El RIGI de Argentina apuesta por el petróleo, el cobre, el software y concesiones a largo plazo
El régimen estrella de inversiones de Argentina ha atraído casi 199 mil millones de dólares en proyectos propuestos. Sin embargo, la mayor parte del dinero se dirige al petróleo, gas, litio y cobre, agudizando un debate nacional sobre empleo, dólares, protección ambiental y quién controla el futuro económico estratégico del país.
La promesa escrita a treinta años
En la meseta patagónica, la promesa se escucha en compresores, camiones y equipos de perforación. En la alta cordillera de los Andes, aparece como caminos que se abren paso hacia yacimientos de cobre y litio. En Buenos Aires, llega como una cifra lo suficientemente grande como para sugerir un rescate nacional: 198.979 millones de dólares en inversiones propuestas.
Ese es el total asociado a 44 proyectos que buscan ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones de Argentina, conocido como RIGI. Creado en 2024 a instancias del gobierno del presidente Javier Milei, el programa ofrece ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias por 30 años a empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en sectores estratégicos.
El gobierno ha admitido 21 proyectos que representan compromisos por 46.708 millones de dólares. Doce son emprendimientos mineros, cinco involucran petróleo y gas, y cuatro abarcan energía, infraestructura y acero. Otros 23 proyectos, valorados en 152.271 millones de dólares, siguen en evaluación. Trece están relacionados con hidrocarburos y siete con minería, según cifras oficiales citadas por el Observatorio RIGI y reportadas por EFE.
Las cifras requieren traducción. Aproximadamente el 48 por ciento de los proyectos presentados han sido aprobados, pero representan menos de una cuarta parte del dinero propuesto. Las solicitudes no producen pozos ni salarios depositados en cuentas de trabajadores. Siguen dependiendo de permisos, financiamiento, construcción, precios de los commodities y estabilidad política.
Sin embargo, la concentración es inconfundible. Diecisiete de los 21 proyectos aprobados, cerca del 81 por ciento, pertenecen a minería o hidrocarburos. Entre los que están en evaluación, 20 de 23 caen en los mismos sectores. El Observatorio señaló en hallazgos reportados por EFE que el RIGI ha “consolidado un perfil fuertemente extractivo” sin expandir de manera significativa el turismo, la forestería o las energías renovables.
Esa crítica remite a una vieja pregunta latinoamericana. ¿Exportar más materia prima es el inicio del desarrollo, o es otro ciclo en el que el territorio produce riqueza que se acumula en otra parte?
Vaca Muerta toma el centro
El gobierno de Milei respondió con más fuerza en febrero. Un decreto sumó la exploración y producción de hidrocarburos al RIGI, extendió las solicitudes hasta julio de 2027 y flexibilizó las condiciones para ampliar proyectos ya aprobados. Las presentaciones se dispararon, en gran parte por iniciativas vinculadas a Vaca Muerta.
La gigantesca formación no convencional del suroeste argentino ya contaba con inversiones récord, producción, exportaciones, gasoductos, proveedores y años de promoción estatal. Extender incentivos excepcionales no despertó un sector olvidado. Puso más respaldo detrás de la fuente más clara de dólares a corto plazo del país.
Precisamente por eso la defienden sus partidarios. La crónica escasez de divisas de Argentina ha vaciado las reservas del Banco Central, desestabilizado el peso, restringido importaciones y alimentado la inflación. El petróleo, gas, cobre y litio pueden generar ingresos por exportaciones más rápido que industrias que deben construir mercados desde cero. Desde esa perspectiva, el RIGI no es un romance con la extracción. Es un triage económico.
Un proyecto de Tecpetrol por 6.400 millones de dólares en Vaca Muerta ilustra el caso. Apunta a producir 70.000 barriles de petróleo diarios y generar más de 3.100 empleos directos, con casi 7.900 puestos en total. Proyectos de esa escala también requieren caminos, gasoductos, alojamiento, construcción, mantenimiento y proveedores locales. En los pueblos de provincia, el argumento es un sueldo o un contrato, no una abstracción ideológica.
El gobierno también sostiene que la estabilidad a 30 años es el precio de la credibilidad. Los proyectos mineros y energéticos demandan enormes desembolsos iniciales y pueden tardar una década en ser rentables. Los inversores recuerdan los cambios impositivos repentinos, los controles cambiarios, las crisis de deuda y los giros políticos de Argentina.
Pero la estabilidad para los inversores puede convertirse en rigidez para la democracia. Treinta años abarcan varios mandatos presidenciales, atando a futuros gobiernos a concesiones negociadas hoy. Los ingresos fiscales que se dejan de percibir pueden atraer capital, pero también reducen recursos para escuelas, hospitales, viviendas y control ambiental. El verdadero cálculo es si la inversión, el empleo, las exportaciones y las cadenas de proveedores locales superan lo que el Estado resigna.
El Observatorio sostiene que el equilibrio se ha inclinado demasiado. Cita el debilitamiento de normas ambientales y una reforma de la Ley de Glaciares que permite la actividad minera cerca de campos de hielo, incluyendo proyectos beneficiados por el RIGI. En los áridos Andes, los glaciares y zonas periglaciares son reservas de agua para comunidades, agricultura, ecosistemas y la propia industria.
De la extracción a los centros de datos
En vez de acotar el régimen, Milei quiere expandir su lógica. Un “super RIGI” propuesto, actualmente en el Congreso, ofrecería beneficios más amplios a nuevas industrias que inviertan al menos 1.000 millones de dólares. Los sectores objetivo incluyen inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores, biotecnología, vehículos eléctricos, fabricación solar y cadenas de baterías de litio.
Sus defensores lo llaman el puente que, según los críticos, falta. Argentina podría usar el petróleo, gas y minerales de transición para estabilizar la economía, financiar infraestructura y atraer industrias de mayor valor agregado. Los recursos naturales serían una plataforma, no un destino.
El Observatorio, en cambio, ve continuidad. Los centros de datos pueden parecer más limpios que las minas, pero consumen enormes cantidades de electricidad y agua. Extenderles privilegios fiscales y regulatorios a largo plazo, argumenta, podría ceder el control sobre infraestructura digital estratégica y profundizar la presión sobre recursos escasos.
Un centro de datos puede traer inversión tecnológica y emplear a menos personas de lo que su precio de mil millones de dólares sugiere. Una mina de litio puede abastecer la transición energética global y dejar a las comunidades cercanas con estrés hídrico y poca capacidad de procesamiento. Un proyecto petrolero puede fortalecer las reservas y, al mismo tiempo, aumentar la dependencia de otro ciclo de commodities.
La verdadera división no es entre inversión y ambientalismo. Es entre dos ideas de apalancamiento. El gobierno cree que Argentina debe primero volverse irresistible para el capital. El Observatorio sostiene que el país debería usar sus recursos para exigir mayores retornos públicos, industrialización local, salvaguardas ambientales y control democrático.
Ambos lados reconocen la desesperación que subyace al debate. Argentina necesita dólares, reglas estables, empleo e infraestructura. También necesita agua, capacidad fiscal e instituciones capaces de gobernar empresas cuyos presupuestos pueden superar los de las provincias.
El RIGI puede destrabar proyectos que de otro modo quedarían en presentaciones y mapas. Pero el éxito no puede medirse solo por miles de millones anunciados. La prueba es lo que queda después de que el petróleo zarpa, el cobre sale de las montañas y los servidores empiezan a zumbar: empleos duraderos, ingresos públicos, capacidad tecnológica, comunidades fortalecidas y una tierra aún capaz de sostener a quienes la habitan.
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