Opinión: Latinoamérica no tiene que renunciar a explotar sus recursos

El recién electo presidente colombiano, Gustavo Petro, es un hombre con políticas progresistas y ambiciosas. Precisamente, ha sido incluso tachado como un populista. Tal vez, una de estas propuestas llamativas es el fin de la exploración petrolera tan pronto asuma su mandato, el próximo 7 de agosto.

A primera vista, y ante una crisis climática inminente, es una gran noticia. ¡Por fin un presidente que tenga el ambientalismo entre sus más importantes políticas y metas! Pero, son medidas muy arriesgadas que bajo un contexto de recuperación económica, pueden repercutir igualmente en las comunidades más vulnerables.

La idea de Petro es que con el fin de la exploración (continúa la explotación) se impulse de forma decisiva la transición energética a un modelo de energías limpias. Una obligación de toda la humanidad en la que ha habido fallas para su consecuión.

Pero ante esta política, surgen serias dudas: ¿es Colombia (o Latinoamérica) la encargada de liderar esa transición y la responsable de llevar a cuestas el costo económico que eso representa? La respuesta sencilla es  "NO", así, en mayúsculas.

Según cifras del Banco Mundial, en 2020, Colombia fue responsable de 2,371 megatoneladas de dióxido de carbono emitido al espacio. Lo que significó un 1,8 tonelada por habitante. Cifras muy inferiores a las 7.41 toneladas per cápita que produjo China, las 15 .24 de Estados Unidos o 32.42 de Qatar.

Los números de Colombia son bastante similares a la mayoría de países en la región, donde Ecuador emitió 2.31 toneladas por habitante, Venezuela 4.78, México 3.74 o las 2 de Brasil.

Estas cifras demuestran que ni Colombia, ni Latinoamérica, son los principales responsables del problema ambiental. No son los países que más contaminan y no son los grandes responsables de la crisis climática. Aunque toda la región asuma una postura mucho más progresista y renuncie a explotar petróleo o gas, y se conviertan en países líderes en energías renovables, la crisis climática continuará, a menos de que China, Europa, Rusia, India y Estados Unidos cambien sus modelos y se comprometen a bajar sus niveles de contaminación.

Claro, ahora la pregunta es si no vale la pena dar ese paso y ser pioneros en la transición. Pues claro, pero no debería ser a expensas de las ya raquíticas economías latinoamericanas y más en un panorama de post pandemia y con una guerra en Ucrania que ha aumentado los precios de los alimentos en el mundo.

La Organización Panamericana de la Salud, una subdivisión de la OMS, advirtió a finales del 2021 que el hambre en América Latina y el Caribe está en su punto más alto desde el año 2000. Entre el 2019 y el 2020, el número de personas que viven con hambre aumentó en 13,8 millones. Según el informe Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional 2021, el 9,1% de la población en América Latina y el Caribe vive con hambre.

Además, la CEPAL advirtió que, "llevando la tasa de pobreza extrema en América Latina del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años".Un panorama difícil del que apenas los países de la región están saliendo. Se suma una necesidad imperativa de políticas sociales que rescaten a estos millones de ciudadanos que quedan en vulnerabilidad.

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Es momento de un Estado robusto y fuerte que pueda financiar programas como el ingreso universal, o subsidios para poblaciones en extrema pobreza, o créditos para campesinos y microempresarios. Renunciar a explotar nuestros recursos en el corto plazo, significaría una crisis aguda y sin precedentes. Es por esto que es el norte global: China, Estados Unidos, Rusia, Europa y las monarquías petroleras de oriente medio, deben ser las encargadas de liderar el cambio energético. Son estos países los principales contaminantes, y una reducción generalizada, es la única forma de lograr avances. Pero además, son estas las economías con la estabilidad suficiente para llevar a cabo estos modelos.

Por ahora, tanto Venezuela, como Argentina o Colombia, necesitan de los ingresos que traen sus empresas petroleras (todas de mayoría estatal) y que la transición energética se haga de manera urgente, pero sin dejar de recibir las regalías para unas economías que (por ahora) son completamente dependientes de la explotación de sus recursos.