La Corte Suprema de España encarceló a dos de los líderes separatistas catalanes y argumenta que la detención se da por motivos judiciales y no políticos

Estos son los primeros encarcelamientos de altos cargos secesionistas desde el referéndum de independencia celebrado el 1 de octubre. El tribunal ordenó que los jefes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Omnium se mantuvieran sin fianza a la espera de una investigación por supuesta sedición. Los fiscales dicen que Jordi Cuixart, del ANC, y Jordi Sánchez, de Omnium, jugaron un papel importante en la organización de protestas independentistas, en las cuales se vieron afectados policías y sus vehículos al ser estos incinerados por los protestantes.

Alrededor de 200 personas acudieron a la sede del gobierno catalán en Barcelona de manera pacífica para demostrar apoyo a los dos detenidos. “Estos no son prisioneros políticos porque la sentencia promulgada por la Corte Suprema se debió a un delito que se cometió, y que está tipificado”, dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un evento en Madrid, al ser cuestionado por la detención de los dos líderes catalanes.

Lea También: Cataluña: ¿con la atención del mundo encima?

Por su parte el presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, se expresó en Twitter contra el gobierno español, “España encarcela a líderes de la sociedad civil de Cataluña por organizar manifestaciones pacíficas. Lamentablemente, tenemos prisioneros políticos nuevamente”, haciendo referencia a la dictadura de Franco.

Puigdemont dejó de pedirle al parlamento catalán que votara sobre la independencia, y en una declaración simbólica pidió negociar con el gobierno central la situación de la región. Para las capitales europeas y los mercados financieros, la situación de Cataluña tomo importancia, y más aún cuando Puigdemont no respondió al ultimátum de Madrid para aclarar si había declarado la independencia unilateral o no.

Tiempo para retractarse

En una carta al primer ministro español Mariano Rajoy, Puigdemont no dio una respuesta sobre la independencia catalana, sino que hizo una oferta para iniciar diálogos. En respuesta, Rajoy dijo que la postura de Puigdemont puede desencadenar el artículo 155 de la constitución, con el cual podría imponerse un gobierno directo a cualquiera de las 17 comunidades autónomas del país si violan la ley.

El gobierno catalán dice que el 90 por ciento de los votantes en el referéndum respaldó la independencia, pero la participación fue del 43 por ciento, ya que la mayoría de los opositores a la independencia boicoteó la votación, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional de España.

Lea También: Catalunya en busca de su autonomía

Madrid descartó la posibilidad de dialogo con Cataluña a menos que Puigdemont renuncie a la solicitud de independencia. Al sugerir que Puigdemont y su equipo no están dispuestos a seguir el plan de juego de Rajoy, el ministro del Interior catalán, Joaquim Forn, dijo que el artículo 155 no permitiría que Madrid retire a los miembros del gobierno catalán. Para Forn, “los términos del artículo sobre la regla directa, que nunca se han aplicado, son vagos y no dictaminan claramente que puede hacer el gobierno central”.

Debido a la crisis, algunas de las compañías más importantes en Cataluña, que representan una quinta parte de la economía española, han cambiado de sede a otras ciudades en España ya que la situación ha traído inestabilidad. Las empresas que no se han movido argumentan que lo harán en caso de producirse la declaración de independencia.

Reuters

Prepared by: Carlos Eduardo Gómez Avella

Copy edited by: Laura Rocha Rueda