Inmigrantes latinoamericanos enfrentan la jugada secreta de Trump con el tribunal de deportación

Un tribunal antiterrorista inactivo comienza a moverse bajo Donald Trump, planteando una pregunta inquietante para los inmigrantes latinoamericanos: ¿puede un mecanismo legal secreto creado para la seguridad nacional convertirse en un atajo para eludir el debido proceso en un sistema de deportación estadounidense ya de por sí punitivo?

Un tribunal diseñado para permanecer oculto

En Washington, las historias de inmigración suelen comenzar sin rostro. El 15 de julio, el Departamento de Justicia solicitó al Tribunal de Expulsión de Extranjeros Terroristas que autorizara la deportación de una persona no identificada. Al día siguiente, el tribunal celebró una audiencia. El público no supo nada. El procedimiento salió a la luz solo después de que Court Watch encontrara los documentos, como si se encendiera una luz en una habitación cerrada con llave.

Ese secreto no es un detalle. Es la arquitectura. La petición es clasificada y la persona que enfrenta la deportación no ha sido notificada. La jueza Joan N. Ericksen, quien preside el tribunal, dio al Departamento de Justicia hasta el miércoles para proporcionar más información, escribiendo que el gobierno podría beneficiarse de una “consideración más reflexiva”. El lenguaje es moderado. Las circunstancias no lo son.

El Congreso creó este tribunal en 1996, cuando el temor al terrorismo y la política migratoria punitiva se convirtieron en ley. Permaneció sin uso durante tres décadas. Para ganar el caso, el Departamento de Justicia debe demostrar causa probable de que el no ciudadano es un “extranjero terrorista” que amenaza la seguridad nacional. Eso suena exigente. Pero un estándar solo es confiable si el proceso lo pone a prueba, especialmente cuando el acusado no puede desafiar la versión del gobierno.

Nadie serio debe descartar las amenazas a la seguridad. Cuando las autoridades tienen pruebas creíbles de que alguien planeó o apoyó el terrorismo, deben investigar, procesar y, cuando sea legal, expulsar a esa persona. Pero una maquinaria extraordinaria requiere una necesidad extraordinaria. El gobierno de Trump ha perdido casos de deportación después de que jueces encontraran fallas en el debido proceso. Despertar un tribunal inactivo tras esas derrotas parece menos llenar un vacío legal que buscar una sala donde se hagan menos preguntas.

Cuando el lenguaje antiterrorista se convierte en un atajo migratorio

El expediente sellado no ofrece base para afirmar que el objetivo no identificado es latinoamericano. Esa salvedad importa. Aun así, las instituciones deben juzgarse por sus usos previsibles, y los inmigrantes latinoamericanos ocupan el centro de la política de deportación de esta administración. Repetidamente son convertidos en imágenes de frontera, abreviaturas de campaña y pruebas televisadas de dureza. Un canal secreto de expulsión construido en torno a “terrorista” podría convertirse en otro instrumento de ese teatro.

En toda América Latina, las familias conocen la fuerza de etiquetas como “subversivo”, “terrorista” y “enemigo interno”. Las dictaduras del Cono Sur en el siglo XX y los gobiernos militares durante las guerras civiles en Centroamérica usaron el lenguaje de la seguridad nacional para difuminar las líneas entre actores armados, estudiantes, sindicalistas, religiosos y disidentes comunes. Esas historias difieren. Pero la memoria regional es clara: una vez que el Estado acusa en secreto, la inocencia se vuelve difícil de probar.

Esa historia le da a este experimento estadounidense una resonancia amarga. Un migrante que huyó de represión política, coerción de pandillas, extorsión o violencia estatal puede llegar cargando más que documentos. Puede saber lo que ocurre cuando el vocabulario gubernamental supera a la evidencia. Que Washington reactive un tribunal oculto suena como una vieja gramática en un nuevo acento: primero la acusación, después la persona.

La aplicación de la ley migratoria ya fomenta peligrosos deslizamientos de categorías. Una violación de estatus no es un delito violento. Una acusación de pandillas no es una condena. Una conexión en redes sociales no es apoyo operativo al terrorismo. Sin embargo, los procedimientos secretos hacen más difícil exponer asociaciones débiles. Un mensaje mal traducido, un apellido compartido, un tatuaje o la afirmación no comprobada de un informante pueden adquirir un peso enorme cuando la persona no puede ver la evidencia. El secreto puede proteger casos débiles del roce que los revela.

