Colombia convierte la educación sexual en las aulas en su nueva guerra cultural
La ministra de Educación de Colombia afirma que una campaña “woke” se ha infiltrado en la educación sexual, situando a padres, maestros, iglesias y niños en medio de una creciente batalla política sobre quién define el aprendizaje adecuado para cada edad y si la revisión curricular se convierte en transparencia, censura o una incómoda mezcla de ambas.
El aula se convierte en una frontera política
En la más reciente disputa política de Colombia, el aula se ha convertido en un puesto fronterizo. Los padres temen que las escuelas estén desplazando silenciosamente los valores enseñados en casa. Educadores y defensores de derechos advierten que los niños quedan vulnerables cuando el consentimiento, el abuso, la sexualidad y la discriminación se vuelven temas demasiado peligrosos políticamente como para ser discutidos.
La ministra de Educación, Viviane Morales, llevó ese conflicto al terreno público esta semana al declarar que una campaña “woke” había hecho “movimientos sutiles” para tomar el control de la enseñanza, especialmente de la educación sexual integral. Hablando con periodistas, Morales dijo que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella debe restaurar principios y valores, eliminar la influencia ideológica y respetar los derechos de los padres en la educación.
“Muchas veces los padres no saben qué les están enseñando a sus hijos”, dijo Morales en declaraciones recogidas por EFE. El ministerio, agregó, está revisando los materiales educativos para que las familias puedan supervisar lo que entra al aula y asegurar que las lecciones correspondan a la etapa de desarrollo del niño.
El argumento tiene fuerza. Los padres deben ver los planes de estudio, cuestionar lecciones mal diseñadas y saber si el material es adecuado para un niño de siete años, uno de doce o un adolescente. La educación pública no puede exigir confianza ciega. Transparencia no es censura, y la adecuación a la edad no es reaccionarismo.
Sin embargo, el vocabulario del gobierno cambia la revisión. Llamar al problema “woke” no identifica un libro de texto, una guía, una lección o una práctica. Comprime problemas separados en un solo paquete cargado de significado. Enseñar autonomía corporal, consentimiento, anticoncepción, prevención de abuso, acoso LGBTQ+ y conceptos de género no son actos idénticos.
Tratar todo eso como una sola ideología puede ser eficaz electoralmente, pero es débil desde el análisis. También corre el riesgo de convertir un debate legítimo sobre contenidos en una campaña contra una palabra.
Cómo llegó el ‘woke’ al sur
“Woke” comenzó en el inglés afroamericano como un llamado a mantenerse alerta ante la injusticia racial. Más tarde pasó a describir una conciencia más amplia sobre la discriminación, especialmente durante el auge de Black Lives Matter. Desde alrededor de 2020, los conservadores lo han reutilizado como término peyorativo para el activismo progresista, los programas de diversidad, la cultura de la cancelación, teorías académicas y la representación cultural.
Ese cambio le dio al término un poder inusual. Ya no necesita una definición estable. Una iniciativa empresarial, un personaje de televisión, una política universitaria, una exposición de museo o una lección escolar pueden ser llamados woke. La etiqueta presenta diferentes ansiedades como evidencia de una sola toma de control institucional.
De la Espriella importó esa estrategia de manera explícita. Durante la campaña presidencial, dijo a EFE que admiraba la batalla cultural del presidente estadounidense Donald Trump contra el “wokismo” y prometió enfrentar lo que él llama ideología de género si era elegido. Morales, exfiscal general que asumió el cargo el 7 de agosto, ahora está traduciendo ese lenguaje de campaña en política educativa.
Pero Colombia no es Estados Unidos, y su lucha educativa tiene raíces más antiguas. La Iglesia Católica influyó en la educación y la vida familiar durante generaciones. La Constitución de 1991 amplió la promesa pluralista, mientras que las iglesias evangélicas se convirtieron en una fuerza electoral. Los debates sobre aborto, matrimonio igualitario, identidad de género y educación sexual ahora se encuentran dentro de esas historias.
Gran parte del apoyo al nuevo gobierno proviene de votantes católicos y evangélicos que ven a De la Espriella como un defensor de la familia, un opositor al aborto y un adversario de la ideología de género. Para muchos, la autoridad parental no es solo un eslogan importado del extranjero. Forma parte de una comprensión moral de la familia que creen que las instituciones públicas han dejado de lado.
El lenguaje anti-woke le da a esa coalición un enemigo moderno. Convierte disputas dispersas en una historia donde las élites capturan instituciones, los expertos esconden ideas radicales en lenguaje técnico y los padres descubren el cambio solo cuando llega a sus hijos. Combina la pérdida cultural con la exclusión política.
También puede hacer que el compromiso parezca rendición.
Los niños detrás del eslogan
En la mesa de la cocina, la disputa es menos teatral. Un padre puede querer protección contra material explícito y, al mismo tiempo, que su hijo reconozca conductas depredadoras. Un maestro puede temer violar las convicciones familiares, sabiendo que algunos estudiantes no pueden hacer preguntas con seguridad en casa. Un adolescente puede necesitar información clara sobre consentimiento, embarazo, coerción o enfermedades.
Estas realidades exponen la debilidad de tratar los derechos parentales y la educación sexual integral como opuestos naturales. Los padres son centrales en la formación de los niños, pero no todos los hogares tienen el mismo conocimiento, estabilidad o disposición para abordar la sexualidad. Las escuelas no pueden reemplazar a las familias. Tampoco pueden asumir que el silencio protege a todos los niños.
La pregunta decisiva no es si la educación contiene valores. Siempre los contiene. Seleccionar qué enseñar, qué omitir, cuándo introducir un tema y de quién cuenta la experiencia son decisiones cargadas de valores. La verdadera prueba es si esas decisiones son transparentes, basadas en evidencia, apropiadas para el desarrollo y abiertas al escrutinio democrático.
Morales dice que el gobierno quiere evitar el adoctrinamiento y eliminar material inconsistente con el desarrollo de los niños. Para que esa promesa sea creíble, el ministerio necesita más que lenguaje de guerra cultural. Debería identificar los materiales en revisión, publicar los estándares que se aplican, consultar a maestros y especialistas en protección infantil, y distinguir la información de salud de la defensa partidista.
De lo contrario, “woke” se convierte en un atajo que evita la prueba. Una vez que una idea educativa entra en esa categoría, los funcionarios pueden sentir poca obligación de evaluar su propósito o efectos. La etiqueta condena antes de que comience la revisión.
El debate en Colombia es, en última instancia, sobre la autoridad. ¿Quién tiene la última palabra sobre la formación moral y cívica de un niño: la familia, la escuela, la experiencia médica, la tradición religiosa o el Estado elegido? En la práctica, todos participan y ninguno puede borrar completamente a los demás. La política educativa democrática debe gestionar esa tensión en lugar de fingir que un solo lado puede conquistar permanentemente el aula.
El gobierno puede ganar políticamente prometiendo expulsar la ideología de las escuelas. Pero no existe un currículo vacío de ideología esperando ser restaurado. Hay decisiones, salvaguardas, omisiones y consecuencias. Colombia debe proteger la participación de los padres sin convertir la educación en una prueba de lealtad, y proteger a los jóvenes sin descartar las convicciones de sus familias.
Ese equilibrio es más difícil que un eslogan. También es el trabajo que importa en la Colombia de hoy.
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