivel por investigaciones débiles, solo almacenan pobreza. Si aíslan a los comandantes, impiden que las órdenes salgan de las celdas y desmantelan las redes financieras, pueden reducir el poder criminal.

La diferencia está en la capacidad institucional.

Los debates sobre seguridad en Colombia están atrapados entre dos exageraciones. Una trata cada negociación como una rendición. La otra trata cada uso de la fuerza como un regreso a los años más oscuros del conflicto. Una república necesita capacidad coercitiva y límites legales. El Estado debe ser temido por las organizaciones armadas, pero limitado por los tribunales.

Poner fin al diálogo indefinido no exige abandonar la paz como objetivo. Puede devolver a las negociaciones su verdadero significado. Los diálogos deben seguir a ceses al fuego verificables, concentración, desarme y sometimiento a la ley, no reemplazarlos indefinidamente.

El primer discurso de De la Espriella sugirió que el gobierno anterior de Colombia cruzó esa línea. “El Estado fue históricamente noble”, dijo, según EFE. “Bajo el régimen que ha terminado, el Estado fue suficientemente cómplice.”

La acusación es general. Sin embargo, recoge una frustración que no puede descartarse como simple sed de castigo. Cuando los actores armados ganan territorio durante las negociaciones, mantienen ingresos ilegales y no enfrentan plazos claros, el proceso empieza a parecer paciencia estratégica para los criminales y agotamiento estratégico para todos los demás.

La nueva política podría ser una corrección necesaria si produce algo más que espectáculo. El éxito no se medirá por el tamaño de las cárceles, las hectáreas fumigadas o la ferocidad presidencial. Se medirá por si bajan el homicidio, la extorsión, el desplazamiento, el reclutamiento y el control territorial.

El tigre también debe saber dónde detenerse.

Colombia ha aprendido que las victorias militares sin gobierno civil dejan vacíos. También ha aprendido que las promesas de paz sin fuerza dejan a los civiles negociando su supervivencia. De la Espriella apuesta a que la autoridad puede reequilibrar esa ecuación.

Tras años de diálogos y más coca, puede que esa sea una apuesta que valga la pena hacer.

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