Las cifras son pequeñas, pero la señal institucional es enorme. Una petición. Una audiencia. Una persona no identificada. No es una tendencia, pero pasar de cero usos en tres décadas a uno no es un dato ordinario. Es una ruptura. El primer caso enseña a los fiscales qué puede aceptar el tribunal, da a futuros funcionarios una hoja de ruta y hace que lo excepcional parezca normal. En 1998, un informe del Senado liderado por el republicano Jon Kyl advirtió que un caso inapropiado podría provocar el colapso constitucional del tribunal. La advertencia vino desde dentro del propio establishment antiinmigrante.

El debido proceso no es decorativo. La deportación puede separar padres de hijos, destruir medios de vida y devolver personas a prisión, persecución o muerte. Llamar “civil” a los procedimientos migratorios no suaviza esas consecuencias. Llamar a alguien “extranjero terrorista” debería aumentar la obligación del gobierno de probar su caso de manera justa, no reducir la capacidad de la persona para responder.

La migración tiene respuestas más difíciles y mejores

El proyecto político de Trump presenta la migración como una sola emergencia que exige rapidez, espectáculo y poderes excepcionales. La migración latinoamericana no es una sola emergencia. Es un sistema laboral, un sistema familiar y una crisis de protección entrelazados. Refleja la demanda estadounidense de trabajadores, el colapso autoritario, la extorsión, los choques climáticos y el desarrollo desigual. Un tribunal antiterrorista no aborda ninguna de esas fuerzas. Procesa el miedo, no la migración.

Una respuesta duradera sería menos cinematográfica y más competente. Los tribunales de inmigración necesitan suficientes jueces y personal para decidir casos con prontitud sin convertirse en líneas de ensamblaje. Las personas que enfrentan la expulsión necesitan acceso a abogados y a la evidencia en su contra. Los oficiales de asilo necesitan tiempo y capacitación para distinguir una solicitud débil de una desesperada. Los canales de trabajo legal deben coincidir con las industrias que dependen de mano de obra migrante, permitiendo que los trabajadores dejen empleadores abusivos sin perder su estatus.

Estados Unidos también debe dejar de fingir que la deportación por sí sola puede derrotar la lógica económica de la migración. La agricultura, la construcción, la hostelería y el cuidado de ancianos reclutan trabajadores, directa o indirectamente, mientras los políticos prometen expulsiones masivas. La aplicación de la ley sin vías legales no elimina la demanda. Crea un mercado laboral en la sombra donde el miedo reduce los salarios y hace rentable la explotación. Un estatus regular, visas portátiles y acciones serias contra el robo de salarios harían más por los trabajadores estadounidenses que otra redada televisada.

La cooperación regional no puede significar pagar a gobiernos latinoamericanos para mantener a personas vulnerables fuera de la vista. Washington puede apoyar sistemas de asilo funcionales, esfuerzos anticorrupción y protección local mientras amplía vías legales hacia Estados Unidos. Los retornos deben ser seguros, revisados y vinculados a condiciones reales en el país receptor. Residentes de larga data con fuertes lazos familiares y comunitarios necesitan una ruta realista hacia el estatus legal. Estas políticas son difíciles. Por eso son mejores que un atajo secreto.

Quizá el caso del gobierno ante el Tribunal de Expulsión de Extranjeros Terroristas sea sólido. El público no puede saberlo. Quizá sea débil. El objetivo puede no saberlo. Esa asimetría es el peligro. Un ser humano puede convertirse en un adjetivo clasificado antes de ser participante en el caso que puede decidir el resto de su vida.

Las comunidades latinoamericanas han visto cómo el lenguaje de la seguridad nacional pasa de enemigos excepcionales a enemigos convenientes. Una vez que un tribunal oculto demuestra ser útil, los funcionarios se sentirán tentados a ampliar su alcance, especialmente cuando los jueces ordinarios insisten en los límites constitucionales. La respuesta no es impedir que el gobierno enfrente amenazas reales. Es exigir evidencia, notificación, defensa y revisión cuando la acusación es más aterradora.

Una república no se mide por la rapidez con la que puede expulsar a un desconocido indeseado. Se mide por si mantiene la disciplina legal cuando el miedo hace populares los atajos. Estados Unidos tiene herramientas para procesar el terrorismo y formas prácticas de gestionar la migración. Convertir un tribunal secreto en un arma de deportación no es ninguna de las dos. Es admitir que el espectáculo ha reemplazado a la política, y que la persona detrás del expediente sellado es prescindible.

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