Las promesas del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, recortan la farsa de la Paz Total de Petro mientras la violencia expone el fraude

La promesa del presidente electo Abelardo de la Espriella de desmantelar la Paz Total no es venganza. Es una corrección de rumbo para un país donde disidentes armados, bandas y traficantes aprendieron a monetizar el diálogo mientras los civiles pagaban la cuenta, una vez más, con sangre.

El precio de una falsa calma

En Colombia, donde rara vez se hacen videos de campaña, la paz se mide en unidades más pequeñas. Un tendero en Barranquilla cierra antes de que oscurezca. Un campesino en el Cauca decide si la carretera es lo suficientemente segura para llevar yuca al mercado. Una madre en Chocó susurraba porque hombres armados ordenaron al pueblo quedarse adentro. Para ellos, el fin de la arquitectura de la Paz Total de Gustavo Petro no es una ruptura trágica. Es una admisión tardía de que una frase hermosa se convirtió en un peligroso escondite.

De la Espriella, certificado tras una segunda vuelta muy reñida reportada como 49,6% contra 48,7%, dice que el 7 de agosto revocará los beneficios otorgados bajo la política de seguridad saliente, reactivará las órdenes de captura contra los grupos armados ilegales y ofrecerá solo un camino: someterse a la justicia bajo la ley vigente. Su primer decreto anunciado crearía un bloque de defensa urbana para las ciudades golpeadas por bandas y extorsión. Es un giro drástico. También es el primer acto honesto que ha tenido Colombia en años.

El caso no es ideológico. Es empírico. La Paz Total prometió negociar al mismo tiempo con guerrillas, disidencias de las FARC y organizaciones criminales de alto impacto. Redujo algunos enfrentamientos visibles entre el Estado y los grupos armados, dando a los defensores de Petro una calma estadística temprana. ACLED encontró que en los primeros 27 meses de la presidencia de Petro, las muertes vinculadas a la violencia de grupos armados fueron un 11% menores que en el periodo comparable anterior. Pero el mismo análisis explica la trampa: la caída se debió en gran parte a la reducción de choques con la fuerza pública, mientras los grupos armados aprovecharon el oxígeno para expandir territorio, pelear con rivales y fortalecer economías ilícitas.

Cuando el diálogo se volvió tapadera

Ese es el corazón del fracaso. Colombia no obtuvo paz. Obtuvo negociación armada. ACLED registró actividad de grupos armados en más de 580 municipios durante esos primeros 27 meses, 43 más que en el periodo comparable anterior. La violencia entre grupos armados aumentó un 40%, y más de 50 bandas aparecieron en el registro del conflicto desde 2018. La coca, la minería ilegal, el tráfico de migrantes por el Darién, la extorsión y la apropiación de tierras dieron a cada facción un motivo para sonreírle a los negociadores mientras apretaban su control sobre los civiles.

Por eso la decisión de De la Espriella es positiva. Colombia ya ha tenido suficiente arrogancia, de izquierda y derecha, en uniformes y guayaberas. Lo positivo es la restauración de la consecuencia. No se puede permitir que una estructura criminal suspenda órdenes de captura, cobre renta en los barrios, reclute niños y luego vuelva a la mesa de diálogo cada vez que aumenta la presión. Eso no es reconciliación. Eso es un plan de pagos para la impunidad.

Los datos humanitarios despojan de romanticismo el debate. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que Colombia en 2025 sufrió las peores consecuencias humanitarias del conflicto armado en una década. Registró 965 personas heridas o muertas por artefactos explosivos, documentó 308 nuevas desapariciones y citó cifras oficiales de la Unidad de Víctimas de al menos 235.619 personas desplazadas individualmente, 87.069 desplazadas en eventos masivos y 176.730 confinadas. En comparación con 2024, el desplazamiento individual aumentó un 100%, el desplazamiento masivo un 111% y el confinamiento un 99%. Esas cifras son mochilas empacadas a medianoche, cerdos abandonados, clases perdidas, medicinas dejadas atrás.

Human Rights Watch reportó que el gobierno de Petro mantuvo viva la Paz Total, pero las conversaciones con el ELN se suspendieron tras el ataque en Catatumbo, las negociaciones con otros grupos avanzaron poco y la promesa de reducción de penas y retención de ganancias ilícitas para actores criminales expuso el riesgo moral en el centro del proyecto. Cuando la violencia se convierte en boleto de entrada a la negociación, el hombre armado aprende que el primer requisito para la relevancia política es seguir siendo peligroso.

Orden sin olvidar los derechos

Colombia no debe confundir una corrección necesaria con un cheque en blanco. América Latina conoce la vieja coreografía: sube el miedo, llegan los hombres fuertes, se reducen los derechos y los barrios pobres se convierten en laboratorios de la doctrina de seguridad de otros. El país aún carga las heridas del terror paramilitar, los falsos positivos y el abandono estatal disfrazado de presencia estatal. La política de De la Espriella será positiva solo si las órdenes de captura significan fiscales, jueces y pruebas, no teatro; solo si la presión protege a los civiles en vez de castigar a territorios ya atrapados entre bandos.

Aun así, la alternativa es peor. Los Pepes en Barranquilla y Atlántico mostraron el absurdo de negociar la criminalidad urbana como si cada banda fuera un movimiento político herido. Caracol reportó que el grupo se retiró de los diálogos de Paz Total tras la elección de De la Espriella, mientras La FM informó que sus líderes luego expresaron intención de someterse a la justicia bajo el marco más estricto del presidente electo. Esa secuencia lo dice todo. Cuando abundan las concesiones, los criminales regatean. Cuando la ley se vuelve creíble, calculan la rendición.

Incluso los últimos días de Petro se han convertido en un argumento contra su propio modelo. Convocó movilizaciones el 20 de julio para defender reformas sociales y escenificar su despedida, un acto democrático en un país donde la plaza aún importa. Pero la plaza no puede sustituir al Estado en Tumaco, Arauca, Jamundí, Buenaventura o Soledad. Las banderas en Bogotá no detienen las notas de extorsión que se deslizan bajo las puertas de los comercios.

El próximo gobierno debe conservar lo que Colombia ha aprendido con dolor: la paz requiere presencia estatal, dignidad rural y desmovilización legal. Pero también requiere una línea. Petro desdibujó esa línea hasta que disidentes y criminales trataron la libertad como capital de operación. De la Espriella acierta al volver a trazarla. Para Colombia, desmantelar la Paz Total no es la muerte de la paz. Puede ser la primera condición para volver a hacerla creíble.

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