A Colombia le es difícil adoptar una estrategia antidrogas enfocada en la salud

Experiencias recientes

Países como Portugal y Uruguay han adoptado políticas innovadoras para tratar los problemas de drogas ilícitas. Uruguay destaca como la primera nación del mundo que reguló la producción y consumo de marihuana con fines recreativos. En 2013, su Congreso aprobó una ley que en julio de 2017 dio paso a la venta abierta del producto en 16 farmacias del país. Como medidas regulatorias se establecieron el registro de los consumidores en una base de datos, el uso de máximo 40 gramos mensuales del producto por persona y la venta a precios inferiores a los del mercado negro, entre otras.

Portugal, por su parte, vivió durante la década de los 80s una profunda crisis, en la que 1 de cada 100 habitantes resultó dependiente de la heroína, y en la que el país alcanzó el primer lugar en infecciones por VIH a nivel de Europa.

A partir de 2001, el gobierno portugués desarrolló una estrategia centrada en la descriminalización del uso de drogas, que le permitió enfocarse en la rehabilitación psicosocial de los consumidores, la mitigación de daños a la salud y la disuasión del consumo. Lo anterior llevó a una caída dramática en el número de contagios por VIH, en el número de muertes por sobredosis y en el de crímenes relacionados con el consumo.

Las dificultades de Colombia

Es importante considerar al país en relación con su consumo, que según cifras oficiales, va en aumento. Entre 2008 y 2013, el porcentaje de colombianos que reportaron haber usado drogas pasó de 8,76% a 12,17%. Asimismo, el porcentaje de personas que reportaron haberlo hecho específicamente en el último año pasó de 2,57% a 3,57%.

La respuesta del gobierno a esta situación dista de materializarse en medidas tan audaces como las de Portugal y Uruguay. Esto tiene mucho que ver con una persistente dificultad para el cambio y el consenso social.

El espíritu pionero de las políticas uruguayas y portuguesas no sería concebible sin procesos de transformación colectiva. Colombia, pese a haber logrado importantes mudanzas, todavía se debate entre la guerra total contra las drogas y su abordaje desde la salud.

En 1994, la Corte Constitucional de la República despenalizó la dosis personal y en 2009 el Congreso intentó prohibirla nuevamente a través de una reforma promovida por el gobierno Uribe. Sin embargo, la Corte controvirtió la reforma, dictaminando que apenas da pie para la sanción de los consumidores con fines pedagógicos y terapéuticos.

Luego, en reiteradas ocasiones desde 2014, la Corte Suprema de Justicia determinó que tampoco es posible juzgar a quienes se encuentren exceder la dosis personal, a menos que se demuestre que lo hacen con propósitos comerciales. Una postura que, si bien liberal, deja hasta hoy incertidumbre respecto a la diferenciación práctica entre expendedores y usuarios.

Cabe destacar que con la ley 1566 de 2012, el Estado Colombiano adoptó un punto de vista afín al de Portugal, reconociendo el uso de substancias psicoactivas como un problema de salud pública. En el año 2013, se empezaron a desglosar los lineamientos de la nueva estrategia en salud, bajo una óptica no punitiva y de derechos, aunque sin abandonar la perspectiva prohibicionista. Además, a partir de la ley 1787 de 2016 se dio vía libre a la producción y el uso de cannabis con fines científicos y medicinales.

La política nacional de salud y drogas es, así pues, una experiencia en ciernes. Como señala el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), los servicios a los consumidores están concentrados en las grandes ciudades, y son aún predominantemente privados, propicios para la violación de los derechos humanos y excluyentes de grupos sociales vulnerables.

Entre los intentos estatales por ejecutar estrategias de salud destaca el de los Centros de Atención Médica a Drogodependientes (CAMAD), inaugurados por la Alcaldía de Bogotá en 2012. Los CAMAD operaron bajo la dirección de equipos multidisciplinarios en sectores deprimidos, ofreciendo tratamiento con medicinas sustitutivas de los estupefacientes. De hecho, fueron seleccionados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para evaluación. Sin embargo, el cambio de administración surtido en Bogotá en 2016 acarreó su cierre, arguyéndose deficiencias en su implementación.

Hoy, Colombia se aproxima a elecciones legislativas y presidenciales, y la agenda sobre drogas es nuevamente objeto de debate. Algunos candidatos proponen el retorno a la guerra total contra el consumo, mientras otros se muestran más proclives al tratamiento desde la salud pública, sin legalización.

Las decisiones de la ciudadanía determinarán si el país continuará por el camino que ya inauguró y que aún no alcanza a arrojar resultados, o si volverá al modelo tradicional de criminalización, que deja una inmensa deuda con los consumidores.

LatinAmerican Post | Ricardo Barón
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