Kast respalda a su ministro después de que Chile recortara las condenas de abusadores de niños

José Antonio Kast prometió a Chile mano dura contra el crimen. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta ahora una acusación constitucional por reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Los expedientes judiciales muestran que su ministerio ya había combatido esas rebajas y había ganado.

La noticia llegó por los periodistas

Lisette había oído el rumor de que el hombre que la violó y abusó sexualmente de ella estaba fuera de prisión. No lo creyó hasta que periodistas de la televisión pública de Chile, TVN, lo confirmaron. Su condena se había acortado en más de un año. Nadie del gobierno la había contactado. Quería una orden de alejamiento. “No quiero verlo”, dijo.

El servicio penitenciario de Chile sabía exactamente cuándo tenía que liberarlo. Si la condena revisada ya se había cumplido cuando llegó el decreto, la cárcel tenía que dejarlo salir, a menos que un tribunal hubiera ordenado mantenerlo detenido por otros motivos. Los documentos no preveían nada equivalente para Lisette. Las víctimas en Chile pueden pedir que se les avise cuando un delincuente solicita la libertad condicional. Una rebaja de condena por buena conducta puede adelantar su fecha de salida sin que se dispare ese aviso.

El 12 de noviembre, diez diputados de oposición en Valparaíso pidieron a la Cámara de Diputados de Chile una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Las denuncias surgieron en octubre. Los legisladores sostienen que Rabat violó la Constitución de Chile y sus obligaciones bajo la Convención sobre los Derechos del Niño. Rabat estimó que la mayoría de los 56 condenados ya había salido de prisión. En los 33 casos que examinó TVN, las rebajas promediaron casi 15 meses.

La acusación también abarca a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Rabat integró en su momento el equipo de defensa de Pinochet. Dos sobrevivientes de tortura, Patricio Rivera y Ramón Pavez, esperaron casi medio siglo por la condena de Manuel Cabezas, un exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile. Se enteraron por la prensa de que Rabat había recortado ocho meses de su pena. Ambos demandan al Estado por el daño que, según dicen, causó su liberación anticipada.

Cuando el ministerio dijo que no

Chile empezó a premiar la buena conducta en prisión con reducción de pena en 2003. Un recluso elegible podía ganar dos meses por cada año cumplido, y tres después de la mitad de la condena. En febrero de 2022, durante las últimas semanas del presidente conservador Sebastián Piñera, una reforma excluyó a los condenados por determinados delitos sexuales contra menores. La disputa gira en torno a qué reglas cubren los delitos cometidos antes de esa fecha.

Rabat argumentó que retirar un beneficio que los presos podían ganar bajo la ley anterior equivaldría, en la práctica, a aumentar su castigo después de los hechos. Dijo al Congreso que su ministerio tenía que firmar una vez que una comisión revisora aprobara una rebaja. De 126 fallos de la Corte Suprema examinados por la sala de investigación chilena CIPER, 111 favorecieron a presos que impugnaron una negativa. Bajo el presidente de izquierda Gabriel Boric, los tribunales ordenaron 250 reducciones después de que el ministerio o una comisión revisora las rechazaran, según cifras que Rabat envió al Senado. El exministro de Justicia Jaime Gajardo dijo que sus abogados acudían a los tribunales para evitar que los condenados por esos delitos accedieran a penas más cortas.

A veces los jueces llegaron a una conclusión distinta. Trataron la libertad anticipada como un beneficio regido por las normas vigentes cuando el preso lo solicitó. Al comienzo del mandato de Kast, CIPER identificó nueve casos en que el ministerio de Rabat defendió sus negativas ante los tribunales. Seis prosperaron. El 15 de junio, la Corte Suprema respaldó una negativa relativa a un hombre que había violado a un niño. El 16 de junio, el ministerio emitió su primera aprobación bajo la nueva política de Rabat.

Incluso después de ese giro, CIPER encontró 22 casos en los que el ministerio rechazó reducciones que las comisiones habían aprobado, entre ellos por homicidio y narcotráfico. Los motivos de exclusión variaban según el delito. Cuando los funcionarios creían que un preso no era elegible, igual afirmaban su autoridad para rechazar a la comisión. Rabat le debe a las familias una explicación de por qué dejó de defender negativas como la que sus abogados acababan de ganar.

El subsecretario que perdió su cargo

Kast llegó al poder en marzo prometiendo mano dura contra la delincuencia callejera y la inmigración irregular. El 26 de octubre, con Rabat a su lado en La Moneda, el palacio presidencial, dijo a las víctimas: “El Estado les falló”. Puso a Rabat a cargo de corregir el error. Despedir al ministro podría calmar el escándalo por unos días, argumentó Kast. Su gobierno ordenó una revisión de los decretos y luego anunció que había detenido el trámite de todas las rebajas de condena mientras el Congreso consideraba cambiar la ley.

Cuatro días después de esa aparición, Kast destituyó a Luis Silva, subsecretario de Justicia y miembro de su propio Partido Republicano. Silva había publicado un video explicando su firma en algunos decretos. Había firmado como ministro subrogante, dijo, siguiendo la política que fijó Rabat. Reconoció haber hecho el video sin consultarlo con su jefe.

La decisión de Kast dividió a la derecha chilena. A finales de octubre, la encuestadora Cadem halló que el 64 % de los encuestados se oponía a que siguiera. Entre quienes se identificaban con la derecha, el 55 % quería que se quedara y el 40 % que se fuera. La izquierda necesita votos más allá de sus filas para enviar el caso al Senado. Con los 155 diputados presentes, se requerirían 78 votos. Una condena en el Senado destituiría a Rabat y le prohibiría ejercer cargos públicos por cinco años.

¿Se está lavando las manos Kast respecto de las rebajas? Asumió la responsabilidad de cambiar la política. Lo que ha esquivado es por qué las familias deberían confiar en que Rabat corrija una decisión que el ministro aún dice que la ley exigía. Cada decreto salió, como prescribe la ley chilena, “por orden del presidente de la república”. Rabat dice que Kast no sabía nada de las reducciones antes de que se hicieran públicas. Cuando Kast destituyó a Silva, sabía de quién era la política que el subsecretario dijo haber seguido. Ningún tribunal obligó a Kast a mantener a su ministro